Congresistas de diferentes bloques coinciden que es el momento político oportuno para agendar la normativa durante este abril. La agenda legislativa tendrá que lidiar en los siguientes meses con la elección de Cortes y el Presupuesto para el 2025.
El Congreso tiene una oportunidad antes de que termine el semestre para aprobar la Ley de Competencia, una sola para que no vuelva a la gaveta en la que se ha mantenido los últimos 20 años, es lo que consideran algunas bancadas y quienes promueven la ley.
El contrarreloj presiona a los bloques para coincidir que la base para arrancar con la discusión debería ser la iniciativa 5074, que cuenta con los dictámenes favorables de dos legislaturas.
La advertencia de quien conoce el qué hacer legislativo es que en el segundo semestre los esfuerzos serán infructuosos por la discusión del Presupuesto General para 2025 y el nuevo proceso para la elección de Cortes.
El Congreso creó una Comisión Presidencial para la Ley de Competencia, liderada por el diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla —suspendida por la CC—.
La mesa técnica fue cuestionada por algunos congresistas quienes aseguraron que lejos de acelerar el proceso atrasaría la aprobación.
De esa cuenta, la bancada Vamos, ahora de oposición, logró que la Corte de Constitucionalidad diera con lugar un amparo para suspender dicha Comisión.
Antes de la pausa de Semana Santa, en un video el diputado Pérez advirtió que «la ley de competencia va a ser aprobada, aunque la Corte de Constitucionalidad intente impedirlo».
Uno de los críticos de dicha mesa técnica había sido Carlos Barreda, diputado del Parlacen por el bloque VOS. Sus argumentos son el avance de la iniciativa 5074 y el amplio consenso que existe para apoyarla.
Diputados como Adim Maldonado e Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), así como Elmer Palencia, de Valor, manifestaron su interés por llevar la normativa al pleno.
La opinión de Barreda y la del partido VOS en el Congreso es que no se requiere ninguna mesa técnica ni comisión.
«Si Samuel quiere el protagonismo y el liderazgo, que trabaje las enmiendas y que busque las firmas de los diferentes diputados para garantizar los votos», exteriorizó Barreda.
Para Barreda, quien en 2016 fue uno de los ponentes de la iniciativa 5074, si se tarda mucho la discusión, se van a perder los votos y los acuerdos alcanzados.
Lo ideal es que ahora que se terminó el descanso se agende la iniciativa en primer y segundo debate, para que la siguiente semana se apruebe. «Tienen una semana y media para hacer enmiendas, más que suficiente», subrayó. «Se debe aprovechar el momento político, porque pocas veces se da», advierte Barreda y agrega: «es que esto no va a durar mucho, porque después con alguna justificación inventada no la van a aprobar».
Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, considera que la cancelación de la mesa técnica no representa ningún obstáculo, ya que en ambas comisiones habían acordado trabajar enmiendas en la iniciativa 5074.
La intención de Ayala es retomar la discusión para trabajar en los consensos y las enmiendas que se requieran, aunque algunos parlamentarios que lo harán desde la curul. A la fecha, con la integración de diez bloques parlamentarios en la Comisión se percibe una ventaja.
Esto sería oportuno para aprobar la iniciativa cuando el tiempo se agota. A criterio de Julio Héctor Estrada, de Cabal, lo ideal es que en un mes se pueda tener algo que presentar al Pleno.
«En el plan de gobierno de Cabal también se tenía ese tema», indicó. «Pero que no se pase este periodo de sesiones ordinarias, se nos puede perder la ventana, después el segundo semestre es presupuesto», resaltó Estrada.
Con lo que coincidió Ayala es que «en la agenda del Legislativo van a venir temas como la elección de la nueva Corte Suprema (de Justicia y la Sala de Apelaciones) en octubre y la discusión del presupuesto, y otros temas (…) creo que esto es una oportunidad».
Su expectativa es que los consensos alcanzados permitan que antes del receso de mayo puedan avanzar lo suficiente.
«O bien quede ya totalmente discutida y las enmiendas aprobadas o muy avanzada toda la discusión para que sea la primera acción que se tome luego del receso, en cualquier reunión extraordinaria que sea convocada».
Un día de convenios
Para los consensos alcanzados hasta ahora en la Comisión de Economía y Comercio Exterior, lo expuesto por expertos ha sido relevante.
El pasado 13 de marzo los parlamentarios lograron ponerse de acuerdo después de escuchar al economista mexicano Javier Nuñez, presidente del Consejo Consultivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE).
El experto en competencia presentó un análisis técnico de las iniciativas 5074 y 6204, las dos últimas en llegar al Congreso. La primera propuesta ha sido discutida en el Congreso y presentada en su momento por diputados de la UNE; mientras que la segunda fue presentada en febrero de 2023 por el gobierno de Alejandro Giammattei.
Elmer Palencia, del partido Valor, también refirió que se tiene que dejar de lado quién presentó la iniciativa 5074. Se debe considerar que ha sido dictaminada por dos legislaturas distintas.
Y en aras de que pueda avanzar, propuso que se trabaje sobre esta y se le agreguen las enmiendas necesarias. «Cualquiera puede venir a generar una nueva iniciativa (…) y nos podemos topar como con la ley de aguas, que son 20 o 25 iniciativas, que el objetivo es que no pase», indicó.
Maldonado se unió al respaldo. «Vamos a apoyar el dictamen de la 5074 en el entendido que hay temas que hay que arreglar».
Desde enero es uno de los diputados interesados en la ley. Además, hace ocho años fue parte de la comisión que dio el primer dictamen a la iniciativa.
En la reunión de dicha comisión se percibió un ambiente favorable para trabajar sobre la 5074. Si se dan los consensos se pueden conseguir los 107 votos que requiere, mencionó Ayala.
Aunque el legislador asumió ese día el compromiso de incorporar las enmiendas para presentarlas al pleno, aclaró que la comisión tenía dos caminos: Uno es la iniciativa 6204, que quedó pendiente de dictamen de la Novena Legislatura.
«El proceso es que, si en los primeros 60 días de la Décima Legislatura algún diputado la reclama para ser dictaminada, debemos atenderla (…) eso llevaría a un dictamen favorable o desfavorable».
Mientras que el segundo camino es la 5074, el cual cobró fuerza en los siguientes días.
«Se debe aprovechar el momento político, porque pocas veces se da» Carlos Barreda, exdiputado e impulsor de la iniciativa 5074 en 2016
La suma de acuerdos
El 13 de marzo, después de un trabajo paralelo de la Comisión Presidencial y de la Comisión de Economía y Comercio Exterior se acordó enfocar el esfuerzo en la iniciativa 5074 ya con la recomendación de los expertos.
El temor que existe entre algunos legisladores es que los distintos sectores crean que no fueron incluidos. Jairo Flores, del bloque VOS, secundó a Pérez: «Creo que al someterla de inmediato podríamos caer también en la informalidad, o que algunos sectores piensen que los estamos dejando fuera el diálogo y la discusión».
Reconoció el ejercicio de escuchar a expertos para acoplar la iniciativa a la realidad actual. El viceministro de Inversión y Desarrollo, Antonio Romero, expuso que desde la cartera de Economía enumeraron puntos a revisar según las mejores prácticas internacionales.
Las recomendaciones no son sobre enmiendas, sino sobre puntos de la ley que ameritan revisión o discusión. Serán los diputados los que discutan, debatan y eventualmente propongan las enmiendas específicas.
¿Qué debe tener una ley de competencia?
Según el modelo de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, siglas en inglés), la estructura de una ley de competencia debe tener tres partes: sustantiva, orgánica y procedimental.
Así lo expuso Marcos Palma, presidente del Instituto de Derecho de la Competencia (IDC), en una reunión anterior de la comisión presidencial creada por Ramos.
Los consultores que han llegado al Congreso y han hablado con distintos gremios consideran que la ley de Competencia debe ser sustantiva, tener disposiciones generales, prohibiciones de prácticas anticompetitivas, control de concentraciones y abogacía de la competencia.
Además de considerar la creación de una entidad que se encargará de aplicar la norma en plena autonomía y con bases técnicas.
Los expertos han trazado algunos conceptos para clasificar las prácticas anticompetitivas: se dividen en absolutas u horizontales o de cartel duro, se dan entre agentes económicos que compiten entre sí y se prohíben per se.
Las segundas son las prácticas relativas, verticales o de abuso de posición de dominio. Se dan entre agentes económicos que están en una cadena vertical.
Se prohíben si se dan ciertos supuestos, como que haya un poder dominante en el mercado que sea con efectos exclusorios y que no se pueda justificar por razones de eficiencia.
Un punto destacado por Palma es que, aunque se le llama ley antimonopolio, ese no es su objetivo. Esta se dedica a defender el proceso de competencia, ve las conductas o prácticas anticompetitivas, sin enfocarse en el tamaño de las empresas.
Por aparte, el economista mexicano Javier Nuñez desmitificó algunas ideas que se le aplican a dicha legislación.
La prohibición de los monopolios en el artículo 30 de la Constitución Política de Guatemala no es una prohibición tajante, según la interpretación.
Los monopolios se sancionan cuando utilizan esa posición monopólica para llevar a cabo acciones que dañan el mercado.
En ese sentido, la Constitución guatemalteca es parecida a la mexicana, país que tiene una ley de competencia desde 1993.
Aplicando la ley de Competencia
Las mesas de trabajo en el Congreso también escucharon a Russell Damtoft, director asociado de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos quien expuso algunos casos en los que se ha aplicado la normativa en su país.
Damtoft indicó que en el caso de los servicios funerarios, en Estados Unidos se tienen que publicar la lista de precios de sus servicios para evitar prácticas anticompetitivas.
Citó estudios que muestran que la productividad crece si la competencia local es fuerte, o bien la competencia impulsa la innovación y está el crecimiento económico.
«La ley de competencia se convierte en este primer paso que tenemos que dar para hablar de un libre mercado como tal», compartió por su lado la directora ejecutiva del Consejo Nacional Empresarial (CNE), Dulce Veras.
Dicha gremial busca que exista la igualdad de condiciones para competir, porque más que una necesidad y compromiso con los tratados comerciales, está «el compromiso para una verdadera transformación económica».
Medicamentos, entre los más costosos
Una razón de por qué es necesaria dicha legislación la explicó el director general de la Farmavalue, Guillermo Aguilar, una cadena de farmacias de bajo costo con presencia en la región.
Sin embargo, al llegar a Guatemala se encontraron que los medicamentos son entre 15 y 20% más altos que en cualquier otro mercado.
«La entrada a Guatemala ha sido una de las peculiares —luego de darles la bienvenida enfrentaron una práctica anticompetitiva—, hay mercado para todos, solo que aquí todos damos el mismo precio», afirma Aguilar.
Al ser una farmacia de bajo costo no podía alinearse. Esto les implicó bloqueos para adquirir medicamentos, por ello compran por intermediarios.
Incluso, el año pasado fueron víctimas de un allanamiento porque se les acusaba de contrabando.
Luego de escuchar estos puntos, algunos diputados mostraron su interés por continuar la discusión para trabajar en las enmiendas, aunque al diputado Cristian Álvarez le preocupa la confusión que se pueda dar a las posiciones monopólicas.
Con el retorno de vacaciones de Semana Santa, la expectativa es que la ley avance al Pleno. Abril será clave en esta agenda a contrarreloj. El primer intento por comenzar la aprobación de la ley está agendada para este jueves 4 de abril.
