Por: ALEX PAPADOVASSILAKIS*
InSoght Crime
El bloque político que rodea la administración del presidente Alejandro Giammattei (2020-presente) es actualmente la estructura de poder dominante en Guatemala. En pocos años, ha logrado algo casi inédito en la era de posguerra del país: consolidar el poder en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Esta centralización del poder no es un reflejo de la popularidad de Giammattei —en una encuesta realizada por CID Gallup en 2022, el presidente guatemalteco tuvo un índice de aprobación de 19%, el más bajo del continente americano en su conjunto—, y su partido, Vamos, tiene un bloque de votación minoritario en el Congreso. Más bien, esto es una señal de la capacidad del bloque para aprovechar los poderes ejecutivos para intercambiar favores políticos con las élites tradicionales y emergentes y, por esa vía, posicionarse como nodo central de una alianza horizontal que busca perpetuar el poder en los ramas de poder claves del Estado.
La alianza, que echó raíces durante el gobierno de Morales cuando las élites tenían el interés común de expulsar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se ha transformado en una campaña sistemática para convertir al sector judicial en un escudo de actores nefarios y un arma para cobrar venganza contra quienes alguna vez han combatido contra la impunidad. El resultado ha sido un periodo de corrupción y peculado, que ha ido escalando gradualmente hasta salirse de control con el hundimiento en la ingobernabilidad de sectores claves del Estado. La cuestión planteada por las fuentes que hablaron con InSight Crime no era si Vamos tiene posibilidades de ganar la presidencia. La cuestión era si esta coalición poco estructurada se mantendría intacta tras las elecciones.
*Este artículo hace parte de una serie de siete partes que describe la evolución del crimen organizado en la política guatemalteca. Lea los demás capítulos de la investigación, el informe completo y la cobertura relacionada sobre narcotráfico e impunidad.
Poder Ejecutivo, Congreso y alcaldes
La influencia del bloque de Vamos reside en su control de la presidencia. A través de su control sobre el presupuesto nacional y ministerios claves, el ejecutivo administra un barril casi sin fondo de recursos del Estado que pueden repartirse dentro del bloque o usarse para forjar alianzas en sectores claves para posibles esquemas de corrupción, a saber, en el Congreso o la rama judicial. El principal negociador del bloque es el ex jefe de gabinete de Giammattei, Miguel Martínez, según fuentes del Congreso y analistas políticos entrevistados por InSight Crime. Martínez amasó poder y contactos después de que Giammattei lo designara como director de una opaca comisión presidencial, conocida como Centro de Gobierno, a principios de 2020. Esta función le permitió a Martínez vigilar a todo el gabinete e influir en la distribución de fondos estatales a través de ministerios claves.
Cómo se reparte el pastel el Ejecutivo
Aunque Martínez ya no es funcionario del gobierno —el Centro de Gobierno se disolvió a finales de 2020— sigue siendo un nodo importante para quien busque conseguir contratos públicos o puestos de trabajo en el gobierno a disposición del Ejecutivo, según múltiples fuentes consultadas por InSight Crime. Gran parte de esta actividad relacionada con el bloque Vamos se ha centrado en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). El Ministerio de CIV y sus numerosos directorios presiden los contratos de infraestructura y telecomunicaciones más grandes y lucrativos del país, que se han adjudicado a empresas cercanas a Giammattei, según una investigación de elPeriódico publicada en 2022.
Otros ministerios importantes son el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Cada año, estas instituciones administran miles de millones de dólares en contratos atención en salud y compra de fármacos. Especialmente en el caso del IGSS, se han utilizado durante años para pagar favores políticos o sobornos.
Los fondos asignados al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y al Ministerio de Educación (MINEDUC) también pueden ser utilizados por el Ejecutivo. La dinámica es en gran medida la misma: el Ejecutivo puede distribuir programas de ayuda a la pobreza y alimentación, permisos de minería y contratos de construcción de escuelas, a cambio de favores políticos y, en algunos casos, de conseguir apoyo político en las zonas pobres.
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Para otros, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el sistema es más solapado. Dado que este ministerio administra y valida las condiciones medioambientales y la aprobación de la comunidad para proyectos mineros e hidroeléctricos, puede convertir esta supervisión en beneficios, así como en influencia política y económica.
El toma y dame del Congreso
El control de los fondos estatales por parte del bloque ha hecho que los diputados del Congreso acudan en masa al Gobierno, lo que ha permitido a Vamos transformar un bloque del Congreso que solo contaba con 17 diputados (de 160) en una coalición mayoritaria que abarca al menos 13 partidos y alrededor de dos tercios de los escaños de la legislatura: Vamos (17 escaños), UNE (34), la Unión del Cambio Nacional (UCN) (12), Valor (9), el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) (8), Bienestar (8), Humanista (6), Todos (6), Creo (5), Prosperidad Ciudadana (3), PAN (2), Unionista (2), Podemos (1).
Los votos de los partidos aliados han permitido al gobierno aprobar una serie de proyectos de ley en el Congreso que facilitan la corrupción, desde aumentos en el presupuesto nacional hasta decretos de urgencia que debilitan la fiscalización de las licitaciones públicas. En este sentido, el poder reside en el presidente del Congreso, que establece la agenda legislativa y sirve de enlace entre los representantes y los recursos del Ejecutivo. A lo largo de su gestión, el gobierno de Giammattei ha colocado en ese rol a dos operadores de primera línea de Vamos: primero, Allan Rodríguez, y más recientemente, Shirley Rivera.
Rodríguez, jefe del Congreso entre 2020 y 2022, supuestamente ofreció sobornos a los representantes para asegurar votos para un proyecto de ley de estado de emergencia, según el Departamento del Tesoro de EE.UU., que sancionó a Rodríguez por ese proyecto de ley y, además, por la concesión de “subvenciones de construcción a cambio de sobornos financieros“. Rivera relevó a Rodríguez en la presidencia del Congreso en 2022, tras ganarse supuestamente la confianza de Giammattei y los diputados afines. Ahora ayuda a gestionar empleos públicos, dinero y contratos estatales entre el bloque de Vamos y los partidos aliados en el Congreso, de acuerdo con un antiguo presidente del Congreso.
La influencia que ejercen ahora actores como Rivera y Rodríguez es un testimonio del creciente peso de las coaliciones en el Congreso, una clase política emergente que ha consolidado su poder aprovechando su influencia en la distribución de los fondos públicos. La evolución del Congreso como centro neurálgico de las tramas corruptas para hacer dinero ha contribuido a abrir el campo de juego a élites no tradicionales, ya que muchos de sus miembros se han abierto camino a través de la pesada burocracia media antes de aprender a aprovechar sus cargos para ayudar a hacer crecer empresas que puedan financiar sus ambiciones políticas. Otros no tienen ninguna experiencia en el sector público, sino que han utilizado capital procedente de la actividad comercial y la propiedad de tierras o, en algunos casos, ganancias ilícitas procedentes del hampa, para financiar su entrada en la arena política. Estos nuevos actores parecen ser cada vez más independientes de otros actores poderosos, como los intereses del narcotráfico documentados más adelante.
Camino al poder: viejos alcaldes, nuevos aliados
Aunque el bloque de Vamos ha acumulado un gran poder político, sus posibilidades de conservar la presidencia en las próximas elecciones parecen escasas. El candidato presidencial del bloque, el veterano diputado Manuel Conde, dista mucho de ser un nombre conocido y ha obtenido sistemáticamente resultados inferiores a los de los favoritos. Consciente de la modesta popularidad del candidato, la estrategia electoral del bloque se ha centrado en reclutar cerca de 200 candidatos a la alcaldía con la esperanza de conseguir suficientes votos para que Conde pase a la segunda vuelta contra un candidato con un techo firme.
El plan parece centrarse en el acceso del bloque a los recursos estatales, con candidatos a la alcaldía capaces de intercambiar apoyo político por mayores fondos municipales y proyectos de obras públicas. En los últimos meses de 2022, el Congreso aprobó uno de los mayores presupuestos de los últimos tiempos con aumentos significativos de los fondos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE). Dichos consejos están dirigidos por gobernadores departamentales, nombrados por el Ejecutivo, que coordinan con alcaldes y diputados la distribución de unos Q3.400 millones (US$436 millones) anuales entre más de 2.000 proyectos de obras públicas, que abarcan educación, carreteras, saneamiento y salud. Los alcaldes se enfrentan a poco escrutinio en lo que respecta al gasto público, ya que todos gozan de inmunidad política en virtud de la legislación guatemalteca.
El reclutamiento de alcaldes también abre la puerta a la financiación ilícita del crimen organizado. Especialmente en las zonas fronterizas, los narcotraficantes mantienen estrechos vínculos con los alcaldes y aportan fondos políticos a cambio de contratos de construcción utilizados para blanquear dinero. Varias notas de prensa han señalado vínculos entre algunos candidatos municipales de Vamos y el narcotráfico, incluido un alcalde al que las autoridades guatemaltecas habían asociado anteriormente con una red de narcotráfico y que admitió en público que era narcotraficante.
La estrategia electoral del bloque también se basa en posicionar aliados claves en el Congreso, algunos vinculados al narcotráfico. Ganar incluso unos cuantos escaños en el Congreso aseguraría la supervivencia política del partido —independientemente de los resultados de las elecciones presidenciales— al proporcionar una plataforma para intercambiar votos a cambio de recursos estatales. En este sentido, Vamos ha absorbido a varios exrepresentantes de la Unión del Cambio Nacional (UCN), un partido político fuertemente vinculado al narcotráfico. En 2021, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenó la disolución del partido por presunta violación de las normas de financiación electoral.
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Tal vez la diputada de UCN más llamativa que se presentará con Vamos a las próximas elecciones sea Sofía Hernández, ex vicepresidenta del Congreso. La familia de Hernández está relacionada con un grupo de narcotraficantes guatemaltecos, conocido como los Huistas, que opera en su departamento natal de Huehuetenango. A principios de 2021, el Ministerio Público detuvo a uno de los hermanos de Hernández por cargos relacionados con un encubrimiento de blanqueo de dinero relacionado con la red de narcotráfico. Pero hay otros excandidatos de la UCN con influencia en regiones claves para el narcotráfico, como Carolina Orellana (Zacapa), Napoleón Rojas (Santa Rosa) y Jaime Lucero (Jalapa).
También hay representantes de otros partidos que se presentan al Congreso con Vamos en provincias que albergan grupos de narcotraficantes, como Boris España (candidato de Todos en la provincia de Chiquimula) y Thelma Ramírez (candidata de la UNE en Izabal). La amplia distribución geográfica de los candidatos podría abrir la puerta a fondos de campaña susceptibles de cambiar las reglas del juego. El sistema es cíclico: los fondos estatales a los que acceden los actores ilícitos se reinvierten en las campañas electorales. Sus contribuciones se reembolsan con más contratos, y así sucesivamente.
Negar la justicia, destruir a los enemigos
El núcleo de los esfuerzos del bloque ha sido una campaña orquestada para socavar el sector judicial desde dentro. Al ejercer una influencia constante sobre las principales instituciones judiciales, Giammattei y sus aliados al parecer han creado un escudo contra las investigaciones judiciales. La influencia del bloque sobre el sector judicial también le ha permitido expulsar a fiscales y jueces independientes que en algún momento lideraron la lucha contra la corrupción de alto nivel, como parte de un esfuerzo calculado para eliminar contrapesos y revertir los esfuerzos en favor del estado de derecho realizados durante la época de la CICIG. El poder de Giammattei dista mucho de ser absoluto. Más bien, el presidente aprovechó el momento político para fomentar, reforzar y sincronizar alianzas de mutuo beneficio entre diversas redes y los principales operadores del sector judicial.
Una alianza non sancta: el presidente y el Ministerio Público
El camino para influir en el sector judicial empieza por arriba, con la fiscal general Consuelo Porras. El Ministerio Público tiene una influencia extraordinaria, ya que sus fiscales pueden obstruir investigaciones penales para proteger a sus aliados o, por el contrario, abofetear a sus rivales con cargos penales. La fiscal general Porras es también la máxima autoridad cuando se trata de contratar y despedir fiscales y otros funcionarios, lo que le permite llenar la Fiscalía General de fiscales y burócratas leales y, al hacerlo, posiblemente manipular casos de corrupción de alto perfil. El bloque de Vamos ha dependido en gran medida de Porras, cuya Fiscalía General ha fallado a favor de Giammattei y sus aliados en múltiples ocasiones. Esta protección ha ido de la mano de una campaña más amplia para desmantelar las principales unidades anticorrupción de la Fiscalía General.
El objetivo principal de esta campaña fue inicialmente la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La FECI trabajaba hombro a hombro con la CICIG y asumió el trabajo de la comisión tras su salida en 2019. La unidad concentra el grueso de los grandes casos de corrupción en Guatemala, y tras la salida de la CICIG siguió erizando la piel de las élites acusadas de corrupción. Fueron fiscales de la FECI, por ejemplo, dirigidos por el exjefe de la unidad, Juan Francisco Sandoval, quienes en 2021 comenzaron a investigar a Giammattei por una presunta aceptación de sobornos de empresarios rusos. En julio de 2021, Porras despidió a Sandoval y lo sustituyó por Rafael Curruchiche.
El nombramiento de Curruchiche puso patas arriba el papel de la FECI. En lugar de perseguir los actos de corrupción, la unidad parece ahora mantener los casos de corrupción fuera de los expedientes. Al mismo tiempo, Curruchiche ha vuelto la mirada de la FECI hacia los fiscales y jueces que una vez trabajaron en casos de corrupción de alto perfil. Decenas de operadores contra la impunidad se han visto obligados a exiliarse o han sido encarcelados tras enfrentarse a cargos penales promulgados por la Fiscalía General. Porras también ha transferido a fiscales de la FECI a otras unidades, mientras que otros han dimitido o han huido del país tras recibir amenazas de muerte. Las acusaciones penales presentadas por la Fiscalía General también han conseguido destituir a algunos de los principales jueces del país, incluida la juez que presidía el caso de soborno en el que estaba implicado Giammattei.
A menudo, los fiscales se han basado en tecnicismos administrativos para incoar causas penales en las que se acusa a los operadores de la lucha contra la impunidad de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Los casos son casi siempre confidenciales, lo que hace imposible examinar las acusaciones. Según una investigación de elPeriódico, los despidos y traslados de Porras también han debilitado otras ramas de la Procuraduría General de la República fundamentales para hacer frente a la impunidad, incluidas las unidades que se ocupan de la corrupción en general, los delitos electorales y administrativos, y los derechos humanos, esta última área responsable de procesar a veteranos militares acusados de crímenes de lesa humanidad que se remontan a la guerra civil. Varios fiscales han sido despedidos sin el debido proceso. Los que intentan impugnar un despido por la vía judicial se enfrentan a una espera de hasta cinco años, dijo a InSight Crime el investigador de Impunity Watch Alejandro Rodríguez. Los fiscales se enfrentan ahora a represalias que ponen fin a su carrera por romper filas con Porras, lo que reduce considerablemente los incentivos para actuar con independencia de los intereses corruptos. Por otro lado, las posibles recompensas por unirse a la clase dirigente corrupta parecen ser significativas.
En 2021, por ejemplo, Porras bloqueó una orden de detención contra Cinthia Monterroso después de que el ex jefe de la FECI, Sandoval, la acusara de solicitar información sobre personas no implicadas en las investigaciones. Más tarde, cuando Curruchiche sustituyó a Sandoval, Monterroso fue nombrada jefa de una unidad de la FECI que se ocupaba de muchos de los casos más delicados de la oficina, incluida la investigación sobre los sobornos presuntamente pagados a Giammattei por empresarios rusos. Desde entonces, casi todas las principales investigaciones de corrupción de la FECI se han estancado bajo la dirección de Monterroso, que ha iniciado investigaciones contra destacados periodistas que informaban sobre corrupción.
El gobierno de EE.UU. ha tomado nota de estos acontecimientos en la Fiscalía General. En 2022, el Departamento de Estado sancionó a Porras por obstruir y socavar investigaciones anticorrupción para proteger a aliados políticos. Un año antes, el Departamento de Estado sancionó a Ángel Pineda, un alto colaborador de Porras, por obstruir “investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en indagatorias anticorrupción” e informar a “objetivos de investigación sobre casos que se estaban preparando en su contra”.
Aun así, Porras tiene ahora un enorme poder. Y el resultado de las elecciones de 2023 no afecta a su segundo mandato de cinco años, que comenzó en 2022.
El apilamiento de los Altos Tribunales
Desde su llegada al poder, el gobierno de Giammattei también ha vuelto a situar a la Corte de Constitucionalidad (CC) —la máxima autoridad jurídica del país— en la órbita de sus intereses políticos. La CC tiene la última palabra en disputas legales de alto nivel. Durante el gobierno de Jimmy Morales sirvió de contrapeso vital. Para la muestra un ejemplo, denunciado por elPeriódico en diciembre de 2018, el expresidente intentó desmantelar la CICIG expulsando a sus altos funcionarios, pero la corte bloqueó estos esfuerzos.
Esto pareció cambiar con la elección de nuevos magistrados a principios de 2021. La remodelación vio a los candidatos —en particular los propuestos por la presidencia, el Organismo Judicial (OJ) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ)— inclinar la balanza de la corte a favor de intereses aparentemente alineados con el Pacto de Corruptos, así como con la administración Giammattei y el Ministerio Público. Según Alejandro Rodríguez, de Impunity Watch, la Corte es ahora “aliada de Porras” y ejerce su autoridad para avalar las acciones de la Procuraduría General de la República, así como para dictar sentencias favorables que han bloqueado investigaciones sobre élites y operadores judiciales acusados de corrupción.
De hecho, el reajuste de la Corte de Constitucionalidad ha sido beneficioso para el bloque de Giammattei. La CC ha limitado, por ejemplo, la capacidad de los comités del Congreso para convocar a miembros del ejecutivo con fines de rendición de cuentas.
La consolidación del poder en el sector judicial también se ha beneficiado de un exitoso esfuerzo por paralizar la elección de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo y los tribunales de apelación. Las elecciones para elegir a los nuevos magistrados de los altos tribunales estaban previstas para 2019, pero la CC suspendió el proceso después de que la Fiscalía General revelara una supuesta trama para copar los altos tribunales con aliados. La trama era liderada por una extensa red de operadores que, según una investigación posterior de la FECI, incluía a representantes del Congreso y magistrados de la CSJ. Desde entonces, la inacción del Congreso ha impedido que se reanude el proceso de selección.
Ambos se han beneficiado de esto. Para el Congreso, que vota una lista final de candidatos al alto tribunal, retrasar las elecciones parece haberles ayudado a mantener su fuero judicial. La actual alineación de magistrados de la CSJ ha rechazado repetidamente los recursos que pretendían despojar a los representantes del fuero que les otorga la Constitución durante sus mandatos, incluso en 2020, cuando la CSJ protegió a 92 representantes a quienes la Fiscalía General acusó de paralizar esas mismas elecciones a las altas cortes. Los diputados, a su vez, han devuelto el favor no votando por nuevos magistrados, a pesar de que los actuales jueces de la CSJ y de la Corte de Apelaciones han sobrepasado en cuatro años el límite constitucional de sus mandatos.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala es Silvia Patricia Valdés. Numerosos observadores de los tribunales dijeron a InSight Crime que Valdés es cercana al presidente Giammattei. Valdés es la figura más influyente dentro de las altas cortes. La presidenta de la CSJ tiene acceso a una serie de funciones financieras y administrativas que puede aprovechar para asegurarse favores políticos. Por ejemplo, el presidente de la CSJ asigna jueces a los tribunales que se ocupan de casos de corrupción de alto perfil, mientras que envía a otros a regiones remotas donde los tribunales se ocupan de casos menores. Y, como ilustra el proceso de selección en el que Consuelo Porras volvió a ser nombrada fiscal general, el presidente de la CSJ desempeña un papel crucial a la hora de determinar quién ocupa otros puestos judiciales cruciales.
La CSJ bajo Valdés también ha desempeñado un papel fundamental en la aceleración de las investigaciones sobre jueces independientes de alto nivel, algunos de los cuales estaban involucrados en casos contra el presidente, así como sobre ex oficiales del ejército acusados de violaciones de derechos humanos. En 2022, la CSJ falló a favor de las solicitudes de levantamiento de la inmunidad de dos de los jueces anticorrupción más experimentados del país: Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez. La oficina de Aifán manejó pruebas que implicaban al presidente Giammattei en presuntos actos de corrupción, mientras que Gálvez se convirtió en objetivo al presidir un importante caso sobre abusos cometidos por veteranos militares durante la guerra civil. Ambos magistrados se exiliaron tras perder su inmunidad.
*Jody García y Edgar Gutiérrez contribuyeron al reportaje.