¿Sin supervisión escolar?

Byron Barrera Ortiz | Política y sociedad / AQUÍ Y ALLÁ

El desmantelamiento de la educación para mantener sin formación ciudadana a la gran mayoría del pueblo de Guatemala ha tenido una connotación política. Un pensador norteamericano, James Petras, atribuye el abandono de la educación pública por parte del Estado a una recomendación de organismos internacionales como parte de una estrategia para poner fin al pensamiento crítico de los ciudadanos, contrarrestando así el rechazo a las políticas neoliberales.

Las tradicionales escuelas normales generaban un estudiantado y un magisterio contestatarios, de principios y valores sustentados en la solidaridad y el compromiso social. De ahí su supresión y el paso a una educación mediocre, trivial, tanto en el sector público como en el privado.

Es posible que poner fin a la estricta supervisión escolar también haya sido parte de esa intencionalidad. En décadas pasadas, los supervisores conformaban una especialidad muy importante en el sistema educativo; inclusive, muchos maestros sobresalientes eran enviados a universidades de otros países a estudiar esta profesión, de modo que, a su retorno, desempeñaran una función profesional en ese campo específico.

El cargo gozaba de prestigio y autoridad. El supervisor de educación contaba con una sólida formación académica y capacidad de análisis y resolución de problemas. Era el responsable de identificar las fortalezas y debilidades de las escuelas y de diseñar estrategias para mejorar la calidad educativa.

Pero, además, tenían una función fundamental. Los supervisores visitaban las escuelas y constataban la presencia de los maestros en sus puestos de trabajo. Sin una excusa y autorización previa, los maestros holgazanes se exponían al levantamiento de actas como parte de un récord previo a la destitución.

Viene a colación el tema a raíz de un estudio realizado por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, de donde surge, quizá por casualidad, un hecho escandaloso que debería llamar la atención de las autoridades.

El organismo estatal realizaba una auditoría relativa a la ejecución de los recursos asignados a las refacciones escolares, descubriendo que el 40 por ciento de las escuelas auditadas no está cumpliendo con las jornadas laborales. En otras palabras, se evidencia que muchos maestros no respetan sus jornadas habituales, inventándose excusas para no asistir a su trabajo. Sin querer, se demostró un hecho: los maestros asisten a las escuelas solamente dos o tres días a la semana, a veces, para dejar tareas o celebrar fechas del calendario y no dar clases.

Por esa razón, en muchas comunidades del área rural es común ver cerradas las escuelas y notar a los niños y niñas deambulando en los caminos porque el maestro o la maestra no llegó a trabajar.

¿Quién supervisa a los maestros? Aparentemente nadie. El Ministerio de Educación comenzó con buen pie nombrando a nuevos directores departamentales, pero se desconoce si entre sus funciones está la supervisión, tarea que se supone difícil debido al poder que ejerce el sindicato dirigido por el eterno dirigente magisterial Joviel Acevedo, quien mantiene un manto de impunidad sobre la negligencia, la incapacidad y la haraganería de muchos maestros.

Los pactos colectivos de trabajo establecen privilegios, pero no responsabilidad ni lineamientos sobre la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Se desconoce si el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo respeta el mandato de las autoridades del Ministerio de Educación para destituir a maestros que no trabajen, someterlos a exámenes de evaluación o exponerlos a la aprobación o rechazo de los padres de familia.

Se ignoran estos y otros aspectos porque la Corte de Constitucionalidad, irresponsable e ilegalmente, los declaró en secreto.

El ejemplo arrastra, dice el refrán. Al menos 70 maestros no trabajan por disposición de dicho Pacto, para dedicarse al sindicato a tiempo completo.

¡Jodidos estamos!

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