El ministerio de Finanzas evalúa la capacidad económica y técnica, pero en la práctica se le señala de favorecer a ciertas empresas y perjudicar a otras. Antes se registraban ante el ministerio de Comunicaciones.
Por Isaías Morales
Tras las reformas de 2015, la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) trajo consigo diferentes cambios. Una de estas fue crear el Registro Nacional de Adquisiciones del Estado (RGAE) con el objetivo de controlar si las empresas tienen capacidad para ofrecer sus servicios a las diferentes entidades públicas.
El funcionamiento se empezó a dar desde 2018 y a la fecha se inscrito al menos 35 mil 894 nuevos proveedores, de acuerdo a los registros del ministerio de Finanzas (Minfin) proporcionados a Ojoconmipisto. Es decir, un promedio de 5 mil 982 compañías inscritos cada año.
Antes esta labor la realizaba como precalificados en el ministerio de Comunicaciones, en el caso de los constructores. En tanto los consultores en la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan).
El cambio se hizo para mejorar filtros con el fin de recibir productos de calidad y realizar las obras a tiempo desde las diferentes entidades públicas. Se trasladó al ministerio de Finanzas para que el RGAE supervise que todas las empresas cumplan, según su propio reglamento.
Sin embargo, en la práctica cualquier empresa cambia su giro comercial o capacidad económica sin que se pueda comprobar si en realidad tiene esa solvencia disponible, como muestra Ojoconmipisto en diferentes notas.
Los nuevos millonarios
Por ejemplo, en San Miguel Petapa desde la llegada de alcalde de Petapa, Mynor Morales, le adjudicó 169 concursos entre enero de 2020 y marzo de 2023 a un mismo proveedor La compañía empezó como constructora de edificios hace siete años y en la actualidad se encarga de los desechos sólidos del municipio.
Otro caso similar sucedió con el contratista Nader Nasser que vendía insumos relacionados a equipos industriales, pero con la llegada de la pandemia amplió su capacidad económica para convertirse en proveedor de materiales de construcción. Desde 2022 acumula más de Q100 millones anuales en contratos.
¿Discrecionalidad?
Según Marvin Flores, consultor de Acción Ciudadana, este registro unificó todos los consultores y proveedores, para evitar empresas de cartón. “Hemos tenido quejas de muchas empresas que les ponen muchas trabas y requisitos para impedirles su inscripción, pero es más un filtro para favorecer a los amigos de los alcaldes y gobernadores”.
A criterio del experto, el próximo gobierno debe verificar que este sistema funcione bien y realizar una auditoría sobre los señalamientos hacia el RGAE.
Su función es recabar los datos de cuánto pueden cubrir operaciones sus empresas respecto a sus deudas, compromisos con proveedores de insumos y la especialidad que ofrecen en sus servicios, respondió a este medio la oficina de comunicación social de Finanzas.
Gerson López, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), asegura que las alcaldías trasladan sus quejas directas al Minfin, por si alguno de los proveedores u oferentes presenta problemas para inscribirse. A su criterio cada contratista es responsable de cumplir los requisitos solicitados. Con información de Ojoconmipisto #Corrupción.
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