Con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas, reforzar la investigación y persecución penal de las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público doctora María Consuelo Porras Argueta, presentó la Política de Derechos Humanos para la Persecución Penal.
Esta política es un mecanismo que el Ministerio Público establece para reafirmar su compromiso en cumplimiento de las obligaciones en materia de Derechos Humanos.
En ese sentido la Doctora Porras Argueta afirmó que “los derechos humanos deben ser la línea permanente en todo el quehacer del sector justicia no solo en el Ministerio Publico, tomando en cuenta que el primer artículo de la Constitución Política se refiere a la protección de esos derechos importantes e inherentes de la persona”. Además, invitó a los actores de sociedad civil que den acompañamiento al desarrollo de la Política para obtener mayores resultados.
Este instrumento jurídico se basa en tres ejes:
- Investigación y persecución penal, la cual busca fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público para la investigación de casos contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia y sindicalistas, así como, de los crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno.
- Priorización estratégica de casos del Conflicto Armado Interno, en este eje se pretende brindar instrumentos para aplicar los criterios de priorización en la Unidad Fiscal de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos. La priorización se refiere a la cantidad y vulnerabilidad de las víctimas, casos registrados en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la Policía Nacional Civil, disponibilidad de medios probatorios, querellantes adhesivos, se tenga proceso antropológico forense, que los presuntos autores materiales e intelectuales estén vivos entre otros aspectos.
- Derechos de las víctimas, este eje se refiere a la participación de las víctimas en el proceso penal, que reciba una atención adecuada y se logre una reparación integral.
La política se fundamenta en el principio de no discriminación y se basa en los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Es de resaltar que el plan de acción para la ejecución de este mecanismo es resultado de un proceso de consulta con fiscales, analistas, organizaciones de la sociedad civil, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos -OACNUDH-.
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