Los concejales de oposición de comité cívico SBX colocan su trípode, teléfono móvil y con sus datos a través de Facebook Liveacercan las reuniones a los vecinos.
Por Mirna Alvarado
Quetzaltenango se une a las municipalidades que transmiten sus sesiones de concejo (Ciudad de Guatemala y La Antigua lo hacen). Aunque no por iniciativa de la corporación sino de concejales de oposición del comité cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX).
Llegan, instalan su trípode, colocan un celular y con sus datos transmiten las reuniones a través de Facebook Live. Y eso no le gusta al alcalde Juan Fernando López. En la sesión del miércoles 14 de febrero, los síndicos y concejales afines se unieron para rechazar la transmisión en vivo.
Amenazaron con denuncias penales contra los concejales VI Marco Chávez, VII Henry Oroxom y VII Rodrigo Calderón de SBX.
La pugna se dio al conocer un punto solicitado por la Asociación de Jubilados de la Municipalidad, se mencionaron los nombres de los integrantes de la junta directiva y el monto del aumento solicitado. “Son datos sensibles y si algo les llega a pasar a estas personas ustedes serán los responsables, ha sido expuestos incluso a extorsiones porque se ha dado a conocer el monto de lo que solicitan”, dijo la sindico II, Karin Yaneth Saj Morataya.
Reiteró en la sesión del jueves 15 de febrero, la importancia de hacer las reuniones a puerta cerrada. Saj Morataya pertenece al grupo de abogados que dan fe y legalidad a los contratos que realiza la municipalidad de Quetzaltenango con las constructoras, una vez que se adjudican los proyectos.
Diego Hernández, representante de la Asociación de Jubilados dijo esa mañana de jueves: “les pedimos que no continúen con estas acciones porque nos afecta que la gente sepa cuanto estamos pidiendo, las extorsiones están a la orden del día, es preocupante”.
No darán marcha atrás
Chávez de SBX, indicó que no cederán a la intimidación que el alcalde y sus afines intentan en su contra, pues la población debe conocer los temas que se discuten en la mesa del concejo.
“Estaban acostumbrados a hacer todo a puerta cerrada, el concejo anterior no debatía, no discutía simplemente aceptaba la imposición del alcalde y sus allegados. Nosotros tenemos un compromiso con la población y vamos a cumplir con el fomento de la transparencia”, dijo.
Recordó el artículo 38 del Código Municipal que establece que las sesiones deben ser públicas.
Las transmisiones en vivo de las sesiones las iniciaron el 16 de enero, transcurrió sin problemas, pero el 23 de enero los ánimos se caldearon. El primero en manifestar su molestia fue el concejal II, Jorge Luis Argueta.
“Estamos tratando temas sensibles y ellos (concejales de SBX) están grabando, me inhibo de cualquier compromiso y hay que solicitar a donde corresponda si en caso se dieran problemas con personas o empresarios por difundir esta información”, manifestó Argueta.
A ello, el alcalde Juan Fernando López se sumó: “porque estos temas deben ser solo de conocimiento de este honorable concejo”.
La sindico II, Saj Morataya, dijo que las reuniones deberían ser privadas y sometió la propuesta a análisis del departamento jurídico. “La intención es que se resguarde la información sensible, amparados en el artículo 38 de código municipal”, mencionó.
Un buen ejercicio ciudadano
La información sensible a la que se refería se relacionaba a informes de avances de proyectos, donde se mencionaba a las constructoras. Sin embargo, los nombres, números de identificación tributaria (NIT) y nombres de representantes legales y otros se encuentran publicados en el portal de Guatecompras.
El sociólogo y analista político, René Juárez, manifiesta que la municipalidad es una institución pública, significa que todo aquello que discute el concejo municipal es de interés para la sociedad. “Por eso no hay ningún impedimento legal para que los asuntos que se tratan se ventilen públicamente”, indicó.
Para el experto en información pública, Silvio Gramajo, el ejercicio es beneficioso para la población que tiene el derecho de saber lo que sus autoridades están realizando. “La municipalidad no resguarda información susceptible de clasificación ya sea confidencial o reservada. Si lo hubiese hay mecanismos para detener la transmisión, no se resguarda la sesión solo el punto”, dijo Gramajo.
Agregó que la ciudadanía es quien le otorga los funcionarios el poder para gobernar. “Por eso estamos en nuestro derecho de saber qué hacen con nuestros recursos”.
Flor Gómez, delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos, observa de cerca las transmisiones las cuales ve positivas pues fomenta la participación ciudadana. “Las sesiones pueden ser a puerta cerrada siempre y cuando tengan la justificación legal pertinente y apropiada”, resaltó. Con información de Ojoconmipisto. #Gobierno local.
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