Por: STEVEN DUDLEY, ALEX PAPADOVASSILAKIS, Y EDGAR GUTIÉRREZ
InSight Crime
Este es el primer informe de una investigación de siete capítulos que traza la evolución del crimen organizado en Guatemala con especial énfasis en la penetración de los sistemas político y judicial en un momento en que el país se dará cita en las urnas para las elecciones generales el 25 junio de 2023. Con este fin, ofrece un contexto histórico y actual de las dinámicas del crimen organizado en el país centroamericano, además de descripciones detalladas de los cuatro bloques de poder político más destacados del país: Vamos, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor y Cabal.
Estos bloques políticos derivan su poder de sus cargos en la actual administración o en gobiernos anteriores, además de que se benefician de empresas legalmente registradas y en ocasiones de fuentes de capital ilícito. La descripción de dichos bloques no es de ninguna manera exhaustiva, como no estos son monolíticos ni jerárquicos, sino más bien, coaliciones que incluyen diversos partidos satélite.
*Este artículo hace parte de una serie de siete partes que describe la evolución del crimen organizado en la política guatemalteca. Lea los demás capítulos de la investigación, el informe completo y la cobertura relacionada sobre narcotráfico e impunidad.
Los hemos seleccionado porque sus actividades ilustran dinámicas de poder más amplias en los sectores político y judicial, y porque son los principales operadores políticos de Guatemala. Los bloques también tienen muchas posibilidades de retener influencia importante o de ganarla por la vía de las elecciones, lo cual ilustra lo factible que es la repetición de dichos patrones. El control sobre los entes del Estado también permite a estos grupos socavar el proceso electoral eliminando candidatos que amenacen el statu quo. El ejemplo más destacado de esto es la candidatura de Carlos Pineda Sosa, de Prosperidad Ciudadana (PC), quien es el objeto de nuestro estudio de caso. Pero otros candidatos también han sido excluidos por el establecimiento.
A estos bloques los apoyan diversos tipos de élites corruptas y criminales, algunas de las cuales anteceden las actuales configuraciones políticas que se imponen en las encuestas y la mayoría de las cuales se unieron en torno a una causa común en los últimos años: revertir los procesos judiciales y las reformas legales iniciadas por el organismo judicial supranacional conocido como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Estas élites ejercen un enorme capital económico, político y social como mecanismo para consolidar y ampliar sus intereses, debilitando a sus rivales y garantizando la impunidad.
Pueden formar o apoyar a cualquiera de los cuatro bloques políticos mencionados, si sienten que va en pro de sus intereses. O pueden no hacerlo y optar por formar una alianza o bloque político aparte que puedan dominar.
Estos bloques de poder político, junto con esas élites, han creado un sistema mediante el cual pueden seguir controlando y ampliando sus intereses y garantizando la impunidad cada cual por su lado. Esto lo hacen buscando acceso a lo que equivale a un carrusel de poder. Cada quien paga por jugar, luego participa en acuerdos de mutuo beneficio con una o varias partes del gobierno y los partidos políticos que lo controlan. Parte de ello es la promesa explícita e implícita de financiar sus campañas y no tomar parte activa en medidas que debiliten su poder político. El sistema se perpetúa, en parte, por la fragmentación de la política en el país, que impide el poder absoluto a ningún partido o caudillo.
La impunidad también se blinda por consenso. Esos bloques han creado un monopolio virtual sobre las instituciones que regulan la vida política y económica y sobre los entes que vigilan la actividad ilícita. La influencia del sistema judicial comienza específicamente con la selección de comisiones especiales infiltradas por mafias políticas y, al servicio de redes de corrupción, eligen candidatos sin las calificaciones adecuadas o con dudosos prontuarios en los más altos cargos judiciales y regulatorios. Una vez en el poder, esos funcionarios judiciales y regulatorios sirven a los intereses corruptos. Archivan o no investigan las mafias políticas. Persiguen a enemigos u opositores, anulan sentencias contra aliados y amigos y ponen aliados en cargos claves para reforzar el statu quo y satisfacer los deseos de sus patrones.
Principales hallazgos
1. Hay cuatro bloques de poder político sobre los que hay que estar atento en estas elecciones, todos los cuales tienen conexiones con poderosos intereses criminales y corruptos.
El primer bloque, Vamos, gira en torno al partido político del presidente en ejercicio Alejandro Giammattei (2020-actualidad). El presidente —con ayuda de su director del centro de gobierno, Miguel Martínez, y sus aliados— ha gobernado en un periodo sacudido por la divulgación de numerosos escándalos de corrupción. Sin embargo, la administración se ha mantenido relativamente indemne. Esto se debe, en parte, a la alineación cercana sin precedentes entre las ramas del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La alineación de estos tres poderes ha transformado al sector judicial en un instrumento que blinda esquemas de corrupción y persigue a opositores políticos. El bloque de Giammattei se ha convertido en el nodo central de esta alianza, surgida del interés común de revertir los avances en el sector judicial de la última década, logrados bajo la tutela de la CICIG, el ente judicial mencionado y avalado por las Naciones Unidas.
El segundo bloque, UNE, se centra en uno de los partidos políticos más resilientes del país, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), encabezada por la candidata presidencial reincidente y ex primera dama, Sandra Torres. El partido de Torres lleva más de una década sin acceder al poder, pero mantiene una coalición consistentemente numerosa en el Congreso. Esto le permite al bloque cambiar votos por acceso a lucrativos recursos estatales, controlar importantes instituciones gubernamentales y gozar de protección legal. Al igual que muchos partidos, la avidez de UNE por el botín gubernamental lo ha arrastrado a la órbita del establecimiento —hay información sobre un pacto entre Torres y Giammattei— lo que reduce la oposición al statu quo.
El tercer bloque, Valor, está encabezado por la que fuera en una ocasión la favorita a la presidencia, Zury Ríos, hija de un infame dictador militar. El bloque se centra en una alianza política entre dos partidos: Valor y el Partido Unionista, cuyo variopinto colectivo reúne a militares de extrema derecha, élites del sector privado y líderes religiosos. Estos actores apuntalan su influencia en la política, los negocios y el crimen organizado para socavar las instituciones del Estado y facilitar sus actividades lícitas e ilícitas. Entre los seguidores que más se hacen sentir hay una entidad paralegal conocida como la Fundación contra el Terrorismo (FCT). La FCT está liderando los esfuerzos por desestabilizar el sector judicial con la persecución de los fiscales, jueces, activistas sociales y periodistas que antes encabezaron la lucha contra la impunidad.
El cuarto bloque, Cabal, gira en torno a un partido de reciente formación, dirigido por el candidato presidencial por segunda vez, Edmond Mulet. Político de carrera y diplomático, Mulet se presenta como alguien de afuera y cruzado contra la corrupción, pero cualquier ambición de separarse del statu quo puede verse en riesgo por los numerosos personajes cuestionables que componen las filas de su partido. Entre ellos se cuentan candidatos a alcaldías y al Congreso con partidos políticos implicados en grandes entramados de corrupción. Muchos de los mismos candidatos han enfrentado acusaciones de corrupción y otros delitos. Si Mulet triunfara en las elecciones, casi sin duda tendría que negociar con las demás facciones mencionadas en este informe para tener cualquier tipo de influencia en el Congreso y la rama judicial.
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Si bien estos bloques defienden diversos intereses y compiten por acceso a los recursos del Estado y por favores judiciales, también hacen parte de una alianza más amplia que engloba a varios partidos e instituciones, unidas para perpetuar la corrupción. Llamada con frecuencia con el eufemístico nombre de Pacto de Corruptos, no se trata de un pacto formal. Pero todos se han beneficiado de la atmósfera de impunidad y, sin importar el resultado de la elección, lo más seguro es que sigan trabajando en conjunto para evitar cualquier alteración del estado de cosas.
Pocas cosas ilustran mejor esto que los feroces esfuerzos del establecimiento por expulsar de las elecciones a candidatos indeseados valiéndose del sistema de cortes, por ende garantizando que el poder permanezca dentro del pacto. Esto se explora en un estudio de caso sobre el candidato presidencial Carlos Pineda Sosa, un actor no alineado cuyo ascenso a la cabeza de las encuestas amenazó con arrebatarle la influencia al actual orden. Un tribunal menor suspendió su candidatura y la del partido político que adoptó. Los intentos de Pineda por apelar la decisión fueron desestimados por las altas cortes, que están influenciadas por los principales bloques políticos.
2. Hay cinco principales bloques corruptos y criminales que trabajan en concierto con los mayores movimientos y coaliciones políticas.
Los bloques políticos antes descritos albergan diferentes tipos de élites en competencia, algunos que se remontan a la guerra civil del país (1960-1996), que compiten por mayor influencia sobre altos políticos y funcionarios judiciales para garantizar sus intereses comerciales lícitos e ilícitos. Hemos identificado a cinco. Tres de estos operan a la luz pública, promoviendo sus intereses mediante instituciones gubernamentales, leyes y regulaciones que les permitan actuar en concierto relativo con los entes judiciales y regulatorios del país. Dos operan de manera más clandestina, ignorando, cooptando o subvirtiendo los entes judiciales y regulatorios en su búsqueda de poder y capital económico.
En la esfera pública están las élites económicas tradicionales —algunas familias que hacen uso de la empresa y el capital para evitar el escrutinio y ejercer influencia política en beneficio de sus intereses económicos y el debilitamiento o destrucción de la competencia. Varias coaliciones políticas en el congreso y las regiones son alianzas multipartidistas entre políticos de mediano nivel en el Congreso y en los concejos municipales que cambian votos por acceso a contratos del Estado y otras recompensas del gobierno. Con frecuencia incluyen a tecnócratas y burócratas bien posicionados. Algunas élites emergentes también han hecho uso de su acceso al poder político para establecer y controlar lucrativas empresas en campos menos tradicionales, como la industria farmacéutica, la construcción o las telecomunicaciones, gran parte de las cuales son financiadas o subsidiadas por el gobierno. También difieren de las élites tradicionales que participan de manera más abierta en el proceso político.
En un ámbito más clandestino están los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Los CIACS son redes de generales del ejército y agentes de inteligencia formadas durante la guerra civil que han penetrado altos cargos para favorecer la impunidad por sus crímenes de guerra y la actividad criminal, incluido el narcotráfico y el contrabando. Con el tiempo, han extendido sus intereses económicos a la seguridad privada y otras industrias. Los CIACS también se usan cada vez más para describir diversos intereses criminales que se extienden a un amplio espectro de contextos pero permanecen incrustados en el Estado y usan el gobierno para favorecer sus intereses.
Finalmente, están las organizaciones narcotraficantes (ONT) que se aprovechan del poder político y económico para ejercer influencia sobre el Congreso y las alcaldías. Esto les permite asegurar contratos con el gobierno para blanquear ganancias ilícitas y gozar de protección judicial.
| Élites económicas tradicionales | Familias que usan los monopolios empresariales para evitar el escrutinio y ejercer influencia política para favorecer sus intereses económicos y debilitar la competencia o acabar con ella. |
| Coaliciones políticas en el Congreso y las regiones | Las alianzas multipartidistas entre diputados en el Congreso de mediano nivel y alcaldes que cambian votos por acceso a contratos del gobierno y otras recompensas estatales; muchas veces acompañadas de tecnócratas que hacen parte de estas redes o son especialistas operativos. |
| Élites emergentes | Reconocidos empresarios con amplias conexiones políticas que ganaron importancia con el pago de comisiones para garantizar contratos con el gobierno para empresas privadas en los sectores de telecomunicaciones, farmacéutico y constructor, entre otros. |
| Aparatos clandestinos ilegales de seguridad (CIACS) | Redes clandestinas que datan de la guerra civil formadas por generales del ejército y agentes de inteligencia, que han penetrado altos cargos para facilitar la actividad criminal, incluyendo el narcotráfico y el contrabando, y que han extendido sus intereses económicos a la seguridad privada y la construcción, entre otros, y formado sus propios partidos políticos. |
| Organizaciones narcotraficantes (ONT) | Organizaciones criminales que facilitan el movimiento de sustancias ilegales o químicos precursores a través de Guatemala y que buscan poner aliados en las instituciones del Estado —en especial en el Congreso y alcaldías— para garantizar acceso a contratos del gobierno (para lavar dinero) y para tener protección legal. |
3. El sistema corrupto-criminal es como un carrusel: los participantes pagan por jugar y establecen una relación simbiótica con las partes del Estado más importantes para sus intereses comerciales.
Alcanzar cualquier tipo de armonía entre diferentes facciones del establecimiento corrupto-criminal requiere una alineación significativa de nodos claves del Estado, que controlan fondos del gobierno, designaciones claves en el Estado y organismos judiciales y regulatorios. En la cúspide de este sistema está la rama ejecutiva, que establece los parámetros del debate en relación con el presupuesto nacional, designaciones ministeriales y puede cambiar los entes de control de formas significativas. Así dirige el Ejecutivo una porción descomunal de los contratos estatales y los puestos burocráticos, que puede repartir entre sus aliados o con cualquiera que esté dispuesto a pagar una comisión considerable —un proceso que ha beneficiado considerablemente a Vamos en los últimos tres años.
No todas las entidades del gobierno se crearon de la misma forma, y cada una de estas élites corruptas y criminales tiene diferentes niveles de interés en diferentes partes del gobierno. Las élites tradicionales, por ejemplo, buscan acceso y control sobre las autoridades tributarias, oficinas de patentes y comités bancarios. Las coaliciones políticas en el Congreso y las regiones mantienen un férreo control sobre las obras públicas. Las élites emergentes compiten por el control del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente. Los CIACS buscan control de las aduanas, del Ministerio de Gobernación y de los aparatos de inteligencia en todo el espectro. Y las ONT buscan ejercer influencia sobre las obras públicas y los comités de desarrollo local que asignan proyectos del gobierno, además de control sobre ciertos sectores de la policía y el ejército, para lavar dinero y proteger sus operaciones, entre otros intereses.
Gran parte de esta corrupción gira en torno a los contratos otorgados a empresas en sectores legítimos, como construcción, infraestructura, comunicaciones, salud, agricultura, industrias extractivas, seguridad, entre otros. Las empresas que reciben los contratos muchas veces son de propiedad (indirectamente) de funcionarios del Congreso o (directamente) de otros asociados, desde empresarios hasta narcotraficantes. La rama ejecutiva también se vale de sus recursos para crear respaldo en el Congreso nacional cada vez más fragmentado, con el cambio de contratos por votos y la formación de coaliciones en torno al control de ministerios y entes de gobierno para el portafolio económico de cada coalición.
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Las coaliciones políticas o partidos políticos específicos que ejercen mayor control sobre el Congreso pueden negociar y regatear con el Ejecutivo tajadas del pastel de la economía. Tal es el caso de UNE, que tiene 51 de 160 escaños en el Congreso tras las elecciones de 2019. Muchos representantes han desertado desde entonces, pero los que permanecen en el partido —estimamos que unos 34— han votado en respaldo del gobierno de turno en leyes claves luego de un claro acercamiento entre Torres y Giammattei. Dada la extrema fragmentación del Congreso, aun los partidos con pocos escaños pueden también obtener recursos estatales alineándose con el statu quo. Como resultado de ello, la coalición gobernante está en libertad de legislar a favor de intereses dudosos sin oposición alguna. Ejemplos de esto incluyen la asignación de mayores fondos a ministerios cruciales para actos de corrupción o la aprobación de decretos de emergencia que flexibilizan las normas de contratación con el gobierno.
El sistema es cíclico y se ve reforzado por el atomizado sistema de partidos políticos: Los contratos y empleos con el gobierno se entregan a compañías y personas vinculadas a diputados y partidos políticos en el Congreso, entre ellos las coaliciones legislativas, alcaldes o intereses conectados con ellos, élites emergentes y narcotraficantes; a su vez, estos actores recargan fondos a las campañas políticas con el respaldo a la reelección de los candidatos al Congreso y alcaldías. Los presidentes por tradición llegan al poder con mandatos débiles y pequeños bloques de votación en el Congreso. Por esa razón, los jefes de las principales coaliciones votantes en el Congreso han ganado mucho poder que les permite extraer mayores recursos mediante el control de redes de corrupción en otras ramas del Estado y, como lo detallamos en la sección que sigue, garantizando la impunidad.
4. La impunidad es el combustible que mantiene el motor en funcionamiento.
Para sostener y proteger sus esquemas de generación de ingresos, los bloques necesitan acceso y control de nodos claves en el sector judicial y los entes de control del Estado. Estos obtienen esto con la corrupción del sistema desde la base. Las leyes del país establecieron un mecanismo mediante el cual las “comisiones de postulación” preseleccionan candidatos verificados y calificados para los altos cargos en la judicatura y los entes reguladores antes de que el Congreso o el presidente hagan la selección final. En apariencia, las comisiones son independientes, pues muchos miembros de estas no hacen parte del gobierno.
Pero estos bloques de poder han configurado, a lo largo de más de dos décadas, mecanismos para subvertir estas comisiones de postulación, infiltrándolas mediante una combinación de tácticas abiertas y encubiertas. Los candidatos que sobreviven el proceso de verificación muchas veces carecen de calificaciones y tienen sus intereses comprometidos. Esto incluye no solo a los candidatos para la fiscalía general y los jueces de las altas cortes, sino también para los puestos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esos compromisos pueden durar años e incluso renovarse, como lo ilustra la decisión del Congreso de no continuar con las elecciones para una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y para magistrados de la corte de apelaciones, a pesar del actual grupo de magistrados que han excedido el periodo de cinco años, un término establecido en la constitución, que debía haber terminado en 2019.
El Ministerio Público es la institución más importante entre estos entes judiciales y de control que garantiza la impunidad. Este organismo puede obstruir las investigaciones sobre políticos de alto rango, lanzar ofensivas agresivas contra fiscales y jueces no alineados —como lo ha hecho en los últimos años— y atacar a actores externos, como periodistas y líderes de la sociedad civil. La fiscal general puede decidir cuáles casos se investigarán y cuáles serán archivados; trasladar a fiscales entrometidos para alejarlos de investigaciones sensibles; y designar a empleados menos escrupulosos y más leales en cargos claves, muchas veces violando el debido proceso. El personal leal ejecutará esquemas aún más viles, como la instrumentalización de las unidades de lucha contra la delincuencia para perseguir a rivales políticos y crear bóvedas para archivar de por vida casos penales y por corrupción que salpiquen a élites corruptas y criminales.
La cooptación del sistema de tribunales de Guatemala también es un objetivo clave para diversas redes corruptas. Es un sistema basado en incentivos, donde distintas redes de magistrados y sus seguidores responden a favores políticos o financieros ofrecidos por distintos grupos de poder en busca de impunidad. Esto es más notorio con la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima autoridad para dirimir disputas legales. La CC anteriormente sirvió como un contrapeso vital para la corrupción, pero hoy se ha convertido en un escudo para las élites tras la elección de nuevos magistrados en 2021, muchos designados a dedo por el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema.
También es vital para la impunidad el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los tribunales de apelaciones, pues esos organismos pueden obstruir las investigaciones a funcionarios del gobierno o anular condenas por corrupción. La actual CSJ fue elegida por el Congreso a partir de una lista conformada por la comisión de postulaciones en 2014. Dos de los arquitectos de esa lista fueron a prisión: uno en Estados Unidos y otro en Guatemala, mientras que un tercero se exilió en Nicaragua. Pero, como se señaló, el periodo de esa CSJ se extendió por la inacción del Congreso. Los magistrados posteriormente han bloqueado investigaciones sobre diputados del Congreso y otros operadores políticos, lo que ha creado una barrera para funcionarios sospechosos, que tienen pocos incentivos para hacer reformas radicales y quedar expuestos al escrutinio.
Tal como sucede en la parte frontal de este proceso, mediante el cual actores externos juegan un papel clave en la comisión de postulaciones para poner en movimiento el sistema de impunidad, sucede también en el otro extremo, donde personas de afuera juegan un papel al interponer denuncias penales y civiles y sembrar intrigas judiciales que benefician a los bloques de poder político. Es el caso de la ya mencionada FCT. La FCT presenta acusaciones contra los operadores que combaten la impunidad, casi todos los cuales trabajaron con los casos presentados por el organismo judicial avalado por la ONU o tuvieron alguna conexión con ellos. Jueces y fiscales se han beneficiado de las acusaciones de la FCT para formular cargos legales formales contra jueces, fiscales y periodistas, los cuales han huido del país o enfrentan cargos en Guatemala.
*Jody García contribuyó con este reportaje.