Autoría:
Plaza Pública.
En esta entrevista, el comisionado habla de la visión que tiene la Comisión para enfrentarse al monstruo de la corrupción. El enfoque será preventivo, pero también implica hacer cambios legislativos e institucionales. No es un trabajo exprés, pero ofrece dejar las bases para cercar el paso a los actores corruptos.
El presidente Bernardo Arévalo centró su campaña política en la lucha contra la corrupción. El primer paso para hacer realidad su ofrecimiento ha sido reconfigurar la Comisión contra la Corrupción que fue creada por Alejandro Giammattei. Ahora, esa instancia funcionará más allá de la presidencia, porque abre espacios de participación a la sociedad civil.
La gran meta que se plantea esa Comisión es hacer del combate contra los corruptos un esfuerzo colectivo, nacional, permanente, y que las transformaciones institucionales limiten el actuar de los actores que buscan hacer del Estado su fuente de financiamiento.
Para dirigir la Comisión Nacional contra la Corrupción, el presidente Arévalo eligió a un joven abogado, con poca experiencia en puestos de Estado, pero que tiene un máster en Derecho por la Universidad de Harvard y forma parte de la barra de abogados de Nueva York. Santiago Palomo Vila, de 29 años, tiene sobre sus hombros la coordinación del grupo que propondrá reformas institucionales y buscará incorporar mecanismos de prevención.
La Comisión tiene un enfoque integral. Tendrá la visión desde el Ejecutivo a través de los ministros de Gobernación y Finanzas. Así como los titulares de las secretarías de Planificación, General, el Comisionado de Gobierno Abierto y la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil. A ellos se suman seis consejeros que apoyarán ad honorem para formular las propuestas de la sociedad.
Los primeros consejeros son el español Daniel Hearing, investigador y fundador de la organización Diálogos; Javier Montenegro, fundador del Consejo Nacional Empresarial (CNE). Un conglomerado de empresarios que se organizaron para «desafiar el discurso empresarial dominante» y representado en el Cacif. Connie de Paiz y Mariana Rohrmoser, integrantes del Frente Ciudadano contra la Corrupción, un conglomerado de organizaciones que surgió en 2018 para apoyar las labores anticorrupción que desarrollaban el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
A ellos se suman, en representación de los pueblos indígenas, Saturnino Figueroa Pérez, coordinador del Gobierno Plurinacional del territorio maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’, del norte de Huehuetenango y Ana Alicia Alvarado Batz, tesorera de la Junta Directiva de los 48 Cantones.
Palomo, como «brazo ejecutivo» de este grupo, explica cuál es la visión que el presidente tiene para empezar a bloquear los espacios a los actores corruptos. De entrada, dice que se requieren cambios profundos para transformar el Estado. Estos requieren apoyo del Congreso, el seguimiento en la persecución penal del Ministerio Público y la voluntad y efectividad de entidades como la Contraloría General de Cuentas. El presidente cuenta con pocos aliados en el Legislativo y mantiene la desconfianza en la fiscal general, Consuelo Porras.
Esta no es la primera comisión contra la corrupción que existe a instancias de un gobierno, pero quizá es la primera vez en donde las expectativas locales e internacionales son positivas.
El presidente dijo en campaña que, con un Ejecutivo que no se pliega a las acciones corruptas, podrían ocurrir cambios importantes en el país. Sonaba muy bien en la tarima, pero ¿qué tan posible es combatir la corrupción para un gobierno que está sometido a una serie de limitaciones? Tienen presupuesto que los obliga a cumplir con contratos previos y no tienen como aliados al Congreso, ni al Ministerio Público, ni al sistema de justicia.
Si bien existen esos retos, también existe un marco de oportunidad para poder, como a mí me gusta decir, sentar las bases de lucha contra la corrupción. Esto llevará más de cuatro años de trabajo, porque te vas a enfrentar a resistencias propias del sistema y del fenómeno, que se regenera. Self-reinforcing, le dicen en inglés (cuando existe una situación que se refuerza o consolida a sí misma). Una cleptocracia no se acaba de la noche a la mañana, pero sí puedes empezar (a combatirla) y creo que este es el gran momento. Existe nuestro compromiso y deben existir las acciones concretas que demuestren que vamos hacia adelante, en una agenda de transparencia, integridad y rendición de cuentas.
¿Cómo se revierte la corrupción sistémica, que se alimenta de los recursos del Estado, a través de mecanismos de contratación que no se pueden fiscalizar, pero que se benefician de la impunidad?
Una pregunta grande, con una respuesta que es justo lo que pretende la comisión y es tener una visión integral alrededor de problemas estructurales. Porque el problema de la corrupción no se va a eliminar total y completamente. La corrupción existe aquí, en China y en países europeos. El problema es cuando te topas con niveles estructurales de corrupción, donde la corrupción es el sistema operativo, como menciona la autora Sarah Chayes. ¿Cómo cortas estas circunstancias? pues con lineamientos, políticas públicas que atajen la raíz del problema. Porque, insisto, si vemos esto como un proyecto a corto plazo no vamos a lograr capitalizar en un resultado que redunde en el beneficio de los ciudadanos, por ejemplo, medidas de prevención.
¿Qué medidas han tomado o buscan impulsar?
Una de las medidas inmediatas que hemos tomado es apoyar a las instituciones para el fortalecimiento de sus unidades internas. El Ministerio de Trabajo tiene una unidad de probidad que logró desarticular una red interna de venta de visas. Esta buena práctica la queremos emular en otras instituciones como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.
Pensando a largo plazo, ¿cuáles son las grandes metas que tiene la comisión?
Parte de la visión integral es que este esfuerzo subsista en tiempo y en espacio, que no sea algo que desaparezca en cuatro años. Uno de los objetivos del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, es que al finalizar el mandato se pueda aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción, con autonomía, con institucionalidad propia y que contribuya a una política Nacional contra la Corrupción que sea robusta. Y hay buenas prácticas en la región. México tiene un Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por el sector público, pero también por sociedad civil que la preside y que ha contribuido con dinámicas en pro de la transparencia. Ese es el gran objetivo de esta Comisión, institucionalizar ese esfuerzo y volverlo parte de la institucionalidad guatemalteca.
Y a corto plazo, ¿cuáles son esas pequeñas victorias que podría mostrar a la población?
Bueno, una es la ley de denunciantes anónimos.
Pero, la aprobación de esa ley no depende del organismo Ejecutivo. ¿La considera una pequeña victoria?
No, pero quizá podría ser una victoria temprana que se tenga en los siguientes meses. Como pequeñas victorias, el ejercicio que estamos haciendo con la verificación de más de 1,400 contratos de obra pública del Ministerio de Comunicaciones, muchos de los cuales tienen irregularidades. El ejercicio que se haga puede ser una victoria temprana, porque la población podrá ver acciones concretas para denunciar la corrupción mientras se continúa con la construcción de obra pública que sí es necesaria y que no ha sido objeto de actos corruptos. También está en proceso el desarrollo de un Código de Ética del Organismo Ejecutivo, que es el centro neurálgico de lo que puede ser la gran sombrilla de la agenda anticorrupción. Porque si no hay un componente ético de lucha contra la corrupción, no vamos a poder avanzar genuinamente con pasos, más o menos grandes, hacia resultados concretos.
El problema es cuando te topas con niveles estructurales de corrupción, donde la corrupción es el sistema operativo.
La voluntad política no se discute. En el pasado tuvimos la voluntad del sector justicia, pero no del Ejecutivo. Ahora ocurre a la inversa. Es como si a este banco de la lucha contra la corrupción siempre le hace falta una pata para que pueda funcionar bien. ¿Cómo se puede avanzar bajo estas circunstancias?
Las grandes revoluciones en materia de lucha contra la corrupción en el mundo han pasado por procesos grandes. Y, en esos procesos institucionales fuertes, se han involucrado diferentes actores sociales e institucionales. Guatemala requiere eso mismo. Obviamente, tenemos grandes retos en el sistema de justicia. Este año se eligen cortes y, como lo he mencionado en otros espacios, es la madre de todas las batallas. Un poder judicial independiente, un poder judicial que trabaja en beneficio de la justicia, es fundamental para tener éxito en la lucha contra la corrupción. Y lo digo porque en Guatemala hemos visto cómo la justicia ha sido utilizada en ocasiones para beneficiar la impunidad. Por eso, vuelvo a enfatizar, este no es un esfuerzo sólo del Ejecutivo. Sabemos que estos procesos de Estado, como la elección de Cortes, van a ser fundamentales. Vamos a poner mucha atención para que estos procesos propendan a la elección de funcionarios judiciales probos, íntegros y, fundamentalmente, independientes.
¿Cómo va a ser la participación de la comisión o del Ejecutivo en esos procesos de elección?
Es un proceso de Estado y, desde el Ejecutivo, vamos a trabajar con el compromiso de que no se instrumentalice ni al Ejecutivo, ni a sus instituciones, en beneficio de intereses espurios.
Hablemos de las denuncias o los casos de posible corrupción que se han identificado en las instituciones del Ejecutivo. ¿Hay una estrategia definida para evidenciar los hechos de corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei, tomando en cuenta la desconfianza hacia el MP, encargado de la investigación?
En el marco de nuestro mandato como comisión, hemos diseñado mecanismos para que, cuando estas denuncias sean presentadas por los funcionarios públicos, se les pueda dar un seguimiento debido. Uno de estos mecanismos es un portal de seguimiento de estas denuncias. Vamos bastante avanzados y esperamos tenerlo en las semanas siguientes a Semana Santa para que la ciudadanía pueda ir verificando las denuncias que, desde el Ejecutivo, se van presentando a las instituciones correspondientes como el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas.
¿Qué datos publicarán en ese portal?
Va a ser información útil para que los periodistas y la sociedad puedan identificar el objeto de la denuncia, qué se denunció, en qué institución se presentó, la fecha, el estatus. Será información que puede ser pública porque, una vez el caso es presentado, hay ciertas limitaciones de información que la propia ley restringe. Toda información que sea posible, se publicará.
El Ejecutivo no tiene confianza en el MP bajo la dirección de Consuelo Porras. ¿Qué pasa si esos casos no avanzan? ¿Se puede obligar al MP a rendir cuentas?
Al Ministerio Público le corresponde el mandato de la investigación. El propio ordenamiento legal contempla acciones, por ejemplo, cuando se desestiman denuncias y, junto con los ministros y las secretarías, se desarrollarán esas estrategias (de litigio). Pero, enfatizo, quien tiene la responsabilidad inherente de investigar con base a la Constitución es el Ministerio Público y esperamos que cumpla con ese mandato.
En los tiempos de la CICIG tuvimos un momento en donde muchas personas quisieron colaborar y brindar información de los casos de corrupción a cambio de beneficios. Ya me contó que el Ejecutivo impulsará una ley de protección de denunciantes, pero quiero saber si están considerando una amnistía para propiciar la colaboración.
La ley de Protección de Denunciantes Anónimos busca proteger a aquellas personas que denuncian hechos de corrupción. Este tipo de iniciativas resguardan su integridad física, su identidad, su estabilidad laboral (por si son funcionarios) y la integridad de sus familias. Guatemala es parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, al igual que de la Convención Interamericana contra la Corrupción, (ambas) obligan a los Estados a tener mecanismos para la protección de denunciantes. Porque la cultura de denuncia solo es exitosa si se tiene el mecanismo para proteger al denunciante. Por supuesto, vamos a buscar otros mecanismos para fortalecer las vías para luchar contra la corrupción y la impunidad y facilitar procesos en los que se puedan llevar a cabo investigaciones profundas sobre estructuras grandes de corrupción. Esta propuesta se nutrirá de los estándares internacionales y se concatenará con otras leyes, como la de colaboradores eficaces.
Hablemos de la sociedad en general. ¿Qué rol debería jugar en el combate a la corrupción?
Un rol significativo.
¿Qué espera usted de la sociedad?
Espero el acompañamiento, la propuesta, las iniciativas, los diálogos, que son necesarios cuando se inicia un proceso de transformación profunda como el que pretendemos liderar. La estructura de la Comisión responde a eso, con la instancia de consejeros delegados, que está conformada por seis integrantes que representan a los pueblos indígenas, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil y academia. Son personas a las que se privilegió por su experiencia. Ellos van a ofrecer propuestas, pero también orientación. Van a liderar las mesas más amplias de reforma institucional, reforma legislativa, que pretendemos sea un ejercicio fundamental, porque, aunque suene como un disco rayado, este no es un esfuerzo sólo del Ejecutivo. A todos nos afecta que este contexto de corrupción siga igual y que eso redunde en la prestación de servicios precarios para la ciudadanía y mayor exclusión de guatemaltecas y guatemaltecos.
Precisamente, porque nos afecta a todos, es muy probable que a la comisión lleguen muchas denuncias. ¿Están preparados para recibir una avalancha de denuncias y darles respuesta?
La Comisión no es un ente investigador, sino coordinador. Queremos establecer las bases para que las personas puedan denunciar. Eso nos ayudará a que, como comisión, podamos identificar patrones y podamos llevar a cabo soluciones concretas, a largo plazo, que redunden en una agenda de prevención y control en la administración pública.
¿La Comisión se convertirá en un receptor de denuncias o a dónde deben acudir las personas para realizar sus denuncias?
Ahorita estamos afinando los mecanismos para concatenar las obligaciones legales e institucionales y también para que la ciudadanía tenga estos mecanismos a su disposición.
¿Cómo eligieron la instancia de consejeros delegados?
Se privilegió a personas que tuvieran experiencia para atajar temas de lucha contra la corrupción. Son cargos que se renuevan cada año. La idea es poder tener nuevas voces y visiones que contribuyan a la visión global del Gobierno en la lucha contra la corrupción.
O sea, ¿los elige el presidente?
La Comisión, que la lidera el presidente. Yo soy el brazo ejecutivo. (La elección) es un acuerdo de todos los integrantes de la Comisión Nacional contra la Corrupción, que también está integrada por los Ministros de Finanzas, Gobernación, el Secretario General de Planificación, el Secretario General de la Presidencia, la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Director Ejecutivo de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico.
Con toda la oposición que tienen, es necesario buscar aliados. ¿Con quiénes cuentan en este momento?
Vamos a trabajar con todos aquellos actores que están comprometidos en la lucha contra la corrupción y que están dispuestos a dar un paso al frente para trabajar de forma coordinada. Porque esto no va a ser únicamente un esfuerzo del Ejecutivo o un esfuerzo institucional del Estado. Es un esfuerzo también de la sociedad.
A todos nos afecta que este contexto de corrupción siga igual y que eso redunde en la prestación de servicios precarios para la ciudadanía y mayor exclusión de guatemaltecas y guatemaltecos.
Pero, ¿quiénes son los que en este momento pueden ayudar?
En este momento hemos visto la voluntad de la Contraloría General de Cuentas de trabajar en la agenda anticorrupción. Hemos tenido conversaciones muy importantes y algunos espacios de coordinación con el Contralor General de Cuentas (Frank Helmuth Bode Fuentes). Ellos tienen una iniciativa que se llama “Municipio fiscalizado”, y tuve el honor de participar en una de sus giras de capacitación en Xela (Quetzaltenango) y hemos encontrado en este espacio una oportunidad para que el Ejecutivo pueda coordinar con una institución clave.
¿A quiénes más considera aliados?
Una agenda robusta anticorrupción requiere de una agenda legislativa. Con el presidente del Congreso, Nery Ramos, tuvimos una conversación puntual sobre lo que se espera de esa agenda. Hablamos sobre una iniciativa de ley que se presentará en las siguientes semanas para la protección de denunciantes de corrupción. En inglés se conoce como Whistleblower Protection. El presidente Ramos tiene la apertura de trabajar para que este sea un esfuerzo que se vuelva realidad y contribuya al ecosistema de lucha contra la corrupción. También hablamos de otras iniciativas como la Ley de Servicio Civil, que es una de las prioridades en la agenda Anticorrupción del presidente Arévalo. Es necesario atajar uno de los principales focos de corrupción, que es tener una burocracia débil, una burocracia que ha sido objeto de corrupción. Hemos hablado con otros diputados, como Andrea Villagrán y Cristian Álvarez.
Hace poco usted estuvo de gira por Estados Unidos. Visitó la OEA, estuvo con algunos funcionarios del gobierno estadounidense. ¿Fue a buscar aliados?
Si bien la lucha contra la corrupción es de los guatemaltecos por los guatemaltecos, también es cierto que para crear capacidades es indispensable buscar aliados en la comunidad internacional. Estuve de viaje en Estados Unidos, en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA (Organización de Estados Americanos). Esta es una instancia de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción en la región. Se intercambian buenas prácticas y se hacen exámenes (evaluaciones). Guatemala va a ser objeto de un examen de la institucionalidad y el cumplimiento de la Convención, así que esperamos que, cuando esto suceda, ya tengamos un año o año y medio de gestión y podamos dar a conocer medidas concretas de los avances en la agenda contra la corrupción.
¿Qué otras actividades tuvo y con quién más se reunió?
Tuvimos una muy provechosa reunión con personeros del Departamento del Tesoro, en donde intercambiamos ideas sobre la importancia de que Guatemala fortalezca su sistema financiero, que se ha prestado para que actores corruptos puedan lavar dinero. También tuvimos acercamientos con los senadores republicanos Bill Cassidy de Luisiana y Rick Scott de Florida, así como el presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara Baja, Mario Díaz-Balart. Los tres tienen la apertura de apoyar en donde estiman que existe una oportunidad para fortalecer a las instituciones y tener un clima de inversiones que sea más propicio para inversionistas extranjeros.
Esta iniciativa de fortalecer al sistema financiero suena muy interesante. ¿Cómo funcionaría?
El sistema financiero está integrado por instituciones regulatorias importantes como la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial, que juegan un rol fundamental para (evitar) que las redes de lavado de dinero puedan utilizar el sistema financiero. Así que, atajar esta situación, es uno de los enfoques dentro del plan de la Comisión contra la Corrupción. Hay que reconocer que hay instituciones bancarias en donde el Estado tiene participación, como es el Crédito Hipotecario Nacional, el Banco de los Trabajadores y el Banco de Desarrollo Rural, que son espacios que deben aprovecharse en beneficio de una agenda anticorrupción.
¿Significa reforzar lo que ya existe o se trata de crear nueva normativa?
Hay que identificar dónde existen los potenciales espacios en donde han logrado operar las organizaciones del crimen organizado, pero también, potencialmente, hablar de reformas legislativas. Fundamentalmente, hablar de medidas institucionales. Creo que ese va a ser uno de nuestros grandes retos de aquí en adelante.
¿Cómo se va a materializar el apoyo de Estados Unidos?
La reunión que sostuve fue para buscar espacios de coordinación e intercambio de información. Esto es fundamental, para identificar si hay información o alertas que te digan que el sistema financiero está siendo utilizado de una manera indebida. También se habló de la creación de capacidades, porque el propio Departamento del Tesoro tiene una institucionalidad robusta a través de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), que ve el tema de las sanciones cuando se detectan actos severos de corrupción y la FinCEN, que es la institución que recaba la inteligencia financiera que permite identificar estos focos de corrupción.
