InSight Crime
Los fiscales guatemaltecos han lanzado un ataque directo al presidente electo Bernardo Arévalo, el último de una serie de intentos flagrantes de las redes corruptas del país por impedir su llegada al poder en un momento de inflexión para la democracia del país.
En una conferencia de prensa ofrecida el 16 de noviembre, los fiscales demandaron a Arévalo, a la vicepresidenta electa Karin Herrera y a tres militantes de su partido, el Movimiento Semilla, que renunciaran a su inmunidad política en acatamiento de una investigación criminal por protestas ocurridas en la Universidad San Carlos, de Guatemala, entre 2022 y 2023. Los fiscales afirmaron que Arévalo y los políticos de Semilla, junto con políticos de otros partidos, aprovecharon las protestas para apalancar sus campañas políticas antes de las elecciones presidenciales de 2023.
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A este anuncio siguieron una serie de allanamientos vinculados al caso, durante los cuales el Ministerio Público detuvo a otros militantes del partido Semilla, entre quienes se contaba una candidata a diputada de las elecciones de 2023.
Los fiscales aún no entregan información detallada sobre la presunta participación de Arévalo en el caso. Sin embargo, señalaron su uso de las redes sociales como evidencia de participación en las protestas, calificadas por el Ministerio Público como ocupación ilegal de las instalaciones de la universidad.
“Mediante su cuenta de Twitter, Facebook y otras redes sociales, [Arévalo] comienza a manifestar por la toma de la universidad”, declaró el fiscal titular Saúl Sánchez.
De ratificarse, la petición del Ministerio Público dejaría a Arévalo expuesto a la privación de la libertad, lo cual enterraría su aspiración presidencial antes de la posesión. Arévalo y la vicepresidenta electa Herrera deben asumir el poder en enero de 2024.
Abanderado de la lucha anticorrupción, Arévalo sacudió el establecimiento político profundamente conservador de Guatemala al llegar a la segunda vuelta de la elección presidencial contra todo pronóstico, después de la primera vuelta electoral en junio. Desde ese momento, los fiscales vinculados a la corrupción han acosado a Semilla, en un intento por suspender el partido con argumentos espurios y con allanamientos a sus sedes políticas. A pesar de todo, hasta el momento no habían logrado implicar al presidente electo en una causa criminal.
Arévalo ganó el balotaje en agosto con una victoria contundente a pesar de los ataques contra su partido.
Análisis de InSight Crime
Esta medida se presenta luego de meses de especulación sobre si las redes corruptas se las arreglarían para anular el resultado electoral. Estos grupos ahora están dando un golpe de gracia, y de lograr impedir la posesión de un presidente elegido democráticamente, podrían conducir al fin de un ciclo democrático posterior a la guerra civil de Guatemala.
“Si los despojan de inmunidad por un caso tan inconsistente como el que presentaron [los fiscales] hoy, se auguraría la muerte del Estado de derecho”, sentenció Édgar Ortiz Romero, experto en derecho constitucional guatemalteco. “Es evidente que el Ministerio Público es el arma más potente contra el presidente electo”.
La interferencia electoral ya ha sumido a Guatemala en una profunda crisis política que puso a prueba la resiliencia de las instituciones, pues las redes corruptas aprovecharon el sistema judicial y el Ministerio Público para formular denuncias infundadas de fraude electoral y para abrir una investigación amañada contra el partido Semilla. La indignación pública se manifestó en protestas en todo el territorio nacional y bloqueos de vías en octubre, como rara vez se ha visto en Guatemala, y los ataques continuados contra Arévalo podrían agravar aún más la tensión social.
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El nuevo ataque contra Semilla seguramente enfurecerá a aliados y observadores internacionales, en especial Estados Unidos, país que ya sancionó a varios dirigentes políticos por señalamientos de interferencia electoral e hizo público su apoyo a “la transición política pacífica en Guatemala a manos del presidente electo Arévalo”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha hecho llamados a un traspaso pacífico del poder, pero hasta el momento la presión internacional no ha logrado poner freno a quienes intentan anular las elecciones.
Las redes corruptas en Guatemala llevan años socavando las instituciones para evitar que se alteren las estructuras de corrupción e impunidad. Parte importante de esta campaña se centra en el sistema de cortes del país, que decidirá si Arévalo mantiene su inmunidad política. Un día antes del anuncio de los fiscales, el congreso de Guatemala eligió a una nueva cohorte de magistrados de las Altas Cortes, muchos de ellos señalados de tener vínculos con corrupción. Y esa Corte Suprema es la que por lo general dictamina las demandas de desafuero de funcionarios públicos. #Política.-