El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se declaró culpable en un caso de sobornos y blanqueo de dinero, pero esta podría ser una maniobra del exmandatario para evitar una sentencia más severa en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la lucha contra la corrupción en el país.
Pérez Molina, presidente de Guatemala entre 2012 y 2015, aceptó los cargos derivados del caso “Cooptación del Estado“, anunciado por primera vez en 2016 por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Los fiscales del caso alegan que el partido político de Pérez utilizó una monumental red de lavado de activos para recaudar fondos para su campaña, lo que fue determinante para su victoria en las elecciones de 2011. “Yo no vine aquí a presentar excusas, ni a defenderme. Yo por eso pedí la audiencia de aceptación de cargos”, declaró Pérez ante el tribunal.
Pérez Molina está en prisión desde 2015 por acusaciones relacionadas con otro caso de la CICIG llamado “La Línea“, en el que los fiscales desvelaron una red de fraude aduanero multimillonario en cabeza del expresidente y su entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
Como parte de la operación, los importadores pagaban sobornos a funcionarios públicos a cambio de los cuales recibían exenciones o reducciones fiscales. Luego de más de siete años de proceso judicial, los cuales Pérez pasó privado de la libertad, fue condenado en diciembre de 2022 a 16 años de prisión por su participación en el entramado.
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La nueva sentencia contra el expresidente se produce en un momento político único en Guatemala. El 20 de agosto, el candidato independiente Bernardo Arévalo y su partido Movimiento Semilla obtuvieron una inesperada victoria en las elecciones presidenciales frente a varios candidatos respaldados por las élites políticas corruptas del país.
Arévalo basó su campaña en la lucha contra la corrupción y prometió acabar con la impunidad que ha cobijado por décadas a algunos miembros de la élite política guatemalteca.
A pesar de las impugnaciones legales y las amenazas de muerte dirigidas a Arévalo y Semilla por elementos opuestos a la lucha contra la corrupción, se espera que el presidente electo se posesione el 14 de enero.
Análisis de InSight Crime
La decisión de Pérez Molina de aceptar los cargos en su contra puede ser un intento de evitar un proceso más riguroso y, posiblemente, una condena más dura habida cuenta de la férrea postura del nuevo gobierno frente a la corrupción.
“Me parece que es una estrategia para evitar enfrentar el caso, que, insisto, es de los más importantes y más grandes que reflejan el nivel de corrupción del Estado guatemalteco”, dijo a InSight Crime Thelma Aldana, la exfiscal general en el exilio que presentó cargos contra Pérez en 2016.
Como exgeneral del ejército guatemalteco, Pérez era responsable de supervisar los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) antes de llegar a la presidencia y durante su mandato. Estos grupos, conformados por antiguos miembros del ejército, utilizaron su experiencia en el gobierno para manejar economías criminales y esquemas de soborno, por los cuales entregaban coimas a Pérez y Baldetti.
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Desde su renuncia en 2015, después de que se develó el caso de La Línea, la influencia política del expresidente dentro de la élite guatemalteca ha menguado, según Manfredo Marroquín, fundador de la organización guatemalteca contra la impunidad Acción Ciudadana.
“Ya no tiene prácticamente ningún chance de volver. Ya no tiene influencia en la esfera política para nada”, le explicó Marroquín a InSight Crime.
Ante la inminente posesión de Arévalo, varios actores políticos corruptos de Guatemala, como Pérez, pueden sentirse presionados a utilizar las redes de corrupción dentro del poder judicial para obtener sentencias más favorables de las que les esperarían en el futuro.
En otro caso, el 5 de septiembre, los tribunales guatemaltecos absolvieron a Roberto López Villatoro, alias “El Rey del Tenis”. El empresario fue una figura crucial detrás de la designación de jueces para las altas cortes del país antes de su detención en 2018. Fue acusado de cabildear a favor de intereses criminales en el proceso de selección.
“Tienen temor de que venga un nuevo gobierno que frene esta impunidad y están aprovechando estos momentos”, concluyó Marroquín.