Con las nuevas denuncias de que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, negociaba directamente acuerdos para proteger narcotraficantes a cambio de dineros de la droga, la idea de que el propio mandatario ha sido esencial en la conversión de Honduras en un narcoestado cobra más fuerza.
En un documento judicial del 8 de enero, fiscales estadounidenses afirman que el supuesto narcotraficante Geovanny Daniel Fuentes Ramírez se reunió con el presidente Hernández y le dio decenas de miles de dólares a cambio de que este le ofreciera protección contra los organismos de seguridad, así como apoyo militar para sus actividades de tráfico.
El presidente Hernández también supuestamente pidió a Fuentes Ramírez acceso a un laboratorio de drogas para trasladar “grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos”, y le dijo al traficante que “quería llevar las drogas hasta las narices de los gringos”, según el documento presentado en el Distrito Sur de Nueva York.
El documento es una moción in limine que ofrece un resumen de las pruebas que soportan el juicio contra Fuentes Ramírez, quien fue arrestado en Miami en marzo de 2020 por cargos relacionados con drogas y armas. Se dice que él llegó a dirigir un laboratorio de drogas en la costa caribeña de Honduras, el cual producía cientos de kilos de cocaína al mes.
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En el documento, los fiscales no llaman al presidente Hernández por su nombre, y solo se refrieren a él como CC-4, o coconspirador número 4, pero se le puede identificar claramente, pues se describe como el presidente y hermano del narcotraficante convicto Tony Hernández. En un tuit de la cuenta presidencial, el mandatario negó la acusación según la cual él aceptaba dinero de Fuentes Ramírez, y afirma que es “100 por ciento falsa” y que está basada en mentiras de criminales confesos.
Esta negación es similar a otras anteriores, expresadas luego de que los fiscales estadounidenses han mencionado al presidente Hernández en varias acusaciones y otros documentos judiciales, en los que se refieren a él como coconspirador en la red de narcotráfico de su hermano. Tony Hernández fue declarado culpable en octubre de 2019 de ingresar toneladas de cocaína a Estados Unidos aprovechando las conexiones políticas de su hermano.
En la más reciente presentación judicial, los fiscales dicen que el presidente Hernández se jactaba ante un empresario hondureño de la corrupción generalizada por parte de él y su Partido Nacional en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2013, lo que incluye la malversación de dineros de la ayuda estadounidense a través de organizaciones no gubernamentales fraudulentas y el robo de dinero del sistema de seguridad social del país.
Análisis de InSight Crime
Las pruebas reunidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en este y otros casos dejan pocas dudas de que los políticos más influyentes de Honduras, incluido el presidente, un importante aliado de Washington, reciben millones de dólares de los traficantes para financiar campañas y consolidar su poder.
Desde que empezó a ascender dentro del Partido Nacional para encabezar el Congreso, y finalmente llegar a la presidencia, el presidente Hernández supuestamente participó en un quid-pro-quo con narcotraficantes, que les permitió tener protección de las fuerzas de seguridad y del fiscal general a cambio de sobornos.
Según este nuevo caso, Fuentes Ramírez supuestamente contribuyó grandes sumas de dinero a la campaña presidencial de Hernández en 2013. A cambio, dicen los fiscales, Hernández “prometió proteger [a Fuentes Ramírez] frente al arresto y la extradición” y ayudarle a “transportar cocaína con apoyo de las fuerzas armadas de Honduras”.
Pero la sombra de la narcopolítica comenzó a extenderse mucho antes de que el presidente Hernández se convirtiera en jefe de Estado. Otros narcotraficantes procesados en Estados Unidos han dicho que el partido del presidente Hernández, el Partido Nacional, ha facilitado durante años los vínculos entre grandes grupos narcotraficantes, como Los Cachiros y Los Valles, con varios niveles de las fuerzas de seguridad y el sistema político hondureños.
El predecesor de Hernández, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, quien fue presidente de 2010 a 2014, ha sido acusado de desviar fondos gubernamentales para negocios fraudulentos con una empresa de construcción de Los Cachiros. El grupo criminal aprovechó la estrecha relación con el hijo del expresidente, Fabio Lobo, para importar cocaína a Estados Unidos y blanquear las ganancias. Fabio Lobo fue sentenciado a 24 años de prisión en 2017, después de que se declarara culpable de narcotráfico en Estados Unidos.
Los fiscales afirmaron que Lobo hijo “utilizó la posición de su padre y sus propias conexiones para poner en contacto narcotraficantes con policías y funcionarios gubernamentales corruptos”.
Las primeras postulaciones del presidente Hernández tanto para el Congreso como para la presidencia también fueron supuestamente financiadas con dineros de la droga. Ya en 2008, Tony Hernández presuntamente gestionó sobornos de Amílcar Alexander Ardón Soriano, adscrito al Partido Nacional y exalcalde del municipio de El Paraíso, en la frontera con Guatemala. Ardón Soriano dirigía un grupo que conectaba traficantes colombianos y mexicanos, y el dinero de los sobornos se le debía entregar a Tony Hernández para la campaña de reelección de su hermano en el Congreso, a cambio de protección.
Ardón también aportó US$1.5 millones procedentes de las drogas para la campaña de la candidatura presidencial de Hernández en 2013, según los fiscales estadounidenses. Las nuevas denuncias revelan que el propio presidente Hernández también supuestamente se reunió con Fuentes Ramírez en esa época.
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El presidente Hernández, según los fiscales, tenía un interés particular en Fuentes Ramírez debido al laboratorio de cocaína que este operaba cerca de Puerto Cortés, un importante puerto comercial en la costa caribeña de Honduras.
Hernández supuestamente accedió a “utilizar las fuerzas armadas hondureñas como seguridad” y prometió que el fiscal general, Óscar Chinchilla, ayudaría a proteger las actividades de tráfico de Fuentes Ramírez, según la presentación judicial. Aparentemente, el presidente también ayudó al presunto narcotraficante a obtener ametralladoras, uniformes militares, chalecos antibalas e insignias policiales de un comandante militar de alto rango, que en un informe exclusivo de Univisión es identificado como René Orlando Ponce Fonseca.
Pero el presidente Hernández no quiso ser el intermediario directo. En su lugar, le dijo a Fuentes Ramírez que “reportara directamente” a su hermano Tony, quien estaba “manejando las actividades de narcotráfico en Honduras”, como se lee en la presentación judicial.
El nombre del presidente Hernández apareció frecuentemente durante el juicio a su hermano. Una de las afirmaciones más fuertes de los fiscales es que el exjefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, le entregó a Tony un soborno de un millón de dólares destinado al presidente. Los fiscales repitieron esta acusación en la reciente presentación judicial.
Además, en un minucioso libro de contabilidad, en el que se consignan los cargamentos de cocaína y los pagos de sobornos, también se identificaron cientos de miles de dólares supuestamente pagados a “JOH y sus socios”, una presunta alusión al presidente. Funcionarios antidrogas le confiscaron el libro de contabilidad en 2018 a Nery Orlando López Sanabria, un presunto narcotraficante que fue brutalmente asesinado en prisión poco después de que terminara el juicio contra Tony Hernández.
Los fiscales estadounidenses al parecer tienen en su poder mensajes de texto y voz de WhatsApp entre Fuentes Ramírez y un funcionario militar hondureño identificado como “comisionado Martínez”. Según la presentación judicial, ambos supuestamente intercambiaron mensajes sobre el presidente Hernández, funcionarios militares corruptos y el juicio del hermano del presidente.
Fuentes Ramírez estaba “contento de tener la protección del presidente Hernández y accedió a trabajar con [el presidente Hernández] y su hermano para importar cocaína a Estados Unidos”, afirman los fiscales.
Para la administración entrante del presidente electo Joe Biden, la acusación más grave dentro de la presentación judicial —además de los incendiarios comentarios de llevar la cocaína hasta las narices de los gringos— puede ser la de que Hernández dijo que quería hacer que “la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico”.
El presidente Hernández ha sido considerado durante mucho tiempo por funcionarios estadounidenses como un aliado clave. Como vicepresidente, Biden incluso se reunió con Hernández en 2015 para revisar los esfuerzos conjuntos para “abordar la corrupción y atacar las redes criminales transnacionales”.
Es poco probable que la nueva Casa Blanca reciba con agrado la idea de que la administración del expresidente Barack Obama —y, por extensión, la del entonces vicepresidente Biden— estaba siendo engañada.
Las numerosas acusaciones de los fiscales estadounidenses acerca de la presunta complicidad del presidente Hernández en el narcotráfico podrían influir para que la nueva administración implemente su ambiciosa agenda anticorrupción en Centroamérica. Con información de InSight Crime. #Narcotráfico.