Un operativo de 21 horas en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral llevó a otro límite la crisis democrática en Guatemala. En un hecho sin precedentes, el Ministerio Público secuestró documentos originales de la primera vuelta, que acercó a Bernardo Arévalo a ganar la presidencia. Pese a los llamados de auxilio de las autoridades electorales, que denunciaron que está en riesgo la estabilidad social y política del país, la Corte de Constitucionalidad esquivó pronunciarse.
En el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hay moñas negras. El sábado 30 de septiembre la democracia de Guatemala amaneció más golpeada.
Esa mañana, entre golpes, insultos y empujones, agentes del Ministerio Público (MP), específicamente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dirigida por Rafael Curruchiche, apoyados por una valla formada por la Policía Nacional Civil (PNC), extrajeron cajas con miles de documentos originales que avalan la primera vuelta de las elecciones. La misma en la que Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, pasaron a segunda vuelta para pelear por la presidencia.
«Ridículo», dijo entre empujones un empleado del MP vestido con traje azul marino y lentes oscuros, a Mynor Franco, magistrado titular del TSE. Otras personas gritaban y le pedían que guardara el respeto.
La escena era caótica.
En la entrada principal del Tribunal Electoral, los magistrados titulares y suplentes pusieron el cuerpo para evitar que la fiscalía se llevara la documentación original de la primera vuelta (también informaron que el MP buscaba las actas de la segunda vuelta, pero no ocurrió). Allí estaban apostados los magistrados titulares Franco, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera, y los suplentes Marco Antonio Cornejo y Marlon Barahona; además de Mario Velásquez, secretario general del TSE.
«Lo que está haciendo no es correcto», le dijo Alfaro a un empleado de la fiscalía. «Déjeme hacer mi trabajo, colaboren, estamos cumpliendo una orden judicial. Usted sabe que yo tengo la razón. Deje el show», le respondió el fiscal. Entre gritos y empujones, Alfaro cayó de espaldas y terminó en el suelo, con la cara frente a una caja con actas originales selladas con cinta amarilla donde se leía «evidencia».
El enfrentamiento fue el punto más tenso del cuarto allanamiento de la FECI en distintas instalaciones del TSE. La institución fue acordonada por alrededor de 120 policías. Alfaro denunció que agentes del MP, entre ellos la fiscal de la FECI Leonor Morales, amenazaron al vocero del Tribunal Electoral, Gerardo Ramírez, a quien le prohibieron hacer su trabajo: informar a la prensa qué pasaba en el lugar, de lo contrario podría ser capturado.
El TSE confirmó que, de parte del MP, también se les exigió borrar de la red social X una publicación en la que se informaba que dentro del edificio la FECI llevaba a cabo un allanamiento.
La y los magistrados intentaron detener físicamente el operativo y, aunque no lo lograron, ya empezaron a preparar acciones legales, dicen que esta vez la fiscalía cruzó una línea.
El MP secuestró las actas originales que consignan los resultados de más de 25,000 mesas de votaciones para el binomio presidencial, alcaldes, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano (Parlacen). La acción cae sobre las mismas actas que las Juntas Electorales Departamentales y la del Distrito Central revisaron —por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC)— frente a fiscales de los partidos que alegaron fraude, y que tras el escrutinio avalaron los resultados originales en un 99 %.
En total, según reportó el TSE en su cuenta oficial de la red social X, se llevaron 125 mil documentos. Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) —de rango constitucional y por tanto superior a lo actuado por un juez ordinario—, estos solo pueden ser revisados por el Tribunal Electoral o las Juntas Electorales. Los magistrados dieron la opción, a los fiscales del MP, de entregar copias fieles y certificadas, en lugar de los documentos originales, pero la fiscalía se negó.
El hecho incrementó las alarmas de preocupación sobre la democracia de Guatemala, ya que desde que Arévalo pasó a segunda vuelta y ganó la presidencia del país con el partido Semilla, la fiscalía apuntó su maquinaria contra él y busca cancelar el partido e investigar todo el proceso electoral alegando un supuesto fraude. Las acciones continúan pese a que las actas utilizadas para argumentar el fraude en la primera vuelta no evidenciaron alteraciones reales o válidas, y a que diferentes misiones de observación nacionales e internacionales señalaron que las votaciones se realizaron con transparencia y orden. Condenaron los hechos la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, y partidos políticos como Winaq y Cabal.
La «bandera blanca» de la PNC hacia las acciones de la FECI
El más reciente golpe del MP inició a las 11:00 horas del 29 de septiembre. El fiscal especial, Rafael Curruchiche llegó,solo estuvo presente por unos minutos. Quien estuvo a cargo de las diligencias fue la fiscal Leonor Morales. El allanamiento terminó a las 8:00 horas del 30 de septiembre, cuando los fiscales de la FECI cargaron con las actas originales correspondientes a la primera vuelta electoral del 25 de junio.
En todo momento, los investigadores del MP contaron con el apoyo de agentes de la PNC. El día que se inició el cateo, los policías rodearon la sede del TSE e impidieron el paso de personas particulares y de los medios de comunicación sobre la calle frente al edificio del Tribunal.
En la mañana del 30 de septiembre, durante el forcejeo entre fiscales y magistrados electorales, ningún agente actuó para evitar el enfrentamiento. Más bien operaron como una valla humana para que los fiscales pudieran salir pronto con las actas físicas.
Una fuente de la PNC, quien pidió no ser identificada en esta publicación por temor a represalias, contó a Plaza Pública que los agentes tenían la orden explícita de dejar actuar al MP y «darle protección a toda costa», durante el allanamiento en el TSE. «La orden era bandera blanca y darle luz verde al MP y los agentes se limitaron a seguir esas órdenes», añadió.
Sin embargo, el vocero del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar, negó que de parte de los altos mandos de la PNC haya existido ese tipo de orden y aseguró que el actuar de la institución policial es «imparcial» y de acompañamiento a las acciones del ente investigador. «No hay dicha orden. Hay un acompañamiento al MP. Se analizará el tema de las personas que fueron agredidas. La PNC es imparcial y se da cumplimiento a la ley», indicó.
La PNC también acompañó, con similar cantidad de agentes, los operativos el 12 y 13 de septiembre en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope) del TSE. Ahí se resguardan las papeletas con los votos de los ciudadanos. Para proteger a los fiscales de la FECI, en el Cope, los policías colocaron vallas metálicas para impedir que los medios de comunicación captaran imágenes de la diligencia.
Los constantes allanamientos y anuncios de próximas órdenes de captura son contradictorios con el discurso del presidente Alejandro Giammattei, quien dice respetar los resultados electorales y que el próximo 14 de enero entregará el mando a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Oficialmente, el binomio electo tampoco ha señalado al actual gobierno de ser parte de los actores quienes ejecutan el «intento de golpe de Estado». Arévalo sostiene que no tiene pruebas suficientes para asegurar que Giammattei es parte del grupo que golpea las elecciones.
La explicación confusa de Curruchiche
El día que se inició el allanamiento, Curruchiche dijo a periodistas que la nueva diligencia en el TSE era la continuación del caso por el que la FECI cateó el Cope. En ese lugar, el MP abrió las cajas y revisó votos de la primera vuelta, pese a que ese procedimiento no está regulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
El MP negó que se hayan recontado los votos tras sacarlos de las cajas, pero en un video que captó parte de los allanamientos del 12 y 13 de septiembre, difundido en la red social X, se observa como una fiscal del MP revisa una por una las boletas blancas de la elección presidencial, en las que se emitieron los votos de la primera ronda, y hace anotaciones en una hoja aparte.
Curruchiche aseguró que el caso tiene el mismo número de expediente de la investigación por las supuestas firmas falsas para conformar el partido Movimiento Semilla, es decir, uniría un evento que ocurrió en 2018 con las elecciones de 2023. Pero luego dijo que los allanamientos en el Tribunal Electoral no tienen relación con el proceso contra la organización política ganadora de las elecciones presidenciales. La explicación que el fiscal especial dio a la prensa fue confusa:
—Si es la misma causa judicial ¿por qué no tiene relación un caso con el otro? —le preguntó un periodista.
—Esta fase no tiene (relación) —respondió Curruchiche sin mayor detalle.
—¿Pero sí se deriva de la causa judicial de Semilla? —insistió otro comunicador.
—Es correcto, tal y como yo lo he indicado anteriormente. Derivado de esa denuncia (de un ciudadano) y derivado de que ya hay más de 1,000 valientes guatemaltecos que han presentado su denuncia, es que nosotros hemos dado el tratamiento correspondiente. —añadió Curruchice, quien hace dos semanas sostuvo que la investigación se había iniciado con base en la denuncia de un ciudadano.
—¿Cuáles son los hechos en específico que han denunciado estas 1,000 personas? —cuestionó otro reportero.
— Por el momento no puedo revelar mayores detalles de lo que más o menos se ha indicado. Pero quiero aprovechar también la ocasión para decirles que el Ministerio Público, especialmente la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, trabaja con objetividad, con imparcialidad. Estas diligencias son… nosotros las consideramos como un rescate para la democracia, un rescate para la soberanía de este país que ha sido violentada. La soberanía de este país ha sido mancillada por la OEA, la Unión Europea, por gobiernos extranjeros… entonces esta diligencia es para asegurarle al pueblo de Guatemala que estas investigaciones son serias y objetivas. Yo entiendo que muchos de ustedes que representan los medios de comunicación, quizás en algún momento han sido parte de ese ataque que hay, ese boicot que hay. Ponen al Ministerio Público en contra del pueblo de Guatemala, pero creo que más adelante, cuando el caso ya no esté bajo reserva, yo con mucho gusto les daré a conocer todos los detalles de esta investigación. —dijo el fiscal especial.
A pesar de las explicaciones de Curruchiche, en las acciones del MP no se refleja una idea clara sobre lo que buscan con los allanamientos. La fiscalía informó que esta investigación comenzó porque «un ciudadano» denunció que se corría el riesgo de que el Estado pueda pagar una cantidad incorrecta de dinero a los partidos políticos por los votos obtenidos en la primera vuelta. Por ley cada partido recibe 2 dólares por cada voto recibido en la elección presidencial o de diputados por Lista Nacional. Según los resultados oficiales, la UNE tendrá un aporte de 1 millón 777,848 dólares y el del Movimiento Semilla será por 1 millón 306,972 dólares. El dinero lo recibirán a lo largo de los cuatro años de gobierno.
Pero según las versiones de quienes observaron el allanamiento, la FECI no tenía una idea clara sobre los documentos que buscaban desde un inicio. En una de las mesas que utilizaron para buscar las actas electorales, los fiscales dejaron sobres de papel embalados con la cinta amarilla que tiene el logotipo del MP en la que se lee «evidencia». En uno de estos sobres que los investigadores dejaron abandonados se lee «indicio 30» escrito con lapicero.
Ese precisamente fue uno de los cuestionamientos hacia el trabajo de Curruchiche, el pasado 18 de septiembre, durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El embajador colombiano, Luis Ernesto Vargas, cuestionó que el jefe de la FECI haya dicho que buscaba indicios durante un allanamiento.
Buscando ayuda
El despliegue policial, las amenazas de acciones penales contra trabajadores del TSE, y la insistencia de llevarse documentos originales en custodia de las autoridades electorales, acorralaron a los magistrados de la institución, quienes arreciaron su postura contra la fiscalía y pidieron ayuda a la población, a los funcionarios recién electos y a la misma Corte de Constitucionalidad (CC).
«(Que la orden de allanamiento) emane de un órgano judicial no significa que sea legítima o legal porque se están cometiendo ilegalidades que atentan contra el orden electoral», dijo la presidenta del TSE, Irma Palencia. La institución, que en sus redes sociales colocó una moña negra en señal de luto y publicó fotos y videos del operativo, también emitió un comunicado donde llamó al binomio presidencial de Semilla, a los diputados y alcaldes electos a pronunciarse en favor de la democracia.
La noche del viernes 29 de agosto, mientras el allanamiento seguía en desarrollo, Palencia y los magistrados titulares Franco, Orellana y Ranulfo Rojas, acudieron personalmente a la CC para presentar dos amparos: uno de ellos contra la fiscal General Consuelo Porras y otro contra el juez Fredy Orellana, quien firmó la orden que avaló el operativo. En ese momento buscaban detener el operativo que anticipaban duraría días por la cantidad inmensa de documentos de la primera y segunda vuelta
Con un semblante de preocupación, Palencia dijo en la CC que el MP les ha negado acceso a la investigación bajo el argumento que está bajo reserva, y recordó que esta misma semana la Fiscalía de Asuntos Administrativos presentó antejuicio en contra de los cinco titulares del TSE. De ser aceptada la petición podrían perder su inmunidad y ser capturados.
«Se está vulnerando y poniendo en riesgo el orden constitucional del país, porque la estabilidad política y social está en riesgo por esto», dijo Palencia.
La CC no detuvo el allanamiento.
La magistrada Alfaro se mostró afectada y al borde del llanto cuando vio salir a los fiscales y llamó a la prensa a documentar lo que quedó dentro del TSE, documentos tirados y papeles importantes regados, entre estos las actas que forman parte de la serie de documentos que respaldan los comicios.
«Sostengo que allí lo que hay es un cadáver (entre los documentos que el MP secuestró) porque son los recuerdos de una elección de primera y segunda vuelta. Los resultados han sido debidamente oficializados, ya están certificados y dado los carnet y eso no se puede cambiar con ninguna diligencia», dijo Alfaro.
Sobre las declaraciones de los magistrados del TSE, el vocero del MP, Juan Luis Pantaleón respondió: «Tomando en cuenta que la elección ya ha finalizado y que los resultados constan en el acuerdo respectivo que oficializa los resultados, asegurar que se vulnera la custodia del voto es una afirmación completamente alejada de la realidad y de la naturaleza jurídica de la diligencia realizada».
Aunque este sábado Alfaro manifestó un claro rechazo a las acciones del MP y se plantó de cara a cara a los fiscales, en declaraciones dadas dos semanas antes tuvo una postura diferente: «La justicia engrandece a los pueblos y el Tribunal no puede oponerse a una investigación. Nosotros no podemos oponernos», enfatizó la funcionaria, quien a finales de octubre asumirá la presidencia del TSE.
Al mediodía del sábado 30 de septiembre, cuando la FECI ya había finalizado el operativo, la CC resolvió darle trámite a los amparos pero no los entró a conocer; remitió uno a la Sala Tercera de Apelaciones y el otro al juzgado Octavo Penal.
Al conocer la resolución, el TSE bajó a media asta las banderas de Guatemala que rodean su sede principal y colocó moñas negras en sus puertas principales acciones que significan duelo o muerte, en referencia al desfallecimiento de la democracia de Guatemala.
Mientras, otra vez, las acciones para crear una crisis democrática en Guatemala salta de juzgado en juzgado. La tarde que finalizó el allanamiento un grupo de ciudadanos se presentó a manifestar a la sede de la CC, que envió los dos amparos del TSE a otras instancias judiciales. Al lugar también llegó la vicepresidenta electa Karin Herrera y diputados actuales y electos de Semilla.
Allí la consigna era de desesperación:
«La Corte se lavó las manos, no los perdonamos», gritaron al unísono los manifestantes.
«La Corte se lavó las manos, no los perdonamos», gritaron al unísono los manifestantes.
