El anuncio añadió un nuevo imprevisto a las elecciones más accidentas de la era modera en el país centroamericano, como las calificó la víspera la presidenta del TSE Irma Palencia y que pusieron en duda la resistencia de la democracia del país.
CIUDAD DE GUATEMALA — La Corte de Constitucionalidad de Guatemala concedió el jueves un amparo al Movimiento Semilla que le protege hasta que haya resolución definitiva de la orden judicial que dejó en suspensión su personalidad jurídica, ante la crisis política electoral agudizada en el país por la orden judicial contra el partido político que irá a segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Horas antes, la candidata presidencial Sandra Torres se solidarizó con su competidor Bernardo Arévalo y anunció la suspensión de su campaña electoral. “Yo como candidata quiero competir en igualdad de condiciones” para el balotaje del 20 de agosto, dijo Torres. “Queremos manifestar nuestra solidaridad con los votantes del partido Semilla y también con los que salieron a las urnas”, agregó.
El Registro de Ciudadanos, ente de inscripción de candidaturas en Guatemala, confirmó que la Corte de Constitucionalidad había otorgado al partido de Arévalo el amparo provisional que ellos habían solicitado por considerar que el juez no tenía competencia para conocer.
Recordó que la ley electoral guatemalteca refiere que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”.
¿Cómo reaccionó la sociedad civil guatemalteca a la cancelación del Movimiento Semilla?
La Fiscalía de Guatemala allanó el jueves en la mañana las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un día después de la decisión judicial que suspendía la personalidad jurídica del Movimiento Semilla por haberse constituido como partido presentando presuntamente firmas falsas, como parte de la sucesión de últimos capítulos de una crisis política tras los comicios del 25 de junio.
Poco después del anuncio de Torres, el TSE emitió un comunicado en el que afirmó que “ante cualquier intento de interferir el proceso electoral mediante la judicialización o cualquier otra vía… se asistirá de la vigencia plena del sistema de gobierno democrático reconocido en la constitución”.
A su vez remarcó que en lo que se refiere a la conformación y funcionamiento de los partidos políticos legalmente constituidos “la única norma aplicable en la materia es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional”.
Desde el Registro de Ciudadanos, su titular Ramiro Muñoz pidió un “voto de confianza para el TSE; hemos sido atacados, pero creo que de parte de medios, organizaciones nacionales e internacionales y, en general, de todo el pueblo de Guatemala, hemos hecho nuestro mejor trabajo y lo seguiremos haciendo”.
Y adelantó que se ha presentado ya un “amparo” en los tribunales contra la decisión del juzgado “ante un hecho histórico que está marcando a toda la nación”.
Rechazo generalizado
Las acciones de la fiscalía recibieron reacciones de rechazo de sectores religiosos, empresarios, estudiantes, académicos, de la cooperación internacional, políticos, misiones de observación y de gobiernos como México, Estados Unidos e Inglaterra.
“Exigimos que se respete el resultado de las elecciones… que se realice la segunda vuelta electoral el 20 de agosto con los dos binomios más votados tal como lo manifestó el Tribunal Supremo Electoral”, se pronunció la Conferencia Episcopal de Guatemala.
Desde la Casa Blanca, se consideró “positiva” la proclamación de resultados. Pero, en una declaración de Phil Gordon, asesor para asuntos de seguridad del presidente Joe Biden, se cuestionó el “intento del Ministerio Público de revocar el estatus legal de un partido político de cara a la segunda vuelta, socavando la voluntad de la población y la legitimidad de la elección”.
El bloque del G-13, formado por países y organismos multilaterales, expresó en un comunicado de prensa “su profunda preocupación por las acciones que ponen en alto peligro la máxima autoridad del TSE”.
Organizaciones no gubernamentales, a través del colectivo Acción Ciudadana, presentaron querellas contra el juez y el fiscal que conducen la investigación contra el partido Semilla argumentando abuso de poder.
Arévalo, por su parte, dijo que las acciones de la Fiscalía y del juez “no están entre sus facultades” y agregó que “lo que intenta es sembrar la duda sobre nuestra honestidad”.
La víspera el TSE oficializó los resultados electorales tras dos semanas de reclamos jurídicos que alargaron el proceso y confirmó la segunda vuelta entre Arévalo y Torres, candidata de la derechista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y ex primera dama.
Pero minutos antes de que el TSE diera a conocer su decisión, la Fiscalía Especial contra la Impunidad informó en Twitter que, por petición suya, un juez había suspendido la personería jurídica del Movimiento Semilla.
En la conferencia en la que oficializó los resultados de las elecciones, Palencia dijo que lo resuelto por el juez no había sido notificado al tribunal. “Es algo que nos preocupa… porque nosotros sabemos que las elecciones se ganan en las urnas, derivadas del sagrado sufragio de los ciudadanos y para eso estamos trabajando desde hace mucho”, dijo Palencia.
Según la Fiscalía existen indicios de que presuntamente más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla con la falsificación de su letra y firma. Semilla necesitaba 25.000 firmas para constituirse como partido político, pero en la denuncia no se indica cuántas rúbricas se presentaron ante la autoridad electoral.
El Movimiento Semilla, fundado y liderado por Arévalo, dio la sorpresa en las urnas en los comicios en los que participaron 19 binomios presidenciales de derecha de un total de 22. Cuando inscribió su candidatura en el plazo previsto, no hubo impedimentos para que participara en la elección de hace dos domingos. Con información de la VOA. #Elecciones 2023.