ÉLITES Y CRIMEN/14 JUL 2023 POR PETER APPLEBY
InSight Crime
Funcionarios judiciales guatemaltecos hicieron un nuevo intento por descarrilar las elecciones presidenciales a favor del actual régimen, que ya no puede confiar en el apoyo de sus aliados corruptos.
La noche del 12 de julio, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, anunció la suspensión del Movimiento Semilla, cuyo candidato, Bernardo Arévalo, sorprendió al establecimiento político el 25 de junio, al superar la primera ronda de votación en las elecciones presidenciales. Curruchiche anunció que la FECI abriría un caso contra el partido por falsificación de firmas durante la conformación oficial de Semilla.
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Momentos después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano veedor de las elecciones en Guatemala, contradijo el anuncio de la FECI.
La autoridad electoral anunció que después del reconteo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, se ratificaban los resultados de la primera vuelta. Arévalo había quedado en segundo lugar y enfrentaría a la vencedora Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en la segunda vuelta programada para el 20 de agosto.
Unos días antes, esa corte, llena de aliados del actual presidente Alejandro Giammattei, había tomado la medida sin precedentes de exigir un reconteo de los votos después de las quejas de fraude electoral presentadas por nueve partidos políticos, incluido UNE.
La mañana del 13 de julio, el Ministerio Público allanó las oficinas del TSE. El Tribunal se ratificó en su posición sobre el resultado de la primera vuelta, y expresó su deseo de que se respete el proceso democrático.
En Ciudad de Guatemala, la capital del país, estallaron varias protestas, incluso, frente a la sede del Ministerio Público con arengas de los manifestantes que llamaban terrorista a la fiscal general Consuelo Porras. Cabe anotar que Porras y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, fueron sancionados por Estados Unidos, que los incluyó en su lista Engel de actores corruptos.
Luego, en un inesperado giro varias horas después, la Corte de Constitucionalidad falló a favor del Movimiento Semilla. Este fallo pone en suspenso temporalmente la investigación de la FECI y permite la celebración del balotaje en los términos previstos. El 14 de julio, la Fiscalía ha publicó un comunicado de prensa en el que promete seguir investigando a Semilla, pero afirma que no interferirá en la fecha de la segunda vuelta electoral.
Al término de ese caótico periodo de 24 horas y de un sinnúmero de fallos constitucionales contradictorios, el país quedó estupefacto y sin saber qué esperar.
“Que los tribunales se metan con los procesos de inscripción de candidatos presidenciales no es algo nuevo”, dijo Edgar Ortiz Romero, experto guatemalteco en derecho constitucional y consultor en riesgos políticos. “Pero que los tribunales se metan con el conteo [de votos] es un fenómeno muy nuevo y muy preocupante”.
Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han expresado inquietud por la interferencia de las élites corruptas en el proceso electoral. Entre ellas, el Departamento de Estado estadounidense, que publicó un comunicado donde expresaba su preocupación por el intento de suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla.
“Debe respetarse la voluntad del pueblo guatemalteco, como se expresó en los resultados de las elecciones del 25 de junio”, decía.
Análisis de InSight Crime
El fallo de la suspensión y las acciones del Ministerio Público no tienen precedentes y representan lo que parece ser un intento más de las redes de corrupción vinculadas al actual régimen por revertir el sorpresivo resultado de la primera vuelta.
Según Romero, el fallo del Ministerio Público contra el Movimiento Semilla fue ilegal.
“La única autoridad que puede suspender un partido es el Registro Civil [dependencia del TSE]”, señaló. “No hay manera y no hay motivo para que un juez penal o civil suspenda un partido. Eso va en contravía total y abierta con la constitución y el derecho electoral”.
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Los nueve partidos que denunciaron fraude después de la primera vuelta de elecciones hacen parte de una alianza formada en torno al presidente Alejandro Giammattei. Estos partidos, incluido UNE, Valor y Cabal, hacen parte de una dinastía política que tiene sus raíces en el Ejército, los cuales cooptaron las instituciones del Estado al terminar la guerra civil en el país (1960-1996). Los partidos y sus aliados en el sector judicial también son conocidos por la prensa local como el Pacto de Corruptos.
Estas redes corruptas han logrado hasta ahora mantener al margen a quienes no pertenecen a su grupo. En estas elecciones, varios rivales, incluido el candidato que punteaba en las encuentas Carlos Pineda, fueron descartados, con base en argumentos dudosos, por la Corte de Constitucionalidad y otros entes tomados por los aliados del Pacto.
Sin embargo, a medida que los intentos de boicotear los resultados de las elecciones se tornan desesperados, el Pacto de Corruptos parece tambalearse.
En años anteriores, los miembros del TSE han sido designados por las redes corruptas que conforman el pacto, a pesar de carecer de calificaciones. Como resultado de eso, el TSE ha emitido varios fallos cuestionables a favor de los políticos del establecimiento, incluida Torres. Pero esta vez, sin embargo, se pronunció contra la FECI y la Corte de Constitucionalidad.
De igual modo, la Corte no sostuvo la suspensión del Movimiento Semilla fallada por el Ministerio Público a pesar de que varios de los aliados más acérrimos de Giammattei ocupan cargos en ella. Una de ellas es Leyla Lemus, quien anteriormente fue secretaria privada de Giammattei, y Roberto Molina Barreto, exfórmula presidencial de Zury Ríos, otra candidata e hija del exdictador Efraín Ríos Montt.
Incluso la UNE, que contó con el firme apoyo del partido Vamos de Giammattei en el Congreso, y que denunció fraude en la primera vuelta pese a encabezar las votaciones, ha cambiado su percepción. En un comunicado de prensa divulgado el 13 de julio, el partido declaró que deberían mantenerse los resultados del 25 de junio.
Fuera de la política, los pilares de la élite conservadora también están revisando sus posiciones. Los grupos empresariales y sociales más influyentes del país, como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), se pronunciaron a favor de los resultados del 25 de junio.
El fallo de la Corte de Constitucionalidad es solo temporal, por lo que la incertidumbre que azota el proceso electoral del país continúa por ahora. Sin embargo, parece que el rostro del Pacto de Corruptos podría estar resquebrajándose. ÉLITES Y CRIMEN GUATEMALA.InSight crime. #Elecciones 2023.