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Remover a Consuelo Porras es una de las intenciones del gobierno de Bernardo Arévalo, pero no su prioridad. La Secretaría General de la Presidencia concluye que el mandatario no tiene la facultad para destituirla. El cargo que ocupa Porras tiene un candado del cual Arévalo no encuentra la llave y ahora la busca en el Congreso. De momento, el oficialismo está resignado a convivir con su verdugo: la fiscal que intentó anular los resultados electorales. La continuidad de la jefa del Ministerio Público (MP) supone, para el Movimiento Semilla, cinco derrotas.
El 23 de agosto pasado, Bernardo Arévalo recién había ganado la segunda vuelta presidencial y aseguró que en la sociedad guatemalteca habría un reacomodo, que los decentes y honrados se sentirían menos intimidados tras su llegada al poder. Veinte días después le exigió, por primera vez en público, la renuncia a Consuelo Porras por «asaltar la Constitución» y dijo que solo la salida de la fiscal general del MP garantizaría el orden constitucional del país.
Aunque Arévalo lleva poco más de un mes al frente del poder Ejecutivo, un sistema de justicia no se recupera en ese tiempo y esa labor no solo depende de él. Durante la campaña electoral Arévalo capitalizó el disgusto de la población hacia la «justicia cooptada por una élite corrupta»; sin embargo, la criminalización contra periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia continúa y la renuncia de la fiscal general se ve lejana, el oficialismo lo admite.
Este es el recuento de cinco batallas perdidas del gobierno en su tentativa para que la fiscal Porras deje el cargo.
Derrota 1. Consuelo Porras no renunció y el gobierno convive con ella
La jefa del MP no cedió ni un milímetro. No dio espacio siquiera para que el presidente Bernardo Arévalo le solicitara dimitir. 72 horas después de asumir la Presidencia, Arévalo adelantó en una entrevista en CNN en Español que citaría a la fiscal general a la Casa Presidencial y que ese mismo día le pediría la renuncia en su despacho. El 24 de enero, Porras salió al paso y aseguró, en un video pregrabado, que aunque el presidente se lo solicitara, no dejaría el cargo.
Cinco días después del video de Porras, el encuentro entre el presidente y la fiscal general fracasó. Porras solo llegó a la sede del Ejecutivo para decir que no participaría en una reunión con el mandatario y sus ministros.
Arévalo dio un timonazo en su discurso. Se limitó a decir que la citación no tenía como objetivo pedirle la renuncia, que la solicitud ya estaba «sobre la mesa» y que era decisión de Porras aceptarla, o no. Cuando Plaza Pública le preguntó en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura si, como presidente constitucional de la República, le pediría la renuncia a la funcionaria como lo ofreció, Arévalo evadió la interrogante y al insistirle, respondió con gestos y se incomodó.
Los abogados constitucionalistas Édgar Ortiz y Gabriel Orellana coinciden en que el presidente no incurre en delito al pedirle la renuncia a la fiscal general, pero consideran que en esta coyuntura la solicitud sumiría al país en una nueva crisis y al Ejecutivo en un desgaste innecesario, porque la actitud de Arévalo puede ser una oportunidad para la oposición de señalarlo de interferir en la autonomía del MP.
La primera vez que Arévalo le exigió la renuncia a Porras, al fiscal Rafael Curruchiche y al juez Fredy Orellana fue cuando aún era presidente electo, el 12 de septiembre de 2023. Ese día la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) allanó una de las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), abrió las cajas que contenían los votos de la primera vuelta electoral y recontó los sufragios, un procedimiento ilegal.
Las solicitudes de Semilla para que Porras renunciara solo las hizo por medio de comunicados, conferencias de prensa y entrevistas. Nunca hubo ninguna carta en la que Arévalo le pidiera la dimisión a la fiscal general, confirmaron a Plaza Pública los departamentos de comunicación del MP y de la Presidencia de la República, así como el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero.
Esta fue la primera derrota para el oficialismo. Consuelo Porras no renunció como tanto se lo exigió el Movimiento Semilla, y como lo pidieron los pueblos indígenas a lo largo de 106 días frente a la sede central del MP.
El presidente Arévalo tampoco pudo pedirle la renuncia a la fiscal como lo tenía planeado el 29 de enero cuando Porras acudió a la Casa Presidencial, su visita duró 25 minutos, según un registro compartido por la seguridad presidencial a este medio.
Ahora, el único enlace entre el MP y el Ejecutivo es el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien fue delegado por el gobernante para coordinar el apoyo a las investigaciones. Jiménez fue blanco de críticas en redes sociales por su actitud hacia Porras en la primera reunión de coordinación con la fiscal general, a quien abrazó y le sonrió según se observa en una fotografía que el MP publicó.
Las críticas hacia el ministro aumentaron porque la imagen muestra afecto del gobierno hacia la fiscal acusada por los integrantes del propio Ejecutivo de ser «golpista y corrupta». En una conversación telefónica para esta publicación, Jiménez negó que haya abrazado a Porras y sostuvo que su relación con la Fiscalía es exclusivamente técnica y operativa.
«No hubo abrazo en ningún momento y mucho menos efusivo. Lo que salió en la fotografía es que yo me estoy acercando a darle la mano y estoy extendiendo el brazo izquierdo para sostener el brazo donde me iba a dar la mano, como un gesto que uno normalmente hace cuando saluda, no hubo un abrazo ni mucho menos. Si hubiera habido un abrazo, se lo diría sin ningún inconveniente porque no creo que sea una cuestión políticamente incorrecta abrazar a alguien», justificó el funcionario.
El ministro de Gobernación podría tener un conflicto de interés en esta relación. Jiménez dijo a Plaza Pública que la investigación en su contra por la supuesta contratación anómala, en 2008, del servicio para imprimir el DPI, fue cerrada en octubre de 2023. El MP de Consuelo Porras no apeló el desistimiento.
El caso contra Jiménez se remonta a la época cuando fue ministro de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Colom. Debido a su cargo, integró el Directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap) que para entonces contrató a Easy Marketing, S.A. para la producción del DPI.
El funcionario, los demás integrantes del directorio y una comisión licitadora avalaron la contratación, pese a que la empresa tenía un año de haberse creado y que fue constituida con un capital de 5,000 quetzales, según una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Derrota 2. El Ejecutivo dice que no puede remover a la fiscal general
El Ejecutivo quiere destituir a Consuelo Porras, pero su conclusión es que no puede hacerlo porque el cargo de la fiscal tiene una coraza infranqueable. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el presidente de la República puede remover a la fiscal general solo si la jefa del MP es condenada por un delito doloso durante el ejercicio de sus funciones.
Además, la sentencia condenatoria debe estar en firme, es decir sin ningún trámite legal pendiente, y para que esto último ocurra pueden pasar varios años. Eso significa que seguir el procedimiento de destitución de Porras con la ley actual puede tardar más de lo que a ella le resta de periodo, que termina el 15 de mayo de 2026.
El secretario general de la Presidencia lo resumió así en una entrevista con Plaza Pública: «Quisiéramos someter a un proceso para destituir a la fiscal general, pero no lo podemos hacer porque, legalmente, a partir de la reforma de 2016, el presidente de la República no está facultado para poder destituirla […]. En su momento el presidente le pidió la renuncia, es lo más que podemos hacer hasta ahora».
Las declaraciones de Juan Gerardo Guerrero desdicen en parte a Arévalo, quien aseguró en la entrevista con CNN en Español tres días después de asumir la Presidencia, que si Consuelo Porras no dimitía, con las normas actuales buscarían apartarla del puesto. «En el caso de que no haya renuncia, empezaremos a emprender toda acción legal posible dentro del marco constitucional vigente, para alcanzar la remoción de la fiscal», indicó el mandatario.
El secretario general fue uno de los principales abogados del Movimiento Semilla durante la campaña electoral de 2023 y estuvo al lado de Arévalo las veces que este exigió la renuncia a Porras, a quien acusó de promover un «intento de golpe de Estado».
El fiscal Rafael Curruchiche aseguró, 38 días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, que las elecciones generales «deberían anularse» por supuestas ilegalidades, aunque Plaza Pública evidenció que en realidad el MP concentró su acusación donde el partido Semilla ganó la mayoría de cargos y que la investigación de la Fiscalía fue una colección de inconsistencias y contradicciones.
Guerrero tiene dos opiniones sobre la situación entre el gobierno y la fiscal general: una es personal, con la que asegura que el intento de Porras para anular los resultados de los comicios es una causa justificada y suficiente para removerla. En cambio, su versión institucional lleva cautela: «Hemos dicho que somos garantes de la Constitución, del principio de legalidad y del principio de juridicidad y por ende, mientras el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP esté redactado tal cual, nosotros no podemos removerla del cargo y vamos a respetar la normativa».
Sin embargo, el exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en el exilio desde julio de 2021 cuando fue destituido por Consuelo Porras, opina diferente al secretario de Arévalo.
«Lo que debe de analizarse, y entiendo que es la vía y el camino que está buscando el equipo jurídico del gobierno, es buscar el mecanismo de destitución o de salida de Consuelo Porras, porque una interpretación primaria del artículo 14 de la Ley Orgánica del MP le puede decir a usted que solo puede removerla por sentencia condenatoria firme por delito doloso. Sin embargo, eso no es lo que expresa la Constitución, sino que esta estipula “por causa justificada” y entonces ahí el equipo jurídico tendrá que analizar. Yo tengo mi propio análisis, no lo voy a hacer público. Pero considero que él (el presidente) sí la puede destituir, porque tampoco es una monarca», dijo Sandoval.
Pero el Ejecutivo también analiza el camino legal luego del posible «fraude de ley» en el que incurrió Porras el 29 de enero, cuando se negó a participar en el Consejo de Ministros y el Gabinete de Gobierno para el que fue citada por el presidente de la República. Sin embargo, si el gobierno decide denunciar a Porras con la intención de empezar así un proceso de destitución, la ruta siempre terminará en el blindaje que representa la Ley Orgánica de la Fiscalía.
Guerrero aseguró que el artículo 14 de la ley interior del MP (modificado en febrero de 2016 para que el gobierno de Jimmy Morales no pudiera destituir a la entonces fiscal Thelma Aldana) fue una «mala reforma» porque hoy es una caja fuerte difícil de descifrar. Según el secretario, la única salida para destituir a Consuelo Porras que hoy ve el Ejecutivo es que el Congreso le de la llave del candado que protege a la fiscal general.
Sin embargo, hay quienes dudan que sea una buena idea legislar de nuevo sobre la coyuntura, como ocurrió hace ocho años. Tampoco comparten del todo la opinión sobre que blindar al jefa del MP para que sea inamovible y que su independencia tenga un alto nivel, sea algo «malo» como lo sostiene el secretario general de Arévalo.
«Vemos que la ley está bien amarrada, la hicieron para Thelma Aldana. Ahora tenemos que hacer una reforma pensando en la nueva fiscal y dejar de creer en un futuro que puede llegar una persona correcta (al MP), que haga un buen trabajo, que vamos a necesitar blindarla en un futuro y vamos a tener que volver a hacer una reforma legal. Las coyunturas políticas son complicadas. A veces podemos hacer reformas legales necesarias y a veces no se puede», apuntó la abogada y excandidata a fiscal general Ilse Álvarez, en una entrevista en Emisoras Unidas.
Plaza Pública intentó contactar a Aldana para que opinara sobre la reforma que blindó el puesto que ocupó anteriormente, pero no respondió los mensajes enviados.
En el Legislativo aún no empieza la discusión sobre el cambio de ese artículo, aunque ya hay una iniciativa en puerta, la 6300 que propone eliminar el cerrojo que representa la obligación de una sentencia firme contra la persona que ocupe la Fiscalía General, para que el jefe del Ejecutivo pueda removerla. La iniciativa de ley se presentó en octubre pasado, pero el pleno del Congreso dio el primer paso para su debate un día después de la malograda reunión entre Porras y Arévalo.
Mientras esa reforma no ocurra, el gobierno de Arévalo se ve obligado a convivir con la fiscal que intentó derribar al gobierno electo en 2023. «No es resignación. Si ella (Porras) no quiere renunciar, yo esperaría que adecúe su política para que sea del interés colectivo de los guatemaltecos y basada en el fin del Estado de Guatemala que es la realización del bien común. No estamos para peleas entre la fiscal general y el Ejecutivo. Necesitamos coordinar para construir Estado, no seguir en peleas que realmente no aportan nada para Guatemala», sostuvo Guerrero.
Derrota 3. Un oficialismo sin bancada, sin junta directiva y sin comisiones
«Saben que el mandato para el cambio necesita de la presencia de la bancada del Movimiento Semilla y por eso quieren cancelarlo (al partido) ilegalmente», aseguró el 8 de diciembre el entonces presidente electo Bernardo Arévalo, en una conferencia de prensa.
La declaración fue una respuesta a la Feci del MP, que ese día empezó la última batalla, previo a la toma de posesión, contra el partido ganador de las elecciones.
Que el Movimiento Semilla se haya quedado sin presidir ni integrar la junta directiva del Congreso, sin derecho a dirigir comisiones de trabajo en el Legislativo y sin bancada tiene un mismo origen: el MP de Consuelo Porras.
El debilitamiento del nuevo oficialismo en el Legislativo se debe a la suspensión del partido Semilla que el juez Séptimo Fredy Orellana ordenó la tarde del 12 de julio de 2023, dos horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hiciera oficial que el Movimiento Semilla se enfrentaría en el balotaje contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Orellana se basó en la Ley Contra la Delincuencia Organizada para ordenar la suspensión del partido que postuló al hoy presidente de la República. Esta norma fue creada como herramienta jurídica para combatir grandes redes criminales, no para regular a las organizaciones políticas.
El TSE no suspendió de inmediato al Movimiento Semilla. Tras varias acciones legales, la sanción empezó el 31 de octubre de 2023, cuando oficialmente concluyó el proceso electoral.
Esa situación la aprovechó la Feci. Curruchiche inmediatamente notificó la suspensión al Congreso, cuya directiva estaba controlada por los partidos que orbitaban alrededor de Alejandro Giammattei.
Lo anterior provocó que los legisladores electos por Semilla asumieran sus cargos como «independientes» y aunque el nuevo oficialismo logró el 14 de enero dar un contragolpe para arrebatar la directiva del Legislativo y posteriormente recobrar su estatus como bancada, 72 horas después la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló esa votación y los diputados del Movimiento Semilla de nuevo se convirtieron en «independientes».
Pese a que el partido Semilla no cuenta con integrantes en la directiva del Congreso y que por ser «independientes» no pueden presidir comisiones de trabajo e impulsar con contundencia temas de interés para el Ejecutivo, como el Presupuesto General de la Nación o la misma propuesta de ley para reformar la Ley Orgánica del MP, el diputado Samuel Pérez aseguró que la batalla contra Porras no está perdida.
«Yo más bien diría que quien perdió la batalla fue ella. El presidente asumió. Ella intentó por todas las vías impulsar un golpe de Estado desde el Ministerio Público y no lo logró. Nosotros tenemos aquí a los 23 diputados y diputadas de Semilla en el Congreso, el presidente tiene ya a su equipo trabajando. Yo creo que lo que fracasó fue el intento de golpe de Estado que lideró la fiscal general», dijo Pérez.
Samuel Pérez Álvarez: «Yo más bien diría que quien perdió la batalla fue ella. El presidente asumió. Ella intentó por todas las vías impulsar un golpe de Estado desde el Ministerio Público y no lo logró (…)»
Sin embargo, el legislador de Semilla se contradijo cuando habló sobre la actitud de Porras: «Sigue siendo un tema preocupante que haya una persona que no solo ha estado liderando el detrimento de la democracia en Guatemala, sino que además esté dejando desatendido el resto de casos que no tienen que ver simplemente con corrupción o impunidad, ahorita la criminalidad no se ha atendido desde el Ministerio Público y más bien ha estado intentando avanzar el proceso de destrucción del Estado de Derecho».
El bloque oficialista busca revertir esta otra derrota a manos del MP de Consuelo Porras. El 20 de febrero presentaron una iniciativa que busca reformar la Ley Contra la Delincuencia Organizada, para que un juez no pueda suspender ni cancelar un partido político basado en dicha norma.
Derrota 4. Sin acceso al expediente del caso «Corrupción Semilla»
Hace once meses que la Feci tiene en su poder la carpeta del caso «Corrupción Semilla». El proceso se inició por la denuncia de la supuesta falsificación de una firma para incluirla en las hojas de adhesión que usó, en 2018, el comité para formar el partido Movimiento Semilla. Antes de llegar a la Fiscalía Especial, la investigación estuvo asignada a la Fiscalía de Delitos Electorales.
En esta otra batalla que perdió Semilla, el uso de la Ley Contra la Delincuencia Organizada es clave para la Feci. La tesis del MP se centra en acusar a Semilla y a empleados del TSE de supuestamente conformar una red criminal que inscribió de manera anómala un partido político y luego propició impunidad.
Bajo esa acusación de red criminal, sobre la que la institución que dirige Porras solo ha hecho públicas inconsistencias, la Fiscalía justifica que la investigación siga en la Feci porque, en teoría, esta investiga complejos entramados de corrupción y criminalidad.
Después de casi un año y pese a que el MP ya hizo pública parte de la investigación y que el Juzgado Séptimo condenó a un empleado del TSE el 11 de diciembre de 2023 y a dos trabajadoras más el 14 de febrero pasado, el partido Semilla continúa sin acceder al expediente.
La diputada Andrea Reyes, electa en 2023 con el partido Semilla, indicó que a pesar de la batalla legal que han emprendido, el juez Orellana se ha negado sistemáticamente a proporcionarles la carpeta judicial y eso les impide defenderse.
Cuando Plaza Pública le preguntó a Reyes si la permanencia de Consuelo Porras al frente de la Fiscalía General era una derrota para el oficialismo, la legisladora respondió:
«No. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hay acceso a la justicia, que no hay derecho de defensa, no que nos acusen de delitos […], el problema real es el derecho de defensa: que se nos permita poder ir a la Fiscalía, saber de qué se nos acusa, podernos oponer en el juzgado, tener los elementos para poder hacer eso, pedir elementos de descargo en el Ministerio Público. Siento que no es mucho pedir, pero es lo que se nos ha negado sistemáticamente. Eso es más grave que si la fiscal está, o no está».
«Esa misma actitud Consuelo Porras la ha tenido no solo con Semilla. La tuvo con el fiscal Juan Francisco Sandoval, con la fiscal Virgina Laparra, con Claudia González, con Jose Rubén Zamora… a un montón de gente criminalizó por oponerse a su forma de actuar y de ser», agregó la diputada quien integró el equipo legal de Semilla durante la campaña electoral pasada.
Derrota 5. La «fórmula» de la persecución política sigue intacta
Otro de los discursos con los que Bernardo Arévalo se granjeó simpatías durante su campaña electoral fue su posicionamiento a favor de periodistas, operadores de justicia, activistas y defensores de derechos humanos criminalizados y exiliados durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Arévalo aseguró que con su llegada a la silla presidencial desaparecería una de las variables de la ecuación que empujó la persecución política contra estos actores, a manos de la alianza Giammattei-Porras y que, por consiguiente, las acciones de la fiscal general serían distintas a partir de 2024. También sostuvo que tras el cambio de mando presidencial los expatriados tendrían la libertad de volver al país.
El presidente, incluso, habló de «recuperar el control sobre el Ministerio Público», algo que contradice el principio de autonomía del MP, aunque la independencia de dicha institución ha sido ampliamente cuestionada durante la gestión de Porras.
«Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto se haga en el caso de que nosotros recuperemos el control sobre el Ministerio Público. Pero en todo caso, lo que ya terminó desde el 14 de enero es la presión política que existía desde el Ejecutivo sobre el MP para ejercer persecución contra muchas de estas personas. Ya solo con ese elemento que desaparece de la fórmula vamos a poder, creo yo, empezar a ver actitudes distintas alrededor de la situación en la que se encuentran estos guatemaltecos y guatemaltecas que han tenido que huir por la persecución política de la corrupción», declaró el presidente el 17 de enero en la entrevista que concedió a CNN en Español.
Por el momento, las actitudes distintas que previó Arévalo no son palpables.
El medio Prensa Comunitaria reportó que la Fiscalía intentó que se emitieran nuevas órdenes de captura contra el exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval; la exjueza Érika Aifán y la ex fiscal general del MP, Thelma Aldana (todos en el exilio), por una denuncia de un acusado en el caso Fénix, una investigación por presunto blanqueo de 232.7 millones de quetzales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), durante el gobierno de Alfonso Portillo. La solicitud del MP llegó a la Corte de Constitucionalidad (CC) donde fue denegada el 20 de enero último.
Además, en otros dos casos que han servido para inflar el discurso de «fraude electoral» y las acusaciones contra el Movimiento Semilla; el de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y el de la compra supuestamente sobrevalorada del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), han empeorado la situación de los sindicados en estas causas.
En el primero, el MP logró que una sala de apelaciones agregara un delito más grave a seis personas procesadas, entre ellos decanos, estudiantes, profesores y una excandidata a diputada de Semilla. Mientras que en el segundo, la Fiscalía retrasó el proceso contra cuatro magistrados titulares del TSE señalados de la supuesta compra anómala del TREP, adquirido por 148.8 millones de quetzales, al lograr que una sala de apelaciones nombrara una nueva jueza en el caso.
La criminalización contra periodistas por hacer su trabajo también persiste. El caso más mediático es el de Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, en prisión desde el 29 de julio de 2022. Pero no es solo él, pues el MP de Porras insiste en perseguir penalmente a reporteros, editores y columnistas que publicaban en el diario de Zamora. Hay al menos 25 periodistas en el exilio según datos de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) en una publicación de la Agencia Ocote.
El primer pulso contra Consuelo Porras lo perdió Bernardo Arévalo. La fiscal general no renunció, el gobierno no encontró la fórmula para destituirla, el Movimiento Semilla continúa suspendido y sin acceso al expediente del caso con que el MP lo tiene contra las cuerdas, y los casos de persecución política avanzan.
El segundo combate se librará en el Congreso en busca de la llave que acorte el camino para la salida de Porras del Ministerio Público.
El exfiscal Juan Francisco Sandoval lo tiene claro. Hay poco tiempo para rescatar la justicia, dijo: «Creo que si el gobierno quiere sobrevivir y gobernar, tendrá que adoptar el primer paso para el rescate del sistema de justicia […]. No es la solución, pero el primer paso para el rescate del sistema de justicia es la salida de Consuelo Porras». #Política.
