El 15 de octubre, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le informó al ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa de México durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), había sido arrestado en el aeropuerto internacional de Los Ángeles.

La orden de arresto de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) se produjo después de que Cienfuegos, apodado “El Padrino”, fuera acusado de tres cargos de conspiración para traficar drogas y un cargo de lavado de dinero, según una acusación presentada en agosto de 2019 en el Distrito Este de Nueva York.

Los cargos se derivan de acusaciones de que el general se coludió con el Cartel H-2 entre 2015 y 2017, según documentos judiciales. El Cartel H-2, que se desprendió de la Organización Beltrán Leyva, solía ser dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, quien fue asesinado a tiros por los marines mexicanos a principios de 2017.

Los fiscales federales de Estados Unidos acusan al general Cienfuegos de utilizar su “posición pública para ayudar al Cartel H-2 a […] operar con impunidad” a cambio de sobornos, según una carta del 16 de octubre de los fiscales dirigida a la jueza del Distrito Este, Carol B. Amon.

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Las pruebas aportadas incluyen “miles de comunicaciones [interceptadas] de Blackberry Messenger” que demuestran que Cienfuegos ayudó a que las operaciones militares no se dirigieran al grupo, sino que por el contrario se orientaran a atacar a organizaciones rivales, conseguir transporte marítimo para cargamentos de drogas, advertir al grupo sobre las investigaciones policiales de Estados Unidos y relacionar a los integrantes del grupo con otros funcionarios mexicanos corruptos, según afirman los fiscales.

La ayuda de Cienfuegos permitió que el Cartel H-2 operara sin “interferencia significativa del ejército mexicano”, lo que le permitió al grupo criminal ingresar “miles de kilos de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a Estados Unidos”, como sostienen los fiscales en la carta.

Cienfuegos no es el primer funcionario mexicano acusado de conspirar con el Cartel H-2. El exfiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia, fue arrestado en 2017 y sentenciado a 20 años de prisión por su papel en una conspiración de narcotráfico internacional con el grupo.

Si bien Cienfuegos es el miembro de más alto rango de las fuerzas armadas de México que enfrenta cargos de narcotráfico, es apenas uno de los más recientes funcionarios de seguridad de alto nivel en ser arrestado.

Genaro García Luna, secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012, fue acusado en 2019 de varios cargos de tráfico de cocaína. También se le acusó de aceptar sobornos del Cartel de Sinaloa, junto con dos agentes de policía de alto rango, Luis Cárdenas Palomino y Ramón García.

Análisis de InSight Crime

El arresto de Cienfuegos no tiene precedentes. Y el solo hecho de que ocurra es llamativo.

Desde hace mucho tiempo se ha acusado de corrupción a altos funcionarios militares, pero rara vez, o acaso nunca, han sido enjuiciados. Han pasado más de dos décadas desde que el general y exzar antidrogas Jesús Gutiérrez Rebollo fue arrestado y luego condenado por colusión con importantes traficantes de cocaína como Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el “Señor de los Cielos”.

Las fuerzas armadas de México han desempeñado durante mucho tiempo un papel central en la lucha del país contra las drogas. Dicho papel aumentó y se militarizó cada vez más en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició una arremetida oficial contra los grupos del crimen organizado.

Desde entonces, más de 200.000 personas han sido asesinadas en México como parte de la llamada guerra contra las drogas, y decenas de miles más han desaparecido. La acusación indica que Cienfuegos, mientras dirigía la principal institución en la lucha contra el crimen organizado durante la administración de Peña Nieto, supuestamente estaba coludido con los mismos criminales a los que debía atacar.

De hecho, el arresto de Cienfuegos cambia drásticamente la noción de “guerra”, en la que el Estado está en un lado y los grupos criminales en el otro. En realidad, estos actores están muy interconectados, manteniendo el orden y generando la violencia como una manera de normalizar condiciones que les son mutuamente beneficiosas.

Estados Unidos también debe dar bastantes respuestas. Con la detención de García Luna, y ahora con la de Cienfuegos, es cada vez más claro que los funcionarios de seguridad y del gobierno de Estados Unidos suelen trabajar con homólogos profundamente involucrados en el tráfico de drogas. La pregunta es entonces qué sabían y cuándo lo supieron. Las especulaciones sobre la corrupción en los altos niveles han estado presentes durante décadas, especialmente entre 2006 y 2012, durante la administración de Calderón.

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“Hubo varias alertas cuando Cienfuegos era general, y cuando fue nombrado ministro de Defensa en 2012, yo había oído rumores sobre su corrupción”, dijo Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, en comunicación con InSight Crime.

Esta no es precisamente la primera vez que Cienfuegos está en el centro de la controversia. En 2015, el exjefe del ejército dijo que sus soldados “no serán tratados como criminales”, al referirse a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El mes pasado, las autoridades emitieron órdenes de arresto contra los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen, incluidos miembros de las fuerzas armadas.

En 2014, Cienfuegos también rechazó las acusaciones de que sus tropas eran culpables de la denominada masacre de Tlatlaya, cuando los soldados mataron a 22 personas en lo que se consideró un “tiroteo”. En realidad, los soldados recibieron una orden directa de matar, según activistas de derechos humanos.

El arresto de Cienfuegos también se suma a la lista de funcionarios mexicanos que serán acusados en Estados Unidos y no en su propio país. Por lo tanto, no deberá responder por algunas de las graves violaciones a los derechos humanos de las que se le acusa mientras se desempeñaba como general en México.

Además, el ejército continúa siendo una de las instituciones más confiables de México y uno de los pilares de la seguridad interna. Un decreto firmado el pasado mes de mayo consolidó su lugar en la lucha contra los grupos criminales en el futuro próximo. Estados Unidos también instó recientemente a México a reforzar sus represiones, exigiéndole al gobierno mexicano que demuestre su “compromiso de desmantelar a los carteles y a sus empresas criminales”.

Lo que hace todo esto es garantizar que las fuerzas armadas permanecerán en la primera línea de batalla, a pesar de las noticias más recientes. CON INFORMACIÓN DE InSight Crime. #Narcotráfico.