Variadas han sido las propuestas que han recibido los integrantes de la Mesa Técnica que analiza las reformas al Decreto 22-2017, Ley del Banco de Datos Genéticos para uso Forense.
Esta instancia, que integran diputados al Congreso y autoridades de instancias como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Ministerio de Gobernación, Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Ministerio Público (MP), Refugio de la Niñez, entre otras, ha realizado un análisis técnico de esas propuestas.
Son aportes importantes para un proyecto de reforma que fortalecerá este Decreto, coinciden los integrantes de la mesa técnica, aunque actualmente existen disensos respecto al artículo 3, que en el segundo párrafo indica: “por ser un dato que protege el bien común y los derechos individuales de los sindicados inocentes y las víctimas, se autoriza que se tome la muestra de ADN de sangre de la persona sindicada, aunque esta lo rehúse”.
Es un artículo que ha generado opiniones encontradas, pues algunas posturas consideran que se puede violentar la presunción de inocencia, al grado que ya propició la interposición de un amparo y una acción de inconstitucionalidad por parte de autoridades del INACIF, pues no se determina la forma en que se tomarán las muestras.
En algo importante coinciden los miembros de la mesa técnica, lo trascendental de la normativa radica en que se ordena crear un Banco de Datos Genéticos para establecer de forma eficiente la participación o no del sindicado en hechos criminales, especialmente relacionados con delitos sexuales. Dichos perfiles darán certeza jurídica a los procesos.
DE LAS PROPUESTAS
En la primera reunión, profesionales de la Universidad del Norte de Texas, expertos en el tema de bancos genéticos, presentaron una propuesta marco de enmiendas que incluyen la separación de las bases de datos, es decir una específicamente para uso criminal y otra de búsqueda de personas con fin humanitarios, asimismo establece como método primario de extracción de muestras el hisopado bucal, entre otras.
De acuerdo con la diputada Alejandra Carrillo, quien encabeza esta instancia, ya se cuenta con la propuesta del Inacif, mientras que el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otras que forman parte de este diálogo enviarán sus propuestas para someterlas a análisis y elaborar el proyecto de ley.
“Estamos conscientes que esta Ley es importante, es una herramienta vital que nos da las garantías necesarias para un proceso legal, estamos trabajando de manera conjunta, lo cual permite integrar una propuesta que fortalezca esta norma”, explicó la parlamentaria.
En las reuniones celebradas se han discutido otras propuestas para mejorar el contenido de la normativa y que esta sea más efectiva, entre estas, contar con un registro de personas extranjeras que hayan sido condenadas por delitos sexuales en otro país y la ley no logra materializar como se puede ejecutar está acción.
Habrá una nueva reunión para continuar con el análisis de las propuestas ya presentadas y las que sean remitidas. “Además de elaborar esta reforma se está aprovechando para darle una solución a la inconstitucionalidad planteada contra la normativa, así subsanar los errores y fortalecer la Ley”, enfatizó el diputado Leonel Lira, miembro de esta sala. Con información de Sala de Prensa del Congreso de la República.