Los fiscales del MP hicieron bulla al disparar sus últimas municiones apresurados, incomodados y acorralados. Su misión era derribar los resultados del 25 de junio. En diciembre pasado presentaron una investigación con poca coherencia, aunque la llamaron «persecución penal estratégica». A pocos días del cambio de mando, en el MP están decididos a «solo doblar rodillas ante Dios». En la guerra que se convirtieron las elecciones de 2023 en Guatemala, así se marcó el principio de la última batalla antes del cambio de mando presidencial. Curruchiche no baja la guardia y apeló una resolución que lo obliga a garantizar el cambio de mando y recordó al Congreso que Semilla continúa suspendido.
Al fiscal especial Rafael Curruchiche le tiembla la mano izquierda que reposa sobre la mesa, mientras con la derecha empuñada y el índice semi extendido señala una y otra vez hacia las cámaras de los medios de comunicación. El lente que transmite en directo la conferencia hace zoom a Curruchiche, él arquea las cejas y sube el tono de voz en las partes que quiere resaltar de su discurso. Cuando se refiere a sus detractores suma otros gestos: hunde el rostro, frunce los labios y mueve la mano derecha en señal de rechazo.
La mano temblorosa del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) contradice el eslogan «Ministerio Público, fuerte y firme» que adoptó el MP desde hace tres meses, después de que arreció las investigaciones que intentaron poner en duda los resultados electorales y que el presidente electo Bernardo Arévalo calificó en reiteradas ocasiones como un «intento de golpe de Estado».
El escenario es la recepción del MP, el área más amplia de la sede central con capacidad para unas 300 personas. No usan el salón de conferencias de prensa —situado al lado del despacho de la fiscal general—, sino el espacio reservado usualmente para actos protocolarios, como presentaciones de informes anuales de trabajo. Con un podio, tarima y pantallas, el acto es eso: un informe de resultados de la investigación contra el partido ganador de las elecciones presidenciales.
A Curruchiche le tiembla la mano cuando increpa al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y tilda de «abusiva» la visita a Guatemala que en este mismo día —8 de diciembre de 2023— realizan senadores estadounidenses que cuestionan las acciones del MP. Le ocurrirá lo mismo antes de anunciar un nuevo antejuicio contra Arévalo, esta vez por lavado de dinero.
En la mesa también está el secretario contra la corrupción, Miguel Ávila; la fiscal de la FECI, Leonor Morales; y el secretario general del MP, Ángel Pineda, quien al inicio de la conferencia calificó este día como «histórico». Pero la plana mayor de la Fiscalía está incompleta: falta la fiscal general Consuelo Porras.
Momentos antes, Pineda señaló que Guatemala ha sido víctima de «una estructura criminal perversa». No dio nombres sobre la supuesta red, pero de las exposiciones de los fiscales y del discurso repetido durante seis meses, se inferirá que el secretario aludió al partido Semilla.
Al contrario que el fiscal especial, Pineda leyó su discurso al pie de la letra. Su tono fue pausado y uniforme; aunque en su contenido, provocador como el de Curruchiche.
Pineda y Curruchiche tienen motivos para expresar su descontento hacia funcionarios de Estados Unidos. Ambos fueron sancionados por el gobierno norteamericano, que los señala de obstruir investigaciones por actos corruptos.
La intervención de Pineda fue también una arenga previo a que, a 38 días del cambio de mando presidencial, el MP disparara lo que guardó desde septiembre de 2023 contra el partido de Arévalo: «No vamos a dar un paso atrás […] Doblaremos las rodillas solo ante Dios, con la ley en la mano», dijo.
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La FECI y su discurso
Durante las dos horas y veinte minutos que la FECI usó para explicar el caso «Corrupción Semilla», los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales redundaron en que Semilla conformó una estructura criminal y que funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cometieron ilegalidades al oficializar votos de la primera vuelta, celebrada el 25 de junio de 2023.
La presentación la dividieron en tres fases: en la primera repitieron la acusación contra Semilla de haber falsificado firmas y adherir a personas fallecidas para constituirse como partido, en 2018. Esta parte se conocía desde el 12 de julio de 2023, pero esta vez sirvió para que Morales anunciara otros antejuicios: contra Arévalo y el diputado Samuel Pérez, quien hace seis años fue el secretario del comité para conformar la organización política.
Esta parte de la conferencia también fue la repetición del discurso adelantado en un canal de televisión.
Tres meses antes del evento del podio, la tarima y las pantallas en el lobby del MP, la Fiscalía Especial reveló por completo su tesis sobre este caso en una declaración que dio a Vea Canal. En esa entrevista, Curruchiche se extendió en detalles de la investigación y adelantó que los integrantes de Semilla y empleados del TSE conformaron una «estructura criminal» para formar el partido y llegar al poder en 2023. «Si el partido presenta 25,111 firmas y usted le resta 8,000, ese partido no existe», dijo entonces el jefe de la FECI.
Lo único nuevo que reveló la primera fase de la investigación que el MP presentó en diciembre pasado, fue una incongruencia en los datos que ha divulgado la FECI. Morales aseguró que 40 personas fallecidas habían sido incluidas en las hojas de adhesión del comité proformación de Semilla, una cifra distinta a la que dio Curruchiche el 20 de septiembre en la entrevista en Vea Canal, donde aseguró que eran 42 los fallecidos entre los adherentes de Semilla.
Morales repitió el discurso que Curruchiche dio en septiembre y añadió que Semilla planificó la falsificación de firmas y que sus integrantes fueron encubiertos por el TSE. Sobre esto último solo dijo que el partido político incurrió en 8,121 ilegalidades en el proceso de adhesión de personas y que el tribunal electoral omitió denunciar esos hechos. No precisó sobre las supuestas ilegalidades.
En esta parte la FECI repite, desde julio de 2023, una verdad a medias. En esta fase, el señalamiento contra la organización es que supuestamente incluyó firmas y nombres falsos, así como personas fallecidas en las hojas de adhesión usadas para que el Movimiento Semilla pasara de ser comité a partido político, en 2018.
Lo cierto es que, según el Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no todas las personas que se incluyen en las hojas de adhesión se convierten finalmente en afiliados de una organización política, pues el Registro de Ciudadanos del TSE debe calificar las listas de personas que se proponen como posibles afiliados.
Además, el tribunal electoral proporciona un programa informático en el que se ingresan los datos de las personas, el cual está vinculado a los registros del TSE y del Registro Nacional de las Personas (Renap), lo cual impide que se incluyan a personas cuyos Códigos Únicos de Identificación (CUI) no coincidan con su nombre, que no existan o que sean incluidas personas fallecidas, explicó a Plaza Pública la diputada Ligia Hernández, quien en 2018 fue la gerente de adhesiones del comité.
Para esta nota, Plaza Pública envió, el 12 de diciembre de 2023, al departamento de Comunicación del MP un cuestionario con 27 preguntas que cuestionan las inconsistencias en la investigación que presentó la FECI contra el partido Semilla, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Consigna: acusar de lavado de dinero a Arévalo
La segunda fase del caso que presentó la FECI se basó en un informe de auditoría del TSE. Sirvió como base para solicitar un nuevo antejuicio contra Arévalo, ahora por lavado de dinero, y pedir que se retire la inmunidad a los diputados Samuel Pérez y Ligia Hernández por supuestas anomalías en el financiamiento de la organización política.
El señalamiento por lavado de dinero lo hizo la fiscalía especial desde el 12 de julio de 2023, cuando presentó el caso contra Semilla, el mismo día que el TSE oficializó que dicha organización disputaría el balotaje contra el partido UNE. En esa fecha, el señalamiento de supuesto lavado fue por el pago de la recolección de firmas, pero no hubo acciones concretas por esos hechos.
Finalmente, la acusación de lavado de dinero fue por un préstamo que el partido obtuvo para pagar una multa que le impuso el TSE.
Hacer una acusación por este delito, le permite a la FECI mantener en reserva la investigación, al basarse en lo que establece la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, así como lo hizo la misma fiscalía en el proceso contra el dueño del diario elPeriódico Jose Rubén Zamora. Si una persona es hallada culpable por lavado de dinero no podrá sustituir la condena de prisión a cambio de pagar una multa.
La repetición en el discurso de los fiscales sobre que Semilla y empleados del TSE conformaron una «estructura criminal» se entiende mejor al poner en contexto el mecanismo que usó la FECI para pedir la cancelación del partido político, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, con la que la fiscalía intentó evadir la Ley Electoral, que regula las organizaciones política.
La Ley Contra la Delincuencia Organizada también la usó el MP de Consuelo Porras para criminalizar a reporteros y columnistas del diario elPeriódico, a quienes acusó de conformar una estructura criminal que obstruyó la investigación contra Jose Rubén Zamora. El 8 de enero de 2024, la jueza Aurora Gutiérrez cerró el proceso penal contra los periodistas e indicó que el caso lo debe conocer un tribunal de imprenta.
La forma como el MP obtuvo el informe de auditoría, cómo lo presentó a los medios de comunicación y cómo lo unió a la investigación por supuestas firmas falsas y fallecidos para constituir al Movimiento Semilla explica mucho sobre este caso.
Una fuente del TSE que pidió no ser citada por temor a represalias del MP confirmó a Plaza Pública que, el 6 de noviembre de 2023, la FECI pidió al tribunal el «informe de auditoría de trazabilidad del partido Movimiento Semilla correspondiente a las elecciones electorales (sic) de los años 2019 y 2023». El documento debía entregarse en un plazo máximo de seis horas.
Lo anterior contradice la declaración de Ángel Pineda, cuando aseguró que las tres fases del caso contra Semilla fueron «el resultado de varios meses de investigación».
El fiscal Curruchiche indicó en la conferencia de prensa que el informe lo recibió la fiscalía debido a los requerimientos que se hicieron. Pero no explicó la lógica de la investigación. Lo cierto es que el MP hizo diversas solicitudes al TSE, desde información sobre los padrones usados desde los comicios 2007, hasta el detalle de los proveedores que imprimieron las papeletas usadas en las elecciones de este año.
Sobre la conformación de los padrones electorales y los proveedores que imprimieron las boletas electorales, el MP no presentó ninguna supuesta anomalía.
El jefe de la FECI aseguró que la acusación por posible lavado de dinero surgió porque derivado de la auditoría a las finanzas del Movimiento Semilla, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) generó un «informe de transacción sospechosa» sobre un préstamo de 44,000 dólares que, en 2022, hizo al partido político el médico y doctor en Administración Pública, Félix Alvarado Browning, excolumnista de Plaza Pública.
Curruchiche indicó que el préstamo cuenta con un contrato, realizado mediante escritura pública, suscrito entre Bernardo Arévalo, los diputados Pérez, Hernández y Alvarado. Además, se presentó una declaración jurada del acreedor en el que asegura que el dinero es de origen lícito porque proviene de sus actividades comerciales y de consultoría pública. Pero el fiscal sostiene que el dinero no está suficientemente respaldado.
Las inconsistencias del «gran caso» contra Semilla
La tercera fase de este caso mezcla dos líneas de investigación sobre las que el MP mintió en repetidas ocasiones al decir que no estaban relacionadas con el partido Semilla. Una es la pesquisa por la supuesta alteración de las actas en las que se registró la sumatoria de votos en la primera vuelta y la otra es sobre la utilización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Esta etapa es el resultado de los allanamientos del 12 y 29 de septiembre de 2023 a dos instalaciones del TSE. En la primera fecha, el MP abrió las cajas que contenían los votos y en la segunda, secuestró las actas originales de la primera vuelta electoral.
Las principales acusaciones en la tercera fase son dos: una es que el auditor del TSE, José Emilio Líquez Arévalo, supuestamente pidió a las Juntas Electorales Departamentales (JED) que se cambiaran los datos en las actas 8 —con las que se oficializan los resultados electorales—, para hacerlas cuadrar con los registros del TREP. Quien supuestamente remitió los formatos de las actas 8 a Líquez fue el encargado de Informática del órgano electoral, Jorge Santos Neill.
Leonor Morales, fiscal de la FECI, no dio detalles del modo, tiempo y lugar cuando ocurrieron las supuestas alteraciones de las actas. Solo dijo que «en fecha posterior al proceso electoral» el auditor citó a los integrantes de las JED a la sede central del TSE para cambiar los datos. La información, dijo, se obtuvo por declaraciones voluntarias de empleados del tribunal que presenciaron los hechos.
Acá hay dos inconsistencias en los señalamientos que la fiscalía hizo durante la conferencia del 8 de diciembre. Primero, aseguraron que se alteraron los resultados electorales para que las cantidades de votos fueran las mismas, pero en otra parte de la presentación la fiscal Morales dijo que los datos de las actas de cierre de escrutinios (actas 4), no coincidían con los registros de las actas 8. Además, no se informó de ninguna acción legal contra Líquez ni los integrantes de las JED, quiénes supuestamente alteraron los resultados electorales.
La segunda acusación que resalta en esta fase es la presunta «precarga ilegal» de datos al TREP. Aquí hay otra inconsistencia, pues la fiscal Morales aseguró: «El sistema TREP representa la seguridad del voto de los ciudadanos de Guatemala, por tal motivo la integridad de las gráficas de las actas 4 fueron aseguradas con el uso de blockchain, pero el sistema muestra diferencias».
El argumento que Morales expuso sobre los supuestos votos cargados el 25 de junio antes de las 18:00 horas —cierre de las votaciones— es incoherente. Sus premisas y su conclusión no están relacionadas.
«Dentro de los metadatos que tiene cada archivo grabado en una computadora, existe un dato llamado fecha de captura […] ¿Cómo se puede encontrar dicha información? Al colocarse sobre el archivo que contiene la información y se da un clic derecho, podemos encontrar el cuadro del lado izquierdo donde se encuentra toda la información que antes indiqué; por lo tanto, se pudo establecer de una forma muy preocupante que existió una precarga ilegal de datos al sistema TREP del TSE», dijo.
Lo cierto es que las copias de las actas 4, donde los miembros de cada mesa electoral registraron los votos, antes de cargar la imagen y los registros al TREP fueron escaneadas por los digitadores del TSE. De esa forma cada documento obtuvo una huella digital (hash) y estas fueron guardadas en blockchain, un sistema electrónico inalterable de registro de datos.
Derek Urízar, un ingeniero en sistemas quien días después de la primera vuelta descargó todas las actas del sistema de transmisión de resultados preliminares para analizarlas, concluyó que ninguna de las actas de cierre de escrutinio fue cargada antes de las 18:00 horas del 25 de junio.
En la red social X, Urízar explicó que en la información de algunas actas digitales (metadata) aparece que fueron creadas antes del cierre de las mesas electorales. Lo anterior lo atribuye a una mala configuración de ciertos dispositivos electrónicos usados para escanear las actas, porque también aparecen otros documentos cuya hora de creación es posterior a la hora que fueron guardados en blockchain; un detalle que omitieron los fiscales del MP al presentar su investigación.
Las únicas actas que fueron cargadas al TREP antes de las 18:00 horas de Guatemala, el 25 de junio de 2023, fueron las de los centros de votación de Estados Unidos donde la zona horaria es distinta a la de este país.
Pese a ello, la fiscal aseguró que la FECI investigó de forma «minuciosa y científica», pero no explicó quién ni cómo se hizo este procedimiento. Según Morales, en la investigación se identificó que 524 actas 4, en la elección de presidente y vicepresidente, fueron cargadas antes del cierre de mesas en la primera vuelta; y que ocurrió lo mismo con 478 documentos de la votación para elegir diputados por Lista Nacional y con 451 actas para legisladores distritales.
La lógica del supuesto fraude, según el MP de Consuelo Porras, es que el 25 de junio se cargaron datos de manera ilegal al TREP y que, posteriormente, entre el auditor del TSE e integrantes de Juntas Electorales Departamentales se concertaron para hacer cuadrar los datos del sistema electrónico con las actas físicas (actas 8) con las que se respaldaron los resultados que oficializaron los magistrados del tribunal electoral.
El MP no respondió a la consulta de Plaza Pública de ¿por qué solo se evaluaron las elecciones de presidente y vicepresidente, Lista Nacional y diputados distritales, sobre la supuesta precarga ilegal de datos al TREP? Estas elecciones son donde el partido Semilla logró la mayoría de cargos en los pasados comicios.
Incumplimiento de formalidades para anular las actas
Otros señalamientos de la FECI para intentar revertir los resultados de las elecciones generales son que las actas 4 deber ser «nulas de pleno derecho» por tres motivos: en la primera vuelta no se usaron los formatos aprobados por el pleno de magistrados del TSE, las actas no se debían testar (tachar para corregir cifras) y porque los documentos no estaban sellados por los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que los suscribieron, en presencia de los fiscales de partidos políticos.
Las tres causas son inconsistentes. La primera porque según el secretario general del TSE, Mario Velásquez, los formatos de las actas no necesitaban de la aprobación del pleno y porque todos los elementos que establece el Reglamento de la Ley Electoral fueron incluidos en los formatos que finalmente se usaron.
La segunda porque, según el MP, la supuesta prohibición para que las JRV testaran las actas radica en el artículo 103 del Reglamento de la LEPP. Pero ese apartado se refiere a que los datos finales de escrutinios cambiarán después de las audiencias de revisión que se realizan en la semana posterior al día de la elección, un proceso que de manera inédita se repitió en los comicios de 2023, por orden de la Corte de Constitucionalidad.
Sobre la ausencia de los sellos en las actas 4, la fiscal Morales dijo que esto era un «incumplimiento de una formalidad». Luego aseguró que ese mismo acto fue una «ilegalidad». Aunque inicialmente Morales aseguró que el trabajo de los ciudadanos que conformaron las JRV fue honesto, posteriormente dijo que los integrantes de las mesas electorales incurrieron en ilegalidades.
Otra explicación con poca coherencia es que, según la FECI, los resultados de la primera vuelta fueron «inexactos» porque no contaron los votos de las actas ilegibles ni los de municipios donde hubo disturbios y se anularon los cinco tipos de votaciones.
La fiscalía dio cifras apresuradas al calcular los votantes que fueron afectados porque sus actas fueron ilegibles o se anularon las votaciones. En el caso de los lugares con disturbios la operación la realizó de la forma siguiente: la cantidad de mesas afectadas las multiplicaron por 400 —la cantidad de votantes por JRV— y del resultado extrajo el 60.58 % que corresponde a la participación general de votantes inscritos en el padrón electoral el 25 de junio.
La fiscal Morales aseguró que se dejaron de registrar 31,022 votos porque esa cantidad corresponde al 60.58% de las personas aptas para votar en los lugares que hubo disturbios, donde ninguna persona votó porque no se abrieron las mesas electorales el 25 de junio. Pero la fiscalía no tomó en cuenta que cada votante representa cinco votos válidamente emitidos (válidos, nulos, en blanco e inválidos) en la primera vuelta.
Si ninguna mesa abrió en esos lugares y cada persona perdió la opción de emitir cinco votos en la primera ronda, la cifra correcta sería 155,100 posibles sufragios válidamente emitidos que no contaron en esos lugares, según la lógica de la FECI.
Las cifras que proporcionó Morales fueron apresuradas, no solo por el mal cálculo de los potenciales votos válidamente emitidos que se perdieron, sino porque en los cinco municipios donde se anularon las elecciones el padrón electoral fue de 61,406 votantes y no de 51,200 como aseguró la fiscal.
El MP también señaló un supuesto faltante de actas en el TREP y basó sus teorías de supuesto fraude electoral en que las elecciones generales dependían del sistema electrónico, cuando los datos oficiales se basan en las actas físicas que incluyen los votos que cuentan los ciudadanos.
Agregó que al anular las votaciones en cinco municipios donde se registraron disturbios, el tribunal electoral incurrió en ilegalidades al no permitir a las personas empadronadas en estas regiones votar por binomio presidencial y diputados.
Los lugares donde se anularon las elecciones 2023 fueron: San José del Golfo (Guatemala), San Martín Zapotitlán (Retalhuleu), Yepocapa (Chimaltenango), San Pablo Jocopilas (Suchitepéquez) y San Bartolomé Jocotenango (Quiché).
«En las resoluciones, el TSE indica que las mismas deben convocarse únicamente para la elección de corporación municipal, es decir, todos los posibles votantes de los municipios no pudieron votar en las distintas elecciones, es decir, no votaron para presidente y vicepresidente, para diputados al Congreso y al Parlacén, ya que únicamente fueron convocados para la elección del concejo municipal», cuestionó Morales.
Sin embargo, cuando se anulan las elecciones en un municipio, solo se convoca a una nueva votación municipal para el día del balotaje, lo cual impide automáticamente que las personas de esas regiones puedan votar por diputados al Congreso y al Parlacén, porque para el día de la segunda vuelta estas ya han sido cerradas y los cargos adjudicados. En estos municipios también se vota por presidente y vicepresidente entre las planillas que se disputan la segunda elección presidencial.
La anulación de las elecciones es una potestad que la Ley Electoral y de Partidos Políticos le da únicamente al TSE, y la cancelación de votaciones en municipios ha sido recurrente en el país. En 2019 también se repitieron los comicios en cinco municipios y en 2015 ocurrió lo mismo en 11 comunas.
En las dos horas y veinte minutos que duró la conferencia de prensa de la FECI, los fiscales repitieron los discursos que políticos han dicho para cuestionar los resultados de las elecciones generales desde que se supo que Semilla pasó a segunda vuelta.
El MP usó el mismo discurso que usó Sandra Torres para desinformar sobre el sistema TREP y cuestionar un supuesto fraude. La institución que dirige Consuelo Porras también adoptó las denuncias de los partidos Valor, Vamos y Cambio —dirigidos por Alejandro Giammatte, Zury Ríos y Manuel Baldizón, respectivamente— sobre que las actas donde se registraron los votos del 25 de junio fueron alteradas.
El caso más reciente contra el partido Semilla reveló que el Ministerio Público usó cartuchos de salva; que hacen ruido cuando se disparan, pero carecen de proyectiles. El anunciado «gran caso» contra los comicios, en realidad fue una colección de inconsistencias y contradicciones, inflada con una acusación ya conocida y un informe de auditoría que obtuvieron un mes antes de hacerlo público, y sobre el que no mostraron ninguna investigación nueva.
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Cuando al fiscal Rafael Curruchiche le preguntan en la conferencia de prensa del 8 de diciembre de 2023 si con el caso que presentó la FECI se busca cancelar las elecciones, el fiscal tras justificar las «evidencias» presentadas sentencia: «desde nuestro particular punto de vista, deberían anularse».
También dice «esta investigación acá termina», pero indica que podría haber una cuarta fase derivada del señalamiento de lavado de dinero por el préstamo de 44,000 dólares que recibió el partido Semilla, cuyo origen presuntamente no está del todo justificado.
Pese a que Curruchiche sostiene que las elecciones deberían anularse, el fiscal se contradijo de nuevo el 17 de diciembre pasado cuando apeló una sentencia a favor de un grupo de abogados y ciudadanos, que ordena a la FECI velar para que se garantice que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman el mando presidencial el 14 de enero de 2024.
La batalla final por las elecciones que se inició en la sede central del MP se trasladó al TSE, a donde la fiscalía envió el expediente con la investigación, una carpeta que se le ha negado más de 30 veces al partido de Arévalo. Sin embargo, el órgano electoral se mantiene en un impasse desde que se desintegró a inicios de diciembre del año pasado, cuando cuatro de sus magistrados titulares salieron del país tras ser desaforados.
La última pelea también se librará en el Congreso, órgano que debe calificar las credenciales y dar posesión al presidente del Organismo Ejecutivo. En esa arena, el 5 de enero último la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, leyó un oficio en el que Curruchiche señala que la orden del juez Séptimo, Fredy Orellana, que suspendió al partido Semilla el 12 de julio de 2023 se encuentra «firme y vigente». Esa orden de Orellana exigía al TSE que no adjudicara los cargos ganados por Semilla.
Aunque no existe una «ruta» legal para anular las elecciones después de que estas hayan sido oficializadas por el órgano electoral, dice el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, se prevé que el MP intente, por varias vías, lo que aseguró Curruchiche: anular las elecciones y así impedir que asuma el gobierno electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Un golpe de Estado judicial. Plaza Pública. #Política.
