Grupo Eda, S.A., es una comercializadora vinculada a Melvin Quijivix, presidente del Inde, que ha vendido energía a hospitales nacionales solo durante el actual gobierno. La compañía compite con un servicio que también ofrece la entidad pública que preside Quijivix. Además, el funcionario es parte de una directiva que tiene acceso a los contratos de interés para las comercializadoras, creando un doble conflicto de interés.
Durante años, el mercado energético en Guatemala estuvo controlado por pocos empresarios, aprovecharon las debilidades del Estado para crear grandes fortunas, pero tras una reforma en los años 90 se liberó para ser uno de los más competitivos en la región.
La liberación del mercado no aplica a pequeños consumidores como los hogares, limitados a pagar el servicio a dos empresas que tienen monopolios por regiones (Energuate y EEGSA). Más bien quedó diseñada para grandes consumidores como hospitales, industrias, el Aeropuerto Internacional la Aurora y similares; estas entidades sí pueden salir al mercado a buscar la oferta más favorable. Aunque en este modelo ningún productor acapara más del 15% de mercado, no es inmune a prácticas que pueden reducir la competencia.
Grupo Eda, S.A. podría ser un ejemplo de posible distorsión, es una empresa comercializadora de energía eléctrica que tiene nexos con Melvin Ernesto Quijivix Vega, actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación (Inde).
Fundada en 2018, pasó casi tres años sin ganar contratos con el Estado. Fue hasta 2021 que recibió sus primeras adjudicaciones que a la fecha suman más de 14.5 millones de quetzales.
El primer conflicto de interés: La comercializadora que compite con el Inde
En el sector energético hay cuatro tipos de actores: Generadores, transportadores, comercializadores y grandes usuarios. El primero incluye hidroeléctricas o búnkers que producen la energía; el segundo provee el servicio de transmisión; el tercero opera como un negociante entre clientes y proveedores; y la última son entidades de consumo masivo como hospitales o grandes industrias.
La empresa vinculada a Quijivix es una comercializadora, la Ley General de Electricidad las define como «la persona, individual o jurídica, cuya actividad consiste en comprar y vender bloques de energía eléctrica con carácter de intermediación y sin participación en la generación, transporte, distribución y consumo». Es decir, se asemeja mucho a un vendedor de bienes raíces que cobra por ser intermediario entre quien vende la casa, y quien la desee comprar. Su trabajo es encontrar la tarifa más favorable para los involucrados.
En los registros públicos del portal de Guatecompras, la entidad es contratista del Estado desde 2021, y a la fecha, ha obtenido 45 adjudicaciones que suman 14 millones 528 mil 384.47 quetzales.
Los hospitales nacionales de Villa Nueva, San Juan de Dios y Chimaltenango son las tres unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que a la fecha han contratado a Grupo Eda, S.A.
De esa cuenta, la empresa vinculada al presidente del Inde ha estado vendiendo energía a los tres hospitales nacionales que son considerados también por la Ley General de Electricidad como «grandes usuarios», es decir, personas individuales o jurídicas que consumen mensualmente más de 100 kilovatios/hora.
Dicho extremo puede suponer un conflicto de interés para Melvin Quijivix, el Inde también posee una empresa comercializadora de energía de nombre Empresa de Comercialización de Energía (Ecoe).
Según el artículo 18 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, un funcionario tiene prohibido «Realizar trabajo o actividades remuneradas o no en horarios que no son de su trabajo, que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades, o cuyo ejercicio pueda poner en riesgo la imparcialidad de sus decisiones por razón del cargo o empleo».
El segundo conflicto de interés: una silla de administrador
Quijivix tiene un tercer vínculo al sector energético. Desde mayo pasado es el representante de los transportistas de electricidad en la Junta Directiva del Administrador del Mercado Mayorista (AMM).
Esta entidad se asemeja a una bolsa de valores de energía eléctrica, en el que los interesados compran y venden al mejor precio. Su función es supervisar que todas las partes cumplan con lo prometido.
El AMM es una entidad privada que coordina las operaciones entre generadores y transportistas para el mercado mayorista. Esto significa que si un gran consumidor necesita adquirir bloques de energía eléctrica, debe publicar las bases de licitación para encontrar al comercializador que ofrezca el mejor precio.
Grupo Eda, S.A. y Ecoe del INDE son comercializadoras, y es en este punto en el que podrían competir por un mismo contrato. Durante este proceso no hay licitación, se adjudica al mejor postor.
El papel del AMM es supervisar que la comercializadora sí tenga la capacidad de cumplir con el contrato, por lo que verifica quién es su transportista y quién el generador que ofrece para garantizar el abastecimiento. Si una de estas partes falla por un apagón o cualquier situación de emergencia, el AMM tiene la capacidad de conectar a otros proveedores de energía; posteriormente tomará el papel de árbitro que definirá cuánto se debe pagar por esta conexión inmediata.
En esta especie de bolsa de valores de la energía, Quijivix tiene tres espacios: En el INDE que genera y comercializa energía; en Grupo Eda, S.A. que comercializa; y en el AMM que vincula y supervisa la relación entre todos los actores.
Las adjudicaciones ganadas
El Hospital Nacional de Villa Nueva fue el primer cliente estatal que contrató a Grupo Eda, S.A.
El 14 de mayo de 2021 le fue adjudicada una compra directa de 79,500 quetzales para que la empresa realizara «estudios topográficos para el Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva». Fue un contrato no relacionado al sector energético.
Posteriormente, Jennifer Paola Chacón, representante legal de Grupo Eda, S.A., y Melissa Estrada Martínez, directora ejecutiva del Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva, suscribieron un contrato para el suministro de potencia y energía por un plazo de dos años que inició el 1 de diciembre de 2021 y finalizó el 30 de noviembre de 2023.
Dicho contrato le ha permitido a la empresa facturar al cierre de esta nota un total de 4 millones 709 mil 417.81 quetzales al Hospital Nacional de Villa Nueva.
En noviembre de 2022, Grupo Eda, S.A., también empezó a proveer de potencia y energía al Hospital Nacional San Juan de Dios, y a la fecha lleva acumulada una facturación de 7 millones 519 mil 571.46 quetzales.
Además, la relación contractual con el Hospital Nacional de Chimaltenango inició el 1 de diciembre de 2022, a la fecha le ha comprado 2 millones 299 mil 395.20 en potencia y energía eléctrica.
Los caminos que conducen hacia Quijivix
Grupo Eda, S.A., fue constituida el 5 de septiembre de 2018. Los socios fundadores son Jorge Roberto Arriola García y María de los Ángeles Toledo Leal, según consta en la escritura 25 de la notaria María Ayde Corado Matta.
Al momento de inscribir la sociedad ante el Registro Mercantil se registraron dos direcciones: una en San Cristóbal, Mixco; y otra en el edificio Europlaza de la zona 14 de Ciudad de Guatemala.
El domicilio en ciudad San Cristóbal (4 calle A 14-35, zona 8, Residencial Los Manantiales, sector B6), es el mismo que registró Quijivix para recibir notificaciones en el contrato que suscribió en 2015 para prestar servicios profesionales al despacho superior, en el Ministerio de Energía y Minas.
La dirección de Grupo Eda, S.A., en San Cristóbal también aparece en las facturas de servicios profesionales que el actual presidente del Inde presentó ante la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Ministerio de Economía, y la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), en 2019.
Por otra parte, en la dirección de zona 14 (la oficina 1803 del nivel 18, Edificio Europlaza), funciona la clínica Dental Dentz, la cual funciona como una sociedad anónima y de la cual sus socios fundadores son José Carlos Quijivix Vega (hermano del presidente del Inde) y Antonieta Ggisel Sánchez Navarro de Quijivix (esposa de José Carlos).
La representante legal de Grupo Eda es Jennifer Paola Chacón, de nacionalidad venezolana. También ha tenido relación legal con la empresa Mine, S.A., de la cual Melvin Quijivix fue gerente general y representante legal del 10 de julio de 2017 a 22 de junio de 2021.
Plaza Pública reveló el pasado 5 de septiembre que, en los últimos dos años, la actual administración del INDE ha otorgado 1 millón 510 mil 950 en contratos a la entidad Mine, S.A.
En Guatemala, la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, establece en el artículo 20 que todos los funcionarios y empleados públicos deben declarar bajo juramento sus bienes, derechos y obligaciones ante la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Sin embargo, el artículo 21 de la misma normativa declara que los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad. Se prohíbe su divulgación por cualquier medio y sólo podrán verificarse dentro de un proceso judicial.
«Me he desligado de dichas consultorías»
Plaza Pública envió vía correo electrónico un cuestionario con preguntas a Melvin Quijivix sobre su relación con Grupo Eda, S.A.
El presidente del INDE respondió por la misma vía. Asegura que «durante el 2018, fungí como asesor para el diseño conceptual y primeros pasos de dicha empresa (Grupo Eda, S.A.), labor la cual fue desempeñada con éxito, cabe mencionar que, durante mi trayectoria, con más de 20 años de consultoría, me he dedicado a asesorar a múltiples empresas nacionales e internacionales que participan hoy en el mercado eléctrico, tales como empresas de comercialización (Powerbox, Mayaatan, entre otras), generación y transporte» (sic).
Quijivix agregó que «desde el 2021 con mi participación en el Consejo Directivo del INDE, me he desligado de dichas consultorías y labores, por lo anterior, todos los señalamientos o supuestos son espurios y las afirmaciones son infundadas y con la única intención de crear desinformación».
Funcionario sancionado por los Estados Unidos
El presidente del Inde forma parte de los funcionarios del actual gobierno que han sido sancionados por los EE. UU. Lo incluyó en un listado de personas que han participado en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas, en corrupción significativa, y en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Específicamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó el pasado 19 de julio que Quijivix «incurrió en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada».
Antes de asumir en el cargo formó parte de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, una institución que tenía personal en cada ministerio del Ejecutivo y suplantaba —solapadamente— las funciones del Vicepresidente como jefe de Gabinete. Fue dirigido por Luis Miguel Martínez Morales, recientemente sancionado también por EE. UU. con la Ley Magnitsky, y hombre de confianza del presidente Alejandro Giammattei.
El Centro de Gobierno funcionó en 2020 dentro de la Secretaría General de la Presidencia (SGP), Quijivix fue contratado como delegado de prioridades presidenciales.
Específicamente a Melvin Quijivix le fue encomendado que abordara todos los temas de interés del Presidente en el sector energético y que pasa por el Ministerio de Energía y Minas. Tras el cierre del Centro de Gobierno fue contratado en marzo de 2021 en la Secretaría General de Programación y Planificación de la Presidencia (Segeplan) en el renglón 022, donde tiene el puesto de Director Ejecutivo III.
Desde el cargo en Segeplan, Quijivix fue nombrado como representante ante el Consejo Directivo del Inde y en enero de 2022 fue elegido como presidente por un período de dos años. con información de Plaza Pública. #Corrupción.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
