Participar en las protestas que rechazaban a Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), fue la base del MP para acusar a Eduardo Antonio Velásquez, economista, sociólogo, docente e investigador. «Guayo» es uno de los implicados en el caso Toma de la USAC: Botín político. Este perfil narra su trayectoria y su insistencia en defender la autonomía universitaria.
Al llegar a la Torre de Tribunales, la mañana del jueves 16 de noviembre, Eduardo Antonio Velásquez se presentó ante los medios como economista y doctor en Sociología, «No es que me crea mucho», dijo en tono modesto, con una sonrisa en el rostro. No es frecuente encontrar en la carceleta a un investigador con más de 40 años de trayectoria y con una carrera reconocida.
Junto a él llegaron académicos de otras disciplinas, pero también con varios años de experiencia. Dos jóvenes recién egresados de diferentes carreras, el ingeniero Alfredo Beber y el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, Rodolfo Chang.
Aunque no comparten profesiones, sí tenían varias características en común. Todos habían hecho explícito su rechazo al proceso electoral fraudulento mediante al cual Walter Mazariegos llegó a la rectoría de la Universidad de San Carlos.
A Guayo, como le dicen al exdecano de la Facultad de Economía (2002 – 2006), varias personas cercanas le habían recomendado que no se pronunciara en contra de Mazariegos, que dejara de hacer comentarios y publicar su molestia hacia las anomalías en el proceso electoral de la Universidad. Los ruegos para invitarlo al silencio no son nuevos, no hicieron efecto ni en 2023 ni durante el gobierno de Alfonso Portillo, cuando su esposa recibió una llamada para advertirle que Guayo estaba en una lista de personas que van a matar.
Aquella amenaza lo llevó al exilio un año, la más reciente en cambio lo llevó a la cárcel 10 días. Su detención fue la corona de una serie de represalias emprendidas desde que asumió Mazariegos como rector. El caso de Camilo García, representante estudiantil, fue uno de los primeros. García fue expulsado de la Universidad después de que llamó «usurpador» al Rector en una sesión del Consejo Superior Universitario. Con la decisión de expulsión, quedaba claro que la nueva administración no aceptaría posturas críticas ni oposición. En este contexto, Guayo no dejó de cuestionar, publicar y señalar que el nombramiento de Mazariegos era una usurpación, y que el proceso fue viciado.
El pecado de Guayo
«Guayo nunca ha tenido miedo, nunca ha optado por quedarse callado, ese es su gran pecado, luchar por la Universidad», dice su esposa, Patricia Inés Pérez de Velásquez, quien lo conoce desde que era estudiante universitario. Ella se graduó en Administración de empresas y se dedicó a la educación pública parvularia. Llegó a ser directora y luego se jubiló.
En aquellos años, recuerda la esposa, no formó parte activa del movimiento estudiantil, como sí lo hicieron varios de sus compañeros. Uno de ellos era Oliverio Castañeda, miembro del grupo estudiantil FRENTE, quien fue asesinado en octubre de 1978.
En la casa en donde Guayo creció y vive actualmente, al lado de su esposa y cuatro hijos, Castañeda llegaba a pedirle apoyo para compartir apuntes y ponerse al día en los contenidos los días que no podía asistir a clases. «Mi papá, aunque no estaba en la primera línea del movimiento, de cierta forma apoyaba mucho a los compañeros que sí lo hacían», explica Luis Velásquez, su hijo. Fue años más tarde cuando explotó en él la necesidad de participar activamente desde puestos de decisión y mediante la investigación académica.
Un grito de guerra
Cuando terminó la primera audiencia en Torre de Tribunales, con las manos esposadas y dificultad para subir al picop que lo trasladaría a prisión, Guayo cantó un fragmento de La Chalana frente a decenas de periodistas y otros cuatro capturados. Fue un grito de guerra, como lo ha sido durante años para los sancarlistas en los momentos de la historia en los que han sido vulnerados los derechos de los estudiantes, es un himno entonado por décadas en la Huelga de Dolores, a la cual asistió cada año, incluso después de haberse graduado.
El archivo fotográfico de Guayo es un registro de esa trayectoria, la huelguera y la académica.
Hay fotografías en las que sonríe al lado de Alfonso Bauer Paiz, reconocido abogado y referente de la izquierda a nivel latinoamericano; con Lencho Patas Planas, quien fue declarado Rey Feo Vitalicio. También sonríe al lado de sus compañeros en una de las extensas jornadas de la Huelga de Dolores, una forma de protesta y expresión que nació para reivindicar los valores sobre los cuales se fundó la Universidad. En otras imágenes están registrados los distintos reconocimientos que ha sumado en su carrera.
Y es que el académico de 67 años es reconocido en el círculo académico por su trayectoria como docente e investigador de la Universidad. Su hoja de vida es extensa y sus diplomas y reconocimientos cubren las altas paredes del estudio que instaló en su residencia.
Es licenciado en Economía por la Universidad de San Carlos, con una maestría en Teoría Económica y especialidad en Economía Urbana y Regional por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Además, es Doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), España.
Fue representante de la Universidad de San Carlos y presidente de la Comisión Multisectorial del Transporte Urbano de la ciudad de Guatemala en los años 1993 y 2000, años en los que discutían alternativas para mejorar la eficiencia del transporte público en la ciudad. Este, por cierto, fue uno de los puntos más desafiantes de su trayectoria porque le trajo amenazas de muerte.
Hace casi 20 años, durante el gobierno de Alfonso Portillo, una voz masculina le dijo a Patricia por teléfono: «Estoy saliendo de una reunión en la que su esposo aparece en la lista de personas que van a matar». El mensaje fue suficiente para que toda la familia saliera huyendo y solicitara medidas de seguridad por un año aproximadamente. Esa ocasión y su reciente captura han sido los momentos más duros de su vida.
A pesar de eso, Velásquez no abandonó su actitud crítica. «Ya nos hemos acostumbrado a eso, a dejarlo ser y a apoyarlo», dijo su esposa.
Dos años después, fue electo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y posteriormente director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), una unidad de investigación de la Universidad, que se dedica a indagar en el campo de problemáticas urbanas y regionales.
En el libro «Algunas memorias de las dos chocas», Velásquez dejó plasmados todos los artículos de prensa que publicó en sus primeros 50 años de vida.
En resumen, es un hombre de libros, con dos pasiones: la investigación y la Universidad de San Carlos. Es su alma mater, su corazón, agrega Patricia, él cree fielmente en que uno debe prepararse, tener acceso a educación y ese ha sido su compromiso.
«Mis únicas armas son los libros»
El jueves 16 de noviembre, agentes y funcionarios del Ministerio Público y Policía Nacional Civil entraron a una casa amplia ubicada en una de las zonas más céntricas de la Ciudad, con paredes altas, con la imagen de una Virgen sobre el portón. Fue el operativo para capturar al economista, investigador y exdecano.
«Mis únicas armas son los libros», les respondió Guayo al agente que le explicó que estaban ahí en busca de indicios de ilegalidades en su casa.
Ingresaron por petición de la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio. Según la tesis acusatoria, es responsable por los daños causados a la Universidad durante la toma de las instalaciones en rechazo a la elección del rector Walter Mazariegos.
«De lo que se me puede acusar es de que he defendido la autonomía universitaria como un principio constitucional después del fraude que se hizo en la USAC», declaró el día de su detención. Solamente en la oficina que instaló en su casa durante la época de la pandemia, hay más de cien libros. Hay muchos más en su espacio de trabajo en el CEUR.
Ese día, Guayo no pudo terminar de tomar la taza de café que, como cada mañana, preparó a primera hora. Tomó una ducha rápida y caminó hacia la patrulla sin tener claras las acusaciones en su contra y sin comprender por qué había una orden de captura en su contra.
El costo de la autonomía universitaria
El día en que Velásquez escuchó las acusaciones de la fiscalía, salió impresionado de la audiencia. Le parecía una contradicción a la normativa de la Universidad que, en su apartado «Obligaciones del personal académico», dicta que una de ellas es «defender y respetar la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala».
«No deja de sorprender el grado de perversidad de las actuales autoridades universitarias. En la propia normativa de la USAC está normado que debemos luchar y defender la autonomía universitaria, es un mandato. En consecuencia, lo único que he hecho es defender la autonomía, porque creo en esos principios», indicó el 21 de noviembre, al finalizar la audiencia.
Durante muchas décadas, la Universidad sufrió una gran persecución y eso despertó la necesidad de blindarla con autonomía para también vedar el acceso a la fuerza pública. Ese fue uno de los principales logros del movimiento revolucionario de 1944.
En algunos momentos previos a las distintas jornadas de audiencia de primera declaración, Velásquez conversó con periodistas y externó sus impresiones. Plaza Pública intentó entrevistarlo de nuevo en su casa, pero prefirió no hacer más comentarios por temor a que sus palabras puedan ser usadas en su contra por el MP.
«La autonomía abrió acceso a que nuestra población pueda tener educación superior universitaria de excelencia, pero lo que hemos observado en los últimos años es que la Universidad ha estado intervenida y es de conocimiento público que se impuso al nuevo rector, fue un fraude electoral escandaloso», señaló en una conversación con Plaza Pública.
A lo largo de su historia, uno de los estatutos de la universidad pública ha sido la invitación hacia los estudiantes a pensar de forma crítica y a promover la libre expresión, por ejemplo, a través de la Huelga de Dolores, que data desde 1898. Por esa razón, un caso que se concentra en judicializar y criminalizar opiniones y posturas críticas de miembros de estudiantes, docentes y trabajadores de la USAC despierta gran preocupación en la comunidad universitaria.
«Nos enseñan a pensar críticamente y uno de los elementos del pensamiento libre es también la libre expresión, si algo debe caracterizar a los estudiantes de la Usac es ese espíritu crítico respecto a la situación nacional, precisamente porque es el pueblo de Guatemala quien nos paga, no solo salarios, sino las colegiaturas de los estudiantes», aseguró en esa ocasión.
Guayo no fue el único que entendió el trasfondo de ese caso.
El 24 de noviembre la exdirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU), Lenina García, manifestó en la red social X: «Nada es casualidad en este caso espurio contra la USAC: un estudiante, un decano (y miembro del CSU), un sindicalista, un investigador, un docente, una activista. El mensaje es: no se organicen, no se opongan, no se expresen. Una clara violación a los derechos civiles y políticos».
También, en un comunicado emitido por el Frente Universitario por el rescate de la USAC, distintos miembros de la comunidad universitaria advirtieron que es precisamente ese espíritu el que las autoridades de la USAC intentan apagar.
«Esto no le conviene a las autoridades porque significa, entre otras cosas, que los estudiantes vuelvan a adquirir esa identidad de universitarios del pueblo y que la organización estudiantil y universidad se fortalezca», manifestaron.
«Nos hacen recordar lo que vivimos en los años 70 y 80»
Las décadas de los años 70 y 80 son recordadas en la historia de la Universidad como años violentos en los que se cobraron muchas vidas de líderes estudiantes, docentes y trabajadores de la institución. Hubo una persecución hacia aquellas personas que manifestaban rechazo a injusticias sociales y económicas, así como a muestras de poder autoritarias. En 1980 hubo una oleada de violencia contra de la Universidad y al menos unos 120 universitarios murieron o desaparecieron. Otros huyeron de la institución e incluso del país.
Recordar esos años es recordar la importancia de defender una autonomía que ha costado la vida de muchos jóvenes e intelectuales que se formaron en la USAC. Sin embargo, los hechos recientes y la criminalización a estudiantes evocan a esos años de persecución a voces críticas, explica Iduvina Hernández, exdirigente estudiantil y actualmente defensora de derechos humanos.
«En la época de terrorismo de Estado también hubo trabajadores que fueron perseguidos y detenidos e incluso asesinados, entonces la similitud con lo que vivimos es muy grande. Preocupa mucho que esta situación pueda evolucionar a formas de violencia física además de la violencia jurídica y la tortura que es la privación de libertad de estas personas», asegura.
Durante los años 70 y 80, la Universidad estaba consolidada como un actor político de oposición al sistema. Sin embargo, tras la cooptación de la institución ha perdido parte de esa influencia política y prestigio, señala Hernández. Se ha convertido en un botín político debido a la incidencia que puede tener en procesos de postulación y espacios de representación.
Yolanda Estrada, catedrática de la Escuela de Historia, lo explica de esta forma: «La persecución y amedrentamientos que vienen de un Estado terrorista nos hacen recordar lo que vivimos en la década de los 70 y 80. Estamos dando un paso atrás que marca retroceso por completo a la incipiente democracia que teníamos». Para Estrada, nuevamente se vive una persecución a voces críticas de la Universidad que se han negado a permitir que la institución caiga en manos de estructuras criminales.
«Si esto hubiera ocurrido hace 50 años ―reflexiona Luis Velásquez, hijo de Guayo― mi papá estaría muerto. La diferencia es que ahora están destruyendo las bases de todo lo que se ha construido desde 1985 hasta la fecha. Buscan reprimir a todos los que se opongan al poder».
Aunque desde la madrugada del 28 de noviembre, Velásquez y los demás capturados recuperaron su libertad después de pasar más de 10 días en prisión, el proceso jurídico en su contra sigue y deberán ser investigados por el MP por supuesta usurpación y depreciación de bienes.
Desde que recuperó su libertad, Guayo no ha vuelto a dar declaraciones a medios de comunicación, por prohibición del juez.
Después de la época en que enfrentó amenazas de muerte, esta ha resultado una de las experiencias más duras de su carrera. No obstante, cuando la familia lo visitaba en la prisión Mariscal Zavala, no encontraban a un esposo o un padre atemorizado, sino a una persona con confianza en la justicia y con la certeza de no haber cometido un delito.
Pese a sus 67 años y a que sufre de hipertensión, Guayo se mantenía fuerte e intentaba levantar el ánimo de sus compañeros implicados en el mismo caso, tal y como lo hizo la noche en que cantó La Chalana mientras era trasladado a una prisión. Plaza Pública. #Política.
