El día que el Ministerio Público capturó a una activista, un estudiante, dos catedráticos, un decano y un sindicalista parecía que iba tras una enorme estructura criminal. Hubo 27 órdenes de captura y 31 allanamientos. Días después, esa investigación no supo sostenerse en un juzgado, tanto que el propio fiscal a cargo se rió de uno de sus principales indicios. Con el mismo expediente, la Fiscalía avanzó más que el resto de casos contra el partido Semilla y presentó antejuicios contra el binomio electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, en una carrera contra el tiempo para evitar que tomen posesión del cargo.
El 16 de noviembre de 2023, en una conferencia de prensa el Ministerio Público (MP) anunció los pedidos de antejuicio —retiro de inmunidad— contra el binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, de Movimiento Semilla. El fiscal Saúl Sánchez, jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, dijo que ambos estaban involucrados en una supuesta asociación ilícita detrás de la toma de la Universidad de San Carlos (Usac) y como indicio proyectó nueve segundos de una transmisión en vivo en Facebook donde al fondo aparecía Herrera.
«Allá, ustedes pueden ver a la señora que se esconde, es Karin Larissa (Herrera), está presente en la toma de la Universidad de San Carlos; entonces la investigación empieza a tener más contexto y texto en el sentido político de la participación de estas personas; es decir, el partido movimiento Semilla utilizó como plataforma política la Universidad de San Carlos», dijo Sánchez.
Ese día fueron detenidos Marcela Blanco, activista política e integrante del partido Semilla; Javier de León, estudiante de Física quien tuvo que graduarse en la cárcel Mariscal Zavala debido a su detención; EduardoVelásquez, sociólogo y exdecano de la Usac; Rodolfo Chang, decano de la Facultad de Veterinaria y Alfredo Beber, profesor de la Facultad de Ingeniería de la misma casa de estudios; y Martín Jorge Macario, sindicalista y trabajador de esa universidad. Todos fueron señalados por depredación del patrimonio cultural, usurpación, sedición y asociación ilícita, este último un delito contenido en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Días después, la investigación fue desglosada en el juzgado de Víctor Cruz —incluido en la Lista Engel de Estados Unidos por «acciones antidemocráticas y de corrupción»—. Allí, quedó en evidencia la falta de sustento del caso.
Entre los indicios que el fiscal presentó para pedir que fueran ligados a proceso por cuatro delitos, hubo un video de pocos segundos que fue viralizado en las redes sociales y donde aparece una supuesta agresión física contra uno de sus principales testigos, Luis Pedro Ortíz.
El fiscal Sánchez también dijo que la vicepresidenta electa era parte de la red criminal, su argumento era que Karin Herrera estaba parada detrás de las personas que tomaron la casa de estudios; el fiscal trató de sustentar una conducta criminal con un choque de puños y no logró individualizar, en tiempo y lugar, a ninguno de los capturados.
Fueron tres días de largas audiencias. El juez Cruz aceptó solo dos de los cuatro delitos y ligó a proceso a los seis por depredación del patrimonio cultural y usurpación; además, le dio al Ministerio Público seis meses para investigar.
Para evitar la cárcel les dio arresto domiciliario bajo una caución económica de 10,000 quetzales a cada uno, la obligación de presentarse cada quince días a presentar su huella biométrica al Ministerio Público y la prohibición para salir del país.
El objetivo real: derribar a Semilla
Aunque en Tribunales este caso se enfocó en procesar a supuestos involucrados en la toma de la Usac, también fue la investigación en la que más lejos ha llegado el MP contra el partido Semilla y a su binomio electo.
Desde que el partido pasó a segunda vuelta electoral, el 25 de junio, la fiscal general Consuelo Porras abrió otros tres casos que desde diferentes puntos cuestionan los resultados electorales que llevaron a Semilla a ganar las elecciones con más de 874,000 votos de diferencia con la candidata Sandra Torres, de la Unidad Nacional por la Esperanza.
El caso por la toma de la Universidad de San Carlos —ocurrida entre el 19 de mayo de 2022 hasta el 19 de junio de 2023— llegó más lejos que el resto de investigaciones anunciadas, entre ellas una sobre supuestas firmas falsas en los documentos de inscripción del partido y otra por la supuesta sobrevaloración en el sistema de transmisión de datos preliminares de las votaciones.
En el caso de la Usac, la Fiscalía pidió antejuicios contra el binomio electo por los mismos cuatro delitos: depredación del patrimonio cultural, usurpación, sedición y asociación ilícita. Con Arévalo, según el MP, los principales indicios son haber realizado cinco publicaciones en las redes sociales entre el 31 de marzo de 2022 y el 9 de septiembre de 2023. En una de ellas el mensaje fue el siguiente:
«La Usac está permitiendo tener un rayo de esperanza en Guatemala. Felicitaciones a los profesionales, estudiantes y docentes que están mostrando que las cosas pueden hacerse de manera diferente, tal y como debe suceder en Guatemala. Cada vez más claro el camino para Jordán Rodas», escrito el 31 de marzo de 2022 en Twitter, ahora X.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, la supuesta estructura criminal detrás de la toma de la Usac tenía como «modus operandi» «desconocer al rector electo Walter Mazariegos» y a sus integrantes; además, tenía tres funciones: estar dentro de las instalaciones de la universidad, otros pedían alimentos para quienes estaban adentro y otros «publicaban en redes sociales».
En las audiencias, el fiscal Sánchez fue enfático en decir que el rector Mazariegos fue electo de manera legítima y que si no se estaba de acuerdo con el resultado, los inconformes debían acudir a las instancias legales. Sin embargo, obvió decir que eso sí pasó. En julio de 2022 la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) denunció a integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, tras haberle dado posesión a Mazariegos pese a que se habría esquivado el procedimiento legal en su elección.
Esto ocurrió luego de que 98 electores fueran excluidos de la votación, lo que habría favorecido a Mazariegos y dejado fuera de la contienda a Rodas, que buscaba ser rector.
El MP también planteó antejuicios en contra de los diputados Roman Castellanos, de Semilla, y Aldo Dávila, del partido Winaq, señalados por los mismos delitos. Todos los antejuicios fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia, donde el pasado 17 de noviembre tomaron posesión sus nuevos integrantes, quienes todavía no se han pronunciado sobre esta petición.
Los señalamientos
Las personas detenidas salieron de la prisión militar Mariscal Zavala casi a la medianoche del 27 de noviembre, después de permanecer once días encerrados. Su liberación estuvo acompañada de abrazos de familiares y amigos; además, enviaron mensajes de agradecimiento a quienes les brindaron apoyo. Evitaron hablar del caso por temor a repercusiones legales.
Cada uno de los seis tiene perfiles diferentes. Blanco, de 23 años, es una de las integrantes más jóvenes de Semilla y actualmente cursa una maestría en Administración Pública. El partido costeó la caución económica. De León, de 26 años, destacó cuando se conoció que tendría que licenciarse en prisión y que tiene un historial de ser profesor voluntario en clases de matemática; su graduación fue celebrada con un evento en línea dirigido por Pedro Morales Almazán, doctor en Física Matemática que labora en la Universidad de California Santa Cruz, y en una celebración con mariachis en el ingreso de la cárcel militar Mariscal Zavala.
Eduardo Velásquez, doctor en sociología y exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac, reconocido por defender históricamente la autonomía universitaria. Rodolfo Chang, actual decano de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, miembro destacado de la comunidad china en Guatemala. Alfredo Beber, topografista y catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Usac; y Martín Jorge Macario, trabajador del área de mantenimiento de la universidad.
En el caso de Macario, al conocerse su captura, el banco bloqueó el acceso a sus cuentas, lo que impidió que tuviera a disposición los recursos económicos para pagar los 10,000 quetzales de caución económica. Para apoyarlo, en redes sociales un grupo de ciudadanos se organizó para recolectar dinero para pagar y que así pudiera recuperar su libertad.
Al salir de la cárcel, Macario dijo: «La verdad es que yo no me siento contento, no me siento feliz, no fue nada fácil lo vivido acá adentro como en los tribunales, los debates que tuvimos con el fiscal y el juez. Gracias a Dios ya vamos para nuestras casas pero no estamos libres, estamos a la espera de una investigación y esperamos que ellos hagan un buen trabajo como lo deben hacer».
Pese a que llevan pocos días fuera de prisión, el Ministerio Público ya apeló la falta de mérito que dictó el juez Cruz por asociación ilícita y sedición, y pidió que se les retire el arresto domiciliario y regresen a la cárcel por supuestamente «existe un serio fundamento de que puedan obstaculizar la investigación», específicamente porque se «comunicaron con el diputado Samuel Álvarez», que aunque la Fiscalía lo vincula al mismo caso por la toma de la Universidad de San Carlos, también a través de videos y publicaciones en redes sociales. Plaza Pública. #Política.
