TEXTO: ASIER ANDRES
GRÁFICAS: ASIER ANDRES
ILUSTRACIÓN: DIEGO ORELLANA
EDICIÓN: CAROLINA GAMAZO.
No Ficción.
En los últimos cuatro años, la fiscal Consuelo Porras gozó de un presupuesto cada vez mayor para gastar. En 2023, es posible que los gastos de la fiscal alcancen los Q3 mil millones. Esto supone un 76 por ciento más que al comienzo de la gestión de Giammattei. Su institución ya recibe casi tanto presupuesto como todo el Organismo Judicial.
Este reportaje forma parte del especial Las Cinco Políticas de Giammattei. Una investigación que explica la estrategia del presidente durante los cuatro años al frente del Ejecutivo.
Tras una época de grandes investigaciones, la intensidad de la lucha contra la corrupción se redujo durante la administración de Alejandro Giammattei. Esto sucedió especialmente desde la destitución y exilio del exjefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval en 2021 y de otros jueces y fiscales. Al mismo tiempo que disminuía la investigación en corrupción, el MP incrementó su ejecución del presupuesto en casi un 76 por ciento.
Sí se destaparon algunos casos nuevos de corrupción que afectaron a este gobierno. El viceministro de hospitales, Gerardo Hernández y otros altos funcionarios de la cartera de Salud fueron procesados por un desfalco de casi Q70 millones. Algo similar sucedió en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología Meteorología e Hidrología (Insivumeh), donde se detectó una estructura liderada por el diputado Jorge García Silva y funcionarios de la institución que otorgaba contratos a familiares.
También se persiguieron algunos casos ocurridos en la administración anterior, como el del Libramiento de Chimaltenango y otros relacionados con la adjudicación de carreteras.
Giammattei ha llegado al final de su periodo sin que hasta el momento, la fiscalía haya presentado cargos en su contra.
Pero, a diferencia de sus antecesores Otto Pérez y Jimmy Morales, que fueron ellos mismos acusados de delitos, Giammattei ha llegado al final de su periodo sin que hasta el momento, la fiscalía haya presentado cargos en su contra.
La jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, no ha sido hostil a este presidente. Y él, le ha protegido a ella.
En 2022, el presidente designó a Porras para ocupar el cargo otros cuatro años. Y en 2023 se ha negado a pedir su renuncia, a pesar del histórico Paro Nacional que se ha producido en las últimas semanas para forzar su salida.
Pero esta alianza política ha existido también en el plano económico. Con el apoyo del Congreso, Giammattei ha multiplicado la asignación de fondos que anualmente recibe Porras del presupuesto del Estado para operar.
Según muestran el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), en 2020, el primero de Giammattei, el MP gastó algo más de Q1,700 millones.
En 2021, la cifra creció más de un 30 por ciento hasta alcanzar los Q2,260 millones. En 2022 la asignación se incrementó en otros 370 millones y llegó a los Q2,630 millones.
Y si se cumplen las previsiones, es posible que en 2023, el MP, por primera vez, alcance un gasto superior a los Q3 mil millones. Esto sería un 76 por ciento más que lo desembolsado en 2020.
Y si se cumplen las previsiones, es posible que en 2023, el MP, por primera vez, alcance un gasto superior a los Q3 mil millones. Esto sería un 76 por ciento más que lo desembolsado en 2020.
Aún no es posible determinar cuánto gastará efectivamente el MP este año. Cómo muestra el siguiente gráfico, es común que el presupuesto que se le asigna a una institución no se cumpla. Y, al final del año, disponga de menos dinero del previsto.
Pero, en todo caso, la fiscalía ya gastó el año pasado un 54 por ciento más que en 2020. En contraste, el conjunto del presupuesto del Estado, ha crecido alrededor del 30 por ciento durante la gestión de Giammattei.
Los proyectos de Porras.
Estas cifras de gasto alcanzadas por el MP han convertido a la fiscalía en una entidad con un presupuesto comparable al de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército o todo el Organismo Judicial.
Porras, como muestran los datos de Sicoin, ha dirigido el incremento de fondos principalmente hacia el pago de salarios. Y, en menor medida, a equipar el MP.
Una de sus estrategias ha sido otorgar bonos a los trabajadores. La partida dedicada a este fin creció un 150 por ciento entre 2020 y 2022.
El personal permanente (el llamado renglón 011) ha pasado de cobrar un sueldo base promedio de 6,600 en enero de 2020, a casi 8,100 en la actualidad. Esto según información difundida por la institución.
La propia Porras gana ahora unos Q55 mil mensuales. En enero de 2020, la fiscal recibía un salario de Q50 mil –esto sin contar gastos de representación y otras bonificaciones.
Según un reportaje de Plaza Pública, estos incrementos salariales en el MP han venido acompañados de un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo. Este pacto ha aumentado la capacidad de la fiscal general de despedir con más facilidad a cualquier empleado. Con más poder para castigar o retribuir a sus empleados, Porras ha consolidado su poder dentro de la institución.
Ha aumentado la capacidad de la fiscal general de despedir con más facilidad a cualquier empleado. Con más poder para castigar o retribuir a sus empleados, Porras ha consolidado su poder dentro de la institución.
Además, también la he hecho crecer, contratando a más personal. No está claro cuánto, porque el MP, en teoría por motivos de seguridad, no difunde la identidad o el número de una buena parte de sus empleados.
Pero el número de trabajadores que sí se difunde se incrementó en 441 personas, un 18 por ciento, entre 2020 y 2023, según datos difundidos por la institución.
Con más dinero y trabajadores, Porras podría haber aumentado la eficacia en la percusión de los delitos. Pero no está muy claro que esto esté sucediendo.
El presupuesto del MP muestra cómo los mayores aumentos del gasto se han producido en las oficinas de atención permanente que ha abierto el MP en todas las poblaciones del país. Esta ha sido una de las políticas más emblemáticas de Porras.
Pero muchas de estas nuevas oficinas cuentan con escaso personal. Como muestran las planillas de empleados que publica el MP, en estas nuevas instalaciones, muchas veces solo trabajan algunos auxiliares fiscales. Estos reciben las denuncias y ofrecen atención a las víctimas, pero cuentan con pocos medios para investigar delitos.
Otro reportaje de Plaza Pública puso de relieve cómo esta expansión del MP por todo el país está significando una cosa: que ahora, sencillamente, muchos más casos se desestiman.
Un pequeño ejército
La otra actividad que ha priorizado Porras con su presupuesto extra es la contratación de personal de seguridad. El dinero gastado en esto prácticamente se duplicó entre 2020 y 2022. El año pasado, el MP dedicó Q221 millones en sus servicios de protección.
Como ya contó No-Ficción en un reciente reportaje, la fiscalía cuenta con un cuerpo de unos 1,500 agentes y un grupo élite que protege a Porras y se dedica a operativos especiales.
Dotar a estos agentes con armas y otros equipos ha sido también otro de los destinos a los que Porras ha dedicado su presupuesto extra.
Aunque, el MP en los últimos cuatro años ha comprado, sobre todo, vehículos.
En 2020 gastó casi Q61 millones en 380 picops Nissan Frontier. Y poco después, casi Q3 millones en 237 motocicletas.
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Incrementos también para la CC
Giammattei propició una alianza similar a esta con el MP, con otra parte clave del sistema de justicia: la Corte de Constitucionalidad (CC).
El presidente no sólo colocó a Leyla Lemus, su exsecretaria general de la Presidencia, en la Corte, también la fortaleció multiplicando su presupuesto, tal y como hizo con el MP.
El gasto en la más alta corte del país creció un 40 por ciento sólo entre 2020 y 2022.
Como hizo Porras, los magistrados de la CC también aprovecharon para contratar más personal y subirse los sueldos.
La planilla de la institución creció de 403 a 483 empleados, un incremento de casi el 20 por ciento, según información divulgada por la institución. Y los magistrados titulares pasaron de cobrar Q72,700 mensuales en 2020 a Q83,700, tres años después, un 15 por ciento más.
Además, los magistrados suplentes se duplicaron las dietas que perciben: de Q26 mil mensuales a Q55,700.
Dinero y protección
Toda esta afluencia de fondos hacia partes clave del sistema de justicia han facilitado que Giammattei haya llegado hasta el final de su mandato en relativa calma.
El presidente ha sido señalado de recibir sobornos de la minera rusa Solway. También de financiar su campaña electoral de 2019 de manera ilegal, con dinero proveniente de constructoras. Y, según publicaron varios medios, de pagar sobresueldos a la autoridad electoral.
Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio Público no ha hecho públicos avances en estos u otros casos contra el presidente o su círculo más cercano.
De la misma forma, Consuelo Porras está agotando su segundo mandato sin perder la confianza de Giammattei.
La fiscal general ha sido designada oficialmente por Estados Unidos como persona involucrada en “corrupción significativa”. El Departamento de Estado la acusó de proteger a sus aliados y perseguir a actores del sistema de justicia que lucharon contra la corrupción.
Además, en las últimas semanas Porras ha estado en el centro de una crisis política sin precedentes. La fiscal general ha emprendido acciones destinadas a dificultar que el presidente electo, Bernardo Arévalo y los diputados de su partido, que son críticos con su gestión, puedan asumir sus cargos.
Esto ha desencadenado un movimiento ciudadano para exigir su renuncia que condujo a la paralización del país en octubre pasado.
Sin embargo, nada de esto ha distanciado a Giammattei de Porras. Ambos han forjado una alianza que ha sido política, pero que no podría entenderse sin los miles de millones de quetzales del presupuesto del Estado que han fluido hacia el MP.
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