Los 48 Cantones de Totonicapán y otras autoridades indígenas del país ponen su cuota de presión para que renuncien los fiscales Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Primero, les dieron un plazo para detener las acciones contra el proceso electoral; sin embargo, dada la falta de reacción de los funcionarios, las medidas de hecho suben de tono. Autoridades locales se desplazaron desde sus comunidades a más de una decena de puntos estratégicos a nivel nacional para declararse en huelga por tiempo indefinido. «Vamos a paralizar el país indefinidamente», dice Luis Pacheco, actual presidente de la Junta Directiva de la organización, en esta entrevista con Plaza Pública. Este anuncio, aclara, no es una amenaza sino una advertencia.
Desde muy temprano, el lunes 2 de octubre, 13 puntos clave del país fueron escenario de protestas coordinadas por las autoridades indígenas de Cobán, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Chichicastenango, Quiché, Totonicapán, Sololá, Huehuetenango, Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez y Chiquimula. Esta vez sin peticiones escritas, ni acciones legales bajo el brazo, sino con un mensaje más concreto: paralizar el país el tiempo que sea necesario hasta que sus peticiones sean atendidas.
Se trata de puntos clave para el tránsito de personas entre departamentos que quedaron inaccesibles. Entre ellos, Cuatro Caminos en Totonicapán, Los Encuentros en Sololá, el Libramiento de Chimaltenango y el paso por el centro comercial Metronorte, en la zona 18 de la capital. Sin embargo, una de las directrices es permitir el paso a personas con emergencias de salud o necesidades urgentes.
«No venimos a representar a ningún partido político, el momento es de defensa a la democracia en representación de los pueblos originarios indígenas», advertía Luis Pacheco, frente a las instalaciones del Ministerio Público, en la ciudad de Guatemala. En medio de gritos de consignas y afirmaciones de respaldo, algunas personas vociferaban mensajes provocadores cada vez que alguna persona entraba o salía del edificio que antes del mediodía ya estaba rodeado de los representantes indígenas. Entre la algarabía de la multitud, Pacheco llamaba a la calma a una multitud molesta con las innumerables acciones emprendidas por el Ministerio Público, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), jueces como Fredy Orellana y autoridades de gobierno. Funcionarios a quienes exigen su renuncia inmediata, por haber actuado en contra de los intereses del pueblo y por atentar contra la democracia y el orden constitucional.
«Nosotros no venimos a pelear, no venimos a quebrar vidrios ni a dañar estructuras pero si va a ser necesario cerrar el MP, lo vamos a hacer», les recordaba a los presentes. Semanas atrás, los mismos representantes estuvieron presentes ante la Cámara de Industria de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad; y el Congreso. Presentaron un listado de peticiones y dieron un plazo para que se cumplieran. Sin embargo, sus palabras no tuvieron eco.
—¿Cómo interpretan el momento político que atraviesa Guatemala?
—En el sentido ciudadano, lo interpretamos como una preocupación por la cooptación del Estado de ciertos sectores que quieren quedarse cimentados en el poder. Como ciudadanos, como pueblo de Guatemala, como pueblo indígena, de esa forma entendemos todo lo que está pasando.
—¿Cuáles son sus principales preocupaciones y exigencias en medio de este contexto? ¿Qué está en riesgo?
—Está en riesgo puntualmente la soberanía y la democracia. Se supone que somos un país democrático, soberano, independiente. Nuestra voluntad ya fue dada y cedida en las urnas y nos preocupa la manera en la cual el Ministerio Público fue a secuestrar las cajas que contenían las boletas electorales. De ahí lo interesante es ver cómo quieren quedar en el poder, incluso analizamos que esta es una advertencia hacia el pueblo. Es una forma de decir: «Nosotros hacemos esto, vamos a ver qué se animan a hacer ustedes». Como midiendo el alcance de la población. Está más que claro porque la semana pasada estuvimos aquí y presentamos una carta en donde le exigimos la renuncia a la fiscal Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana. Y no vemos voluntad de parte de ellos, al contrario, vemos el abuso de autoridad y poder. Eso es lo que más nos preocupa, que no tengamos democracia.
Nuestra principal exigencia ahorita es la renuncia de la fiscal, el nombramiento de un nuevo fiscal que destituya al fiscal Rafael Curruchiche. También pedimos que el juez Fredy Orellana presente su renuncia. Creemos que de esa forma podemos minimizar la corrupción y detener un poco todo lo que está pasando. Al mismo tiempo, el Congreso también conoce nuestras peticiones. Hemos pedido que desconozcan ciertas iniciativas de ley que afectan directamente a la población indígena. Por ejemplo, la ley de las semillas transgénicas —conocida como Ley Monsanto— o la Ley de fortalecimiento para la paz.
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A mediados de septiembre de este año, el Congreso conoció la iniciativa de ley 6283, que dispone la aprobación de la «Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales», mejor conocida como Ley Monsanto. Esta propuesta pretende que empresas transnacionales como Monsanto, Dow, Dupont/Pioneer, Syngenta y Bayer tengan exclusividad de derechos de la propiedad intelectual de las semillas mejoradas. De esa forma, los pequeños comerciantes o desarrolladores y especialmente los pueblos indígenas quedarían desprotegidos en esta forma de subsistencia y tendrían que comprar dichas semillas a las grandes empresas. Por otro lado, la iniciativa de ley de Fortalecimiento para la paz se encuentra en proceso de análisis en el Congreso. Esta iniciativa propone una extinción de la responsabilidad penal y de la pena, por amnistía, a favor de las personas que como miembros del Ejército u otras fuerzas de seguridad del Estado hayan cometido delitos durante el Conflicto Armado Interno.
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—Estamos viviendo un momento histórico en donde hay un atentado claro contra la democracia, ¿qué rol consideran que debe asumir la ciudadanía, sociedad civil y organizaciones indígenas?
—Sumarse a este manifiesto y demostrar que todos hemos elegido voluntariamente, que nadie nos ha coaccionado y amenazado y que se respete nuestra decisión en las urnas. Si querían investigar lo hubieran hecho en su momento. Motivamos a toda la población a que se sume porque no es un beneficio solo para los 48 cantones de Totonicapán, comunidades de Sololá y los demás pueblos que acá estamos, sino que es un beneficio a nivel nacional, para toda la población. Entonces los invitamos a que se sumen y que se enteren de lo que está pasando, que vean las noticias y no se dejen manipular por información falsa.
—¿Cómo se vive esta crisis política y social desde las comunidades? ¿Cuál es el sentir de la población ante las acciones del MP y autoridades de gobierno?
—Es increíble que el sentir de las comunidades sea más profundo que el que hay en los cascos urbanos de cada municipio. En las comunidades, a pesar de que muchos desconocen las leyes y procedimientos institucionales, están preocupados por la forma en que se está imponiendo una situación que no es correcta. Y ante ese sentir la acción de las comunidades es esta: manifestar en favor de la democracia.
Hay bastante molestia porque no se ha respetado la voluntad de los pueblos indígenas.
Es increíble que el sentir de las comunidades sea más profundo que el que hay en los cascos urbanos de cada municipio.
—¿Han tenido acercamientos con las autoridades electas para establecer un diálogo o discutir su visión de país?
—Nosotros estamos defendiendo que no se vulnere la democracia de Guatemala porque al final creemos que todas las autoridades van a asumir el cargo para el que fueron electos. Sin embargo, las autoridades de alguna forma quieren seguir con la cooptación del Estado. Ellos (el Movimiento Semilla) tienen que hacer su trabajo y exigir lo que legalmente les corresponde. Nosotros estamos luchando por la democracia, porque se respete mi voto, que se respete el voto de todos los que estamos aquí. Ellos tienen que llegar a sus cargos pero el secuestro de las cajas en donde están las boletas electorales, eso sí nos parece aberrante. Incluso, podemos decir que mataron nuestra democracia plasmada en documentos, en papeles.
Reunirnos con ellos ahora es un poco complejo porque se vería como una situación politizada y partidista; y nosotros no venimos a eso. Venimos a la lucha de la democracia y el bien común. No es el momento.
—Entre la primera y segunda vuelta electoral optaron por no caer en provocaciones que pudieran interrumpir el proceso electoral, ¿cuál es su estrategia ahora?
—La única estrategia es mantenernos en manifestación pacífica, en paro nacional y presionar al gobierno para que resuelva con la mayor rapidez posible. En manos del gobierno está que le exija a la fiscal Consuelo Porras su renuncia. Esperemos que hoy o mañana las cosas puedan cambiar. La manifestación es la única vía porque ya hemos agotado vías legales, hemos presentado documentos, hemos dado advertencias, hemos solicitado espacios y no nos hacen caso. Entonces creemos que la única vía lastimosamente es esta y por eso pedimos que todos se sumen para que esto se vea a nivel nacional.
—En varias ocasiones han establecido plazos para que figuras como la fiscal Consuelo Porras y Rafael Curruchiche renuncien a su cargo. Las autoridades no han hecho eco y concluido el plazo no vimos acciones inmediatas por parte de ustedes, ¿qué lectura hacen de eso?
—Esto nos dice que las autoridades definitivamente no escuchan a los pueblos indígenas. Ellos archivan nuestras peticiones cada vez que venimos. Entonces ahora estamos demostrando que el poder está en el pueblo y el pueblo es quien decide. Al final de cuentas ellos se deben a nosotros. Al paralizar el país, no se van a poder transportar y afecta el comercio, repercute económicamente. Al final la población es la que tiene el poder pero lastimosamente no se ha entendido de esa manera.
Ahora vamos a demostrar ese poder, para que escuchen nuestras peticiones.
Antes no tuvimos respuesta, si hubiera habido una respuesta de ellos no hubiéramos tenido que llegar a este momento pero no hubo respuesta clara y concisa entonces tuvimos la necesidad de tomar estas acciones. La intención es motivar a las instituciones a que hagan su trabajo.
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Aunque las autoridades anunciaron días atrás la paralización del país y los motivos que los llevan a tomar estas acciones, desde distintos departamentos, sus acciones sorprendieron y molestaron a particulares y cámaras empresariales. Estas últimas, como suele suceder, expresaron su rechazo a estas acciones a las cuales llaman «bloqueos», no manifestaciones pacíficas. «Bloquear vías públicas no es lo mismo que manifestar pacíficamente», publicó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Para las organizaciones indígenas, el poder de la manifestación ha sido la medida más contundente para expresar rechazo y presionar a las autoridades a desistir de acciones que, según los líderes, van en contra del bien común y especialmente del bienestar de los pueblos, tanto a nivel rural como urbano.
Ante los pronunciamientos de las cámaras empresariales, la respuesta de las comunidades es: «En sus manos (del presidente Alejandro Giammattei) está la destitución de la fiscal general Consuelo Porras… hacemos responsable al presidente de las pérdidas económicas que haya en el país si no ordena la destitución de la fiscal».
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—Manifestar es un derecho ciudadano y se ha convertido en una de las principales herramientas para expresar rechazo ante el contexto actual, pero en sectores urbanos tienen poca simpatía, ¿a pesar de eso valen la pena estas acciones de protesta?
—Ya hemos iniciado estas acciones y van a tener que valer la pena. No podemos parar y nuestra advertencia está definida. Con el debido respeto a los sectores afectados, ellos también son población y deberían sumarse a estas acciones y apoyarnos. No solo ellos salen afectados con estas acciones, también nosotros dejamos nuestro trabajo, familia y casa; y estamos acá bajo el sol pasando hambre. Al final, también estamos afectados.
Nosotros hemos sido claros y hemos llamado a la población a ser prudentes en su actuar porque no queremos caer en la violencia, queremos que estas manifestaciones sean pacíficas y que no tengan motivos para decretar un Estado de Sitio o Estado de Calamidad, por eso hemos llamado y hemos pedido a los líderes que sean observadores con las personas que han traído. Si en algún momento alguna persona cae en esas acciones, nosotros mismos actuaremos para entregarlo a la PNC y que actúen como corresponda.
No solo ellos salen afectados con estas acciones, también nosotros dejamos nuestro trabajo, familia y casa; y estamos acá bajo el sol pasando hambre.
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Manifestar de forma pacífica es una de las directrices que los líderes comunitarios destacaron desde las primeras horas de la jornada. «No vamos a caer en provocaciones, no les vamos a dar motivos para que actúen contra nosotros», insiste Pacheco. Por esa razón quedaron prohibidas actitudes violentas e incluso el dañar edificios públicos con pintura u otro material. En varios momentos del día, en medio de la conmoción, personas no identificadas intentaron incitar al resto del grupo a agredir a quienes intentaban ingresar al MP para realizar alguna diligencia. «Aquí tenemos personas infiltradas, no podemos caer en ese juego», insistían los líderes. El lunes por la noche, los líderes comunitarios hicieron un llamado de atención a un grupo de personas que pintó algunas consignas en las paredes del edificio del MP. La intención es no dar paso a que instituciones como el Ministerio de Gobernación a través de la PNC tenga excusas para accionar de forma violenta contra las personas que manifiestan, entre las cuales se encuentran adultos mayores, mujeres y jóvenes representantes de sus comunidades.
En Tactic, Alta Verapaz, por ejemplo, el lunes por la tarde se desplegó un grupo de policías y antimotines para retirar a los manifestantes ubicados en ese punto.
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—Las comunidades han marcado una agenda propia ante la indiferencia, racismo y abandono del Estado, ¿cuáles son esas deudas históricas que no pueden quedar de lado en medio de la coyuntura política? ¿Qué leyes, proyectos o programas han quedado engavetados, que serían de beneficio para las comunidades?
—Debemos seguir insistiendo en que el Congreso conozca iniciativas que van en beneficio de las comunidades, obviamente a ellos no les parece nuestra agenda. También tenemos que seguir siendo observadores de las iniciativas que atentan contra las comunidades y el beneficio del pueblo. Nuestra lucha siempre ha seguido como pueblos indígenas originarios para el bien común. Nosotros no nos oponemos sin sentido, como dicen muchos. Nuestras luchas siempre tienen un sentido claro.
—Ante la indiferencia de las autoridades a este tipo de movilizaciones, ¿qué sigue?¿Qué podemos esperar?
Si hoy no vemos una respuesta de las autoridades, seguiremos con la paralización del país indefinidamente.
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Aunque en algunos de los puntos tomados, al caer la noche, los grupos se retiraron con la promesa de volver al día siguiente, frente al MP se colocaron toldos para pernoctar frente a la sede de la institución que ha abanderado una serie de acciones contra la estabilidad del proceso electoral. Grupos de ciudadanos se acercaron al lugar para entregar refacciones y alimentos a los representantes de las comunidades. Ni la lluvia, ni el cansancio, ni la noche fueron motivos para abandonar el lugar. «Mientras más personas se sumen al paro, dice Pacheco, más rápido vamos a ser escuchados. Este es el inicio de algo más grande». #Elecciones 2003.
