Aunque el Ministerio Público se llevó los documentos, no existe impedimento para que los candidatos triunfadores lleguen a sus cargos el 14 de enero de 2024.
Por Carmen Valle
El 30 de septiembre de 2023 la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) secuestró las actas con los resultados electorales. Aunque según los especialistas no hay fundamento legal para esto, no se impide a los candidatos electos tomar posesión de sus cargos en 2024.
El hecho ocurrió en medio del cuarto allanamiento realizado por el MP a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Rafael Curruchiche, titular de la FECI y considerado por el gobierno estadounidense como corrupto y antidemocrático, lo justificó con la recepción de “miles de denuncias” por presuntas anomalías en el proceso electoral. Aun así, no hay más detalles sobre el caso al estar bajo reserva.
Dado que los funcionarios electos para todos los cargos recibieron las credenciales que los acreditan como tal en agosto y septiembre de 2023, “no se les puede prohibir tomar posesión el próximo año y lo que hizo el MP no tiene implicaciones jurídicas. Además, no se puede esconder las actas del todo porque las juntas pueden acceder a la versión subida al sistema”, explica el abogado, Roberto Alejos.
Según el jurista, el MP se escuda en tener potestad para investigar todos los casos en materia penal, incluido el caso bajo reserva, pero incluso si comprobara los señalamientos, quienes deberían asumir la responsabilidad serían los autores, no los candidatos electos. Estos, dice el artículo 211 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, deben tomar posesión de sus puestos el 14 y 15 de enero del próximo año.
Con él coincide el abogado Gregorio Saavedra, porque “no existe jurídicamente y en el marco del Estado de Derecho una vía de anular las elecciones. (…) Haberse llevado las actas originales es una afrenta directa a los guatemaltecos, a la soberanía popular y a la democracia”, sostiene.
El efecto no legal
Saavedra y Alejos coinciden en que, aunque los actos del MP no tengan ninguna consecuencia jurídica, sí pueden tenerla a nivel social, pues propician la desinformación y pueden sembrar desconfianza en este y los procesos electorales venideros. Para Alejos, el plazo de impugnaciones ya pasó, pero eso no impide la desconfianza de la ciudadanía durante los próximos cuatro años si ve desde ahora fragilidad en el Estado de derecho.
“El secuestro puede dañar la gobernabilidad y causar que una porción de la población pase toda la administración con la idea de que las elecciones no fueron legítimas, incluso si no puede demostrarse”, señala Saavedra.
Tras dos días del retiro de actas, el MP aún no las devuelve al TSE. Mientras tanto, el 2 de octubre los ciudadanos protestaron en contra de esto a través de un paro nacional. Con información de Ojoconmipisto. #Elecciones 2023.
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