Guatemala se convirtió en una maquinaría para perseguir a jueces y fiscales independientes y que investigaron corrupción. La víctima más reciente es el juez Carlos Ruano, quien se vio forzado a salir del país y dejar atrás una carrera de 14 años en el Organismo Judicial, ante el riesgo de ser capturado o incluso perder la vida.
Era el 2010 y en una de sus primeras diligencias como juez de paz en Huehuetenango, en el inicio de su carrera en el Organismo Judicial, Carlos Ruano debía verificar que se cumpliera la orden de derribar una pared en un conflicto entre vecinos. Parecía una diligencia sencilla pero se quedaría grabada en su memoria.
Antes de salir a la comunidad un agente de la Policía Nacional Civil le dijo que un árbol cayó y tapó el camino, por lo que no era posible llevarlo. Ruano pidió que lo trasladaran al lugar donde estaba el árbol para verificar si en realidad era imposible cumplir la orden. El policía insistió en que no se podía, pero Ruano fue más persistente. Al llegar se dio cuenta de que no existía tal árbol y que solo era una excusa para impedir su función judicial.
Desde el 2017, cuando denunció que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, madre de Otto Fernando Molina Stalling, lo citó a su despacho y le pidió favorecer a su hijo en uno de los casos a su cargo, esos árboles invisibles que trataban de bloquear su trabajo como juez se multiplicaron.
«Fueron bloqueos sistemáticos. El sistema de justicia al que yo serví me dio la espalda. La Corte Suprema de Justicia no me protegió, desde allí se consumó el acto de venganza en mi contra», dijo Ruano, quien tras enfrentarse a un antejuicio, amenazas, hostigamiento y acoso por denunciar a Stalling, renunció a su carrera en el sistema judicial y salió al exilio.
Este miércoles 27 de septiembre, el abogado anunció de manera pública que se vio forzado a dejar Guatemala. Así se une a la larga lista de operadores de justicia que están siendo perseguidos por el Ministerio Público, en alianza con la Fundación contra el Terrorismo, entre ellos sus excolegas Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, quienes enfrentaron el mismo patrón de persecución y que también se vieron obligados a dejar atrás sus carreras de jueces.
Por el mismo caso, una denuncia de Stalling, la abogada Claudia González, exmandataria judicial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cerrada en 2019, fue enviada a la cárcel. Su caso es calificado como un golpe neurálgico a la defensa de otros operadores de justicia, ya que ella defendía a 12 de ellos en 170 denuncias por haber investigado corrupción. El proceso contra González incluso desafía las leyes nacionales, ya que fue ligada a proceso por el delito de abuso de autoridad, aunque según legislación de Guatemala, los trabajadores de órganos internacionales no son funcionarios judiciales, los únicos a quienes aplica ese delito.
Ruano recibió asilo político en Estados Unidos, donde ahora será parte de procesos de formación en temas anticorrupción y de fortalecimiento del estado de Derecho.
En esta entrevista, el juez Ruano aborda los impacto de su su exilio y lo que su caso dice del sistema de justicia en Guatemala; también habla del drama familiar que vivió al explicarle a su padre, un agricultor, las amenazas a las que se enfrentaba y cómo tuvo que vender sus pertenencias mientras intentaba defenderse de Stalling y arreciaba la persecución.
—Su caso no es aislado y sigue el mismo modelo que llevó a que Aifán y Gálvez reunciaran a sus cargos, ¿qué ve detrás de eso?
—Represalias y venganzas por haber realizado un trabajo independiente. Cumplimos nuestra función, interpretamos y aplicamos la ley sin ningún sesgo y privilegio. Lo que sucede es que las personas que se vieron afectadas por nuestro trabajo independiente tienen mucho poder y vínculos dentro del gobierno, y así han venido los ataques y la criminalización. Es un patrón sistemático en contubernio con el sistema de justicia.
—¿Qué dice esto de lo que sucede en Guatemala?
—Esto demuestra que los intereses de las personas que dirigen las instituciones de justicia no son legítimos y favorecen a algunos sectores. Esto da un mal mensaje, debilita la institucionalidad y debilita al país porque no se respetan los derechos y garantías y no hay un verdadero estado de Derecho.
—¿Por qué decidió ser juez? ¿Se imaginó que llegaría a ser tan peligroso?
—Siempre me llamó mucho la atención ser abogado, conocer la ley, defender un caso. Cuando ingresé al Organismo Judicial como auxiliar, ver a la jueza o al juez ejercer su función, consideré que yo también podía hacerlo. Desde el inicio supe que hay que tener valor para hacer el trabajo y no dejarse influenciar por personas que buscan limitar u obstruir la justicia.
—Su experiencia con el árbol en el camino que no existía tiene sentido con los bloqueos que sufrió para hacer su trabajo luego de denunciar a la magistrada Stalling.
—De una manera sistemática y coordinada los obstáculos y represalias empezaron en 2017 y hasta hoy, que entrego el cargo, se me limitó hasta participar en espacios de formación para otros jueces en la Escuela de Estudios Judiciales. Allí me excluyeron por orden de la Corte Suprema de Justicia. Eso dentro de otra serie de espacios donde fui limitado hasta llegar a lo más grave de quererme llevar a la cárcel por denunciar un acto de corrupción interno, como lo que intentó la magistrada Stalling.
—¿Cree que detrás de usted hay otros jueces que enfrentarán persecución, exilio y capturas?
—El mensaje que están dando por criminalizar a los jueces es que los demás vean que si son independientes, si hacen un buen trabajo van a tener represalias porque lo que quieren son jueces dóciles, sometidos, serviles, que reciban llamadas y vayan a los despachos de los magistrados y obedezcan, y que si no hacen caso les pasará lo mismo que a Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez o a mí.
—¿Qué pasará ahora con usted, después de 14 años de carrera como juez tendrá que empezar de cero?
—Tengo esta experiencia y formación, es a lo que me dediqué todos los días, a administrar justicia independiente. Formalmente he entregado el cargo de juez, pero seré juez para siempre. Un jurista americano al conocer mi situación me dijo «recuerde que por su vocación será juez para siempre». El Organismo Judicial de Guatemala me cerró las puertas, pero por mi experiencia y vocación de justicia, tengo esperanza de que otras puertas se me abrirán.
—Dejó su casa y a su familia, ¿cómo les comunicó lo que pasaba?
—Ya cuando la situación era insostenible, cuando la sed de venganza de Blanca Stalling me tenía como un blanco de ataque y estaba en una situación vulnerable porque ninguna institución de justicia me protegió, lo platiqué con mi familia, especialmente con mi padre, un agricultor. Eso conllevó espacios de convivencia para comentarle la situación en la que me encontraba y las rutas para salir lo menos afectado. Recuerdo que le dije a mi papá que él se quedara tranquilo porque no fui un juez corrupto, que estaba en esta situación por denunciar a una magistrada corrupta y que los principios y valores que aprendí en casa no los defraudé. Él se quedó tranquilo, y todavía más cuando le dije que tenía apoyo en Estados Unidos.
