Un total de 650 elementos, entre personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público (MP) llevan a cabo un operativo que tiene como fin desarticular una estructura dedicada al tráfico ilegal de migrantes.
De acuerdo con el ente investigador, se trata de la organización que en enero del año pasado habría trasladado de forma irregular a 15 guatemaltecos que fueron asesinados en Camargo, Tamaulipas, México.
El reporte inicial da cuenta de 19 allanamientos, los cuales ya habrían permitido 8 capturas y la confiscación de dinero en efectivo, armas, teléfonos y otros elementos que permitirán fundamentar el caso. Las diligencias cuentan con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en el denominado Caso Tamaulipas también estaría implicada la jueza de Primera Instancia Penal de San Marcos, Blanca Elizabeth González Gálvez. Para indagar al respecto, se requirió el retiro de su inmunidad, pues podría haber incurrido en abuso de autoridad, prevaricato y cohecho pasivo.
El despliegue
La PNC desplegó a Comitancillo gran cantidad de agentes y también se apoya con autopatrullas, grúas, autobuses y drones para dar con los individuos contra quienes ya pesan órdenes de captura. En el lugar también hay helicópteros y ambulancias.
Además, los efectivos cuentan con sistemas MI3, los cuales permiten confirmar la identidad de las personas por medio de huellas digitales. Asimismo, cuentan son teléfonos satelitales, radios portátiles y cámaras.
De forma preliminar se informó de la detención de siete hombres y una mujer, quienes serían parte de la estructura que trafica migrantes. Las diligencias continúan.
En México
Desde que ocurrieron los hechos en Camargo, el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinó con autoridades mexicanas para esclarecer lo sucedido y hacer justicia.
Los primeros resultados fueron la captura 12 personas presuntamente responsables del crimen contra los migrantes. Los detenidos fungían como policías del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes). La Fiscalía mexicana los acusó de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones judiciales o administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad. El 8 de febrero de 2021 quedaron ligados a proceso penal. AGN #Migración.