Según documentos publicados por el diario elPeriódico, Porras, quien destituyó a Sandoval el 23 de julio, había tratado de influir en las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Los oficios emitidos por Porras, a los que el periódico tuvo acceso, hacen referencia a investigaciones en torno a nombramientos en altos cargos judiciales y mencionan a funcionarios del círculo cercano del presidente Alejandro Giammattei. Asimismo, un abogado testificó ante la FECI que un asesor del Ministerio Público le ofreció transferir uno de sus casos de dicha entidad a cambio de US$9.000.
Estos documentos parecen corroborar las acusaciones hechas por Sandoval después de su despido: que su exjefa se inmiscuyó repetidamente en investigaciones importantes y que del Ministerio Público se filtró información sobre casos sensibles.
En medio de las protestas en todo el país en las que se pide la renuncia de Porras y las solicitudes de Estados Unidos para que Sandoval sea reincorporado, Porras continúa reorganizando la FECI, generando agitación en la reputada unidad anticorrupción.
Las presiones de Porras
En una conferencia de prensa que se llevó a cabo varias horas después de la destitución de Sandoval, este dijo que en múltiples ocasiones Porras había dado instrucciones al personal de la FECI para que indagara a ciertas personas como parte de una investigación sobre el tráfico de influencias en el nombramiento de jueces para las altas cortes de Guatemala.
Los comentarios de Sandoval coinciden con dos memorandos internos que Porras le había enviado a aquel en marzo, publicados por elPeriódico. En el primero, Porras cuestiona a Sandoval por el hecho de que la FECI no arrestó a Estuardo Gálvez, exdecano de la Universidad de San Carlos y figura influyente en el proceso de selección de magistrados para las cortes de Guatemala. Sandoval asegura que Porras insistió en la detención de Gálvez, a pesar de que a ella se le dijo que la FECI aún no tenía un caso lo suficientemente sólido. El Ministerio Público había emitido en febrero una orden de arresto contra Gálvez por tráfico de influencias, violación de la Constitución y asociación para delinquir. Como parte del caso fueron imputadas otras siete personas.
En ese mismo memorando, Porras cuestionaba el hecho de que la FECI hubiera ampliado el caso con el fin de incluir a otras personas además de Gálvez. Una de estas personas era Nester Vásquez, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, por quien Porras había intercedido ante los fiscales de la FECI para que no lo investigaran, según dijo Sandoval después de su despido. En ese momento, Vázquez era magistrado de la Corte Suprema y había sido nominado para un cargo en la Corte de Constitucionalidad.
Porras también presionó cuando la FECI comenzó a investigar a la exsecretaria privada del presidente Alejandro Giammattei, Leyla Lemus. En ese momento, la FECI se encontraba investigando un supuesto complot para destituir al expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y había enviado una solicitud de información a la oficina presidencial de Giammattei, en la que incluso se le pedía información a Lemus.
En un documento relativo al caso, enviado por el despacho de Porras, y que también fue publicado por elPeriódico, esta le pedía a la fiscalía especial que actuara “de forma respetuosa y cordial” cuando se trataran asuntos presidenciales, “conforme a la alta investidura que tiene el Señor Presidente”. El caso fue finalmente transferido de la FECI a otra rama del Ministerio Público.
Sandoval, quien huyó del país después de su despido y se encuentra en Estados Unidos, dijo a InSight Crime que la resistencia de Porras a ciertas investigaciones comenzó en 2018 y luego aumentó gradualmente a medida que ganó la confianza del presidente.
“Eso coincidía con las presiones a lo interno de la Fiscalía por diligencias en las que se pensaba que nosotros estábamos requiriendo información relacionada con la gente cercana al Presidente de la República”, dijo a InSight Crime el exjefe de la FECI.
Pagos en efectivo para salir del “infierno” de la FECI
En otro informe en torno a los memorandos de Porras, elPeriódico publicó el testimonio dado a la FECI por un abogado que afirma que un asistente de la oficina de Porras ofrecía extraer casos de ciertas unidades del Ministerio Público, incluida la FECI, para transferirlos a otras unidades, a cambio de dinero en efectivo.
Marco Alveño Hernández narró a la FECI conversaciones con Claudia Paola Mansilla Figueroa, quien confirmó que el cliente de aquel estaba involucrado en un caso de la FECI y pedía US$9.000 para transferir el caso a otra unidad. Mansilla Figueroa es asistente de Héctor Aníbal de León Velasco, asesor de Porras en el Ministerio Público. Alveño Hernández le entregó US$4.500 en efectivo a Mansilla Figueroa de parte de su cliente, pero el caso nunca fue transferido.
Mansilla Figueroa envió además un oficio a Alveño Hernández en el que ella se refiere a una “fórmula” para transferir casos entre unidades mediante colusión entre fiscales y jueces, según pruebas presentadas a la FECI y obtenidas por elPeriódico.
Dentro de las pruebas aportadas por Alveño Hernández se encuentran chats en los que Mansilla Figueroa revela información sensible relacionada con las investigaciones de la FECI, incluida la relativa a los nombramientos en las altas cortes. El asesor del Ministerio Público también proporcionó a Alveño Hernández (según el testimonio ofrecido por este) una lista de personas involucradas en casos de la FECI. En uno de sus chats, Mansilla Figueroa considera que ser investigado por la FECI es “caer en un infierno”.
El Ministerio Público dijo en un comunicado que analizaría la autenticidad de las afirmaciones de Alveño Hernández. En declaraciones a la radio local, Porras dijo que el abogado estaba buscando su propia impunidad, como se lee en elPeriódico.
Tras confirmar que el testimonio publicado por elPeriódico era auténtico, Alveño Hernández abandonó el país, dado que temía por su vida y la de su familia, como afirma en un reportaje de Associated Press.
La conexión Giammattei
En su testimonio, Alveño Hernández también sostiene que Édgar Barquín, asesor económico no oficial del presidente Giammattei y exdirector del banco nacional de Guatemala, recibió información sobre una investigación en su contra.
Alveño Hernández, quien era abogado de Barquín en ese momento, dijo que coordinó con Mansilla Figueroa para que el Ministerio Público diera luz verde para transferir el caso de la FECI a otra unidad. Por este favor, Mansilla Figueroa pidió un total de 50.000 quetzales (unos US$6.500) en efectivo, que, según el testimonio, Alveño Hernández pagó en dos cuotas.
En 2019, Giammattei admitió que asistió a reuniones con Barquín y que le había solicitado asesoramiento económico, a pesar de que este último había sido declarado culpable de tráfico de influencias en un caso de lavado de dinero a principios de ese año. Pero el presidente se distanció de Barquín tras las revelaciones de Alveño Hernández, diciendo que “[Barquín] ni trabaja ni es asesor de las instituciones del Estado”.
Sandoval dijo a InSight Crime que hay “elementos sólidos” para sugerir que Giammattei presionó al Fiscal General para despedirlo, citando los esfuerzos de Porras para transferir los casos vinculados a la administración del presidente lejos de la FECI y los investigadores objetivo de la unidad ant-impunidad con sanciones administrativas.
Las reorganizaciones de Porras
Tras la salida de Sandoval, Porras continuó haciendo modificaciones en el Ministerio Público. Días después de reemplazar a Sandoval por la fiscal estatal Carla Isidra Valenzuela Elías, Porras la destituyó y nombró a José Rafael Curruchiche como director de la FECI.
Curruchiche, exdirector de la unidad de delitos electorales del Ministerio Público, está actualmente involucrado en una polémica investigación en torno a dos altos funcionarios que trabajaron en casos de corrupción graves, incluido uno que implica al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien actualmente se encuentra encarcelado.
En su anterior cargo, Curruchiche fue blanco de denuncias por presuntos malos manejos de una investigación de corrupción sobre las finanzas de campaña del partido político del expresidente Jimmy Morales, según informó elPeriódico.
Sandoval dijo que espera “nada bueno” de la dirección de Curruchiche. Le dijo a InSight Crime que las acciones de Curruchiche se han alineado consistentemente con ciertas facciones políticas implicadas en importantes casos de corrupción y que, como fiscal del Estado, intentó proteger a empresarios que habían financiado ilegalmente la campaña de Morales.
“Entonces la expectativa que tenemos es que ni avanzarán los casos”, dijo Sandoval, y continuó: “por el contrario, iniciará acciones en contra de las personas que trabajamos con la CICIG”. Con información de 
InSight Crime.