Las denuncias se derivan de una nota diplomática supuestamente enviada por las autoridades estadounidenses al Ministerio Público de Guatemala en la que se solicitaba la extradición del presunto narcotraficante Kevin Giordano Ortiz López, sobrino del antiguo capo guatemalteco Juan Ortiz, alias “Juan Chamalé”.
Los detalles de esa solicitud fueron dictados durante la audiencia de extradición de Ortiz López el 2 de julio, los cuales quedaron consignados en una grabación de audio obtenida por Prensa Libre y revisada por InSight Crime.
La nota contenía declaraciones de testigos entregadas por agentes de la policía guatemalteca y narcotraficantes al parecer activos en el clan narco de la familia de Chamalé, uno de los cuales afirma que el grupo usaba soldados para la protección de sus cargamentos de droga una vez arribaban por vía marítima.
El testigo, a quien las autoridades estadounidenses mencionan como TC1 y quien declaró haber participado en varios cargamentos de drogas, al parecer dijo que cuando se recibía la cocaína, “llegaban soldados guatemaltecos y cargaban la cocaína en una camioneta picop para luego transportarla a una ubicación diferente, seguidos de cerca por otra camioneta picop con soldados que proporcionaban seguridad para el transporte”.
El mismo testigo aseguró que Ortiz López y otros miembros de su familia viajaban con los soldados en camiones de carga o autos blindados cuando se transportaba la cocaína por territorio guatemalteco.
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El hermano de Juan Chamalé, Rony Alexander Ortiz López, presuntamente pagaba entre US$400.000 y US$1 millón en efectivo por las escoltas militares, según la misma declaración.
A la luz de esas denuncias, el Ministerio Público de Guatemala anunció planes de sindicar a los efectivos implicados en la red de narcotráfico, mientras que un portavoz del ejército expresó la voluntad del Ministerio de Defensa de cooperar en cualquier investigación relacionada, como lo informó Prensa Libre.
Las explosivas acusaciones se remontan a la época en que el llamado clan narco de Chamalé controlaba las rutas de tráfico que conectaban el departamento de San Marcos, en la costa Pacífica de Guatemala, con el vecino estado mexicano de Chiapas.
Durante muchos años se consideró al clan uno de los mayores proveedores de cocaína del Cartel de Sinaloa, hasta la captura de Juan Chamalé en 2001 y su posterior extradición a Estados Unidos tres años después.
Análisis de InSight Crime
El supuesto reclutamiento de soldados del ejército por parte de Chamalé es una muestra de cómo influyentes grupos narcotraficantes intentan cooptar las fuerzas de seguridad del Estado para su beneficio personal.
Para los narcotraficantes, infiltrarse en las fuerzas armadas promete diversas ventajas, desde el uso de vehículos blindados como protección, hasta el uso de contactos castrenses para evitar los puestos de control de seguridad.
En Guatemala, el ejército es una poderosa institución política con conexiones históricamente fuertes con agentes aduaneros. En las zonas fronterizas del país, muchas de ellas fundamentales para el tráfico de drogas y donde la presencia estatal suele ser débil, las bandas de narcotraficantes buscan activamente cooptar a los oficiales militares y a la policía para facilitar sus negocios ilícitos.
En San Marcos, que fue el bastión de Chamalé, los sospechosos de haber heredado la empresa narco del clan, conocido como Los Pochos, también han usado “agentes de justicia locales corruptos” como ayuda con actividades ilícitas, según la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense.
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Lo que es cierto es que no es la primera vez que el ejército de Guatemala se ve vinculado al narcotráfico, aunque son contadas las acusaciones formales contra personal castrense.
En 2016, las autoridades guatemaltecas capturaron a un oficial retirado del ejército convertido en narco, quien al parecer usaba sus contactos castrenses para enviar narcóticos de Suramérica a Guatemala, y desde allí a México. Menos de un año después, un coronel activo que presumiblemente hacía parte de la misma red fue también detenido por sospechas de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Se creía que ambos eran unos de los narcotraficantes más poderosos de Guatemala y eran requeridos en extradición por Estados Unidos, pero ninguno enfrentaba cargos formales en el país centroamericano al momento de su captura, lo que puede apuntar a la influencia del ejército dentro de su jurisdicción.
Más recientemente, en abril de 2020, un soldado fue detenido presuntamente por apropiarse un kilo de cocaína luego de un decomiso en el departamento de Petén, norte del país. Y en marzo de 2017, otro mando militar fue arrestado por sospechas de nexos con una narcoavioneta que llevaba 433 kilos de cocaína, la cual fue interceptada en el departamento de Escuintla, costa Pacífica de Guatemala. Con información de InSight Crime.