El 20 de octubre, el Ministerio Público expidió una orden de arresto para José Luis Benito Ruiz, quien fuera ministro de Comunicación, Infraestructura y Vivienda de Morales, entre 2018 y 2020.
El anuncio se dio a conocer pocos días después de que la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI), dependiente del Ministerio Público, incautara 122.351.456 quetzales (cerca de US$15,5 millones) en efectivo que se hallaron en 22 valijas en una residencia de la ciudad colonial de Antigua.
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Según los fiscales, se determinó que Benito Ruiz había alquilado la propiedad con opción de compra solo un mes después de entregar su cartera.
El Ministerio Público señaló en un comunicado que el “anonimato” del dinero en efectivo lo hace “muy atractivo” para las “actividades ilegales y el crimen”, en especial si se tiene en cuenta que este nunca pasó por ninguna entidad financiera.
Benito Ruiz se encuentra fugitivo y las autoridades han solicitado a Interpol la emisión de una boleta roja internacional para su captura.
El exministro no es el único alto funcionario de la administración del expresidente Morales (2016-2020) que enfrenta cargos penales. En agosto de 2020, Acisclo Valladares Urruela, exministro de economía de Morales, fue acusado por las autoridades estadounidenses del presunto blanqueo de casi US$10 millones en “ganancias del narco y otros dineros de procedencia ilícita” que se destinaron para el pago de sobornos a políticos entre 2014 y 2018.
Análisis de InSight Crime
Benito Ruiz fue uno de los confidentes y consejeros más cercanos al presidente Morales, lo que plantea interrogantes de si la investigación podría llegar a tocar a otros del círculo íntimo del exmandatario.
De hecho, cuando Morales pronunció una alocución a comienzos de 2019 meses después de la expulsión del organismo avalado por las Naciones Unidas, conocido como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Benito Ruiz fue uno de los representantes de gobierno parados en primera fila detrás del mandatario, en apoyo a la decisión.
El expresidente se apoyó fuertemente en sus aliados más cercanos en su intento por expulsar a la CICIG, que se había dado a conocer por los procesos abiertos por corrupción contra el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y su vicepresidenta en la época, Roxana Baldetti. Fundada en 2007, la CICIG también procesó un gran número de casos de financiación electoral ilícita y malversación. Pero Morales determinó el fin de la CICIG luego de que sus investigaciones tocaran a su familia y aliados.
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Desde la expulsión de la CICIG, la división de lucha contra la impunidad en Guatemala quedó sola frente a los ataques a su autoridad. Hace una semanas, la fiscal general María Consuelo Porras dio luz verde para avanzar en litigios legales contra el director de la FECI Juan Franciso Sandoval y otros dos fiscales de ese ente acusador especializado.
En un comunicado para los medios, el Ministerio Público recalcó que la medida no era un intento de debilitar la FECI. Pero defensores de la rama judicial y más de 75 organizaciones de la sociedad civil en todo el país afirmaron lo contrario. La FECI también fue retirada de varias investigaciones de alto nivel.
La investigación sobre Benito Ruiz se encuentra aún en una etapa preliminar, pero la voluntad de la FECI de indagar por el dinero incautado indica que la golpeada división aún tiene dientes para emprender investigaciones sobre presuntos actos penales por parte de las élites empresarial y política del país, aun sin la CICIG.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala se ha convertido en una especie de foco de malos manejos en los últimos años. Cinco exministros de diferentes administraciones han sido acusados de corrupción desde el 2000, tres de ellos acusados de manejo indebido de dineros públicos, según Prensa Libre.
Así las cosas, será revelador si el caso de Benito Ruiz sigue adelante o no. CON INFORMACIÓN DE InSight Crime.