El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha negado vehementemente que haya intercambiado favores con las pandillas, pero varios funcionarios gubernamentales y una persona que trabaja directamente con el gobierno dicen que hay un pacto informal entre sectores del gobierno y las pandillas.

Luego de que Bukele insistiera públicamente en que su gobierno no está trabajando con las pandillas, salió un informe de El Faro, publicado el 3 de septiembre. Este se apoya en entrevistas y documentos gubernamentales para demostrar que algunos representantes del gobierno se habían reunido con pandilleros dentro y fuera del sistema penitenciario con el fin de fomentar una mayor confianza e intercambiar favores, entre ellos el acceso del partido político de Bukele, Nuevas Ideas, a áreas dominadas por pandillas, con el objetivo de hacer campaña para las elecciones legislativas y municipales fijadas para febrero de 2021. El Faro se refiere a esas conversaciones como “negociaciones”.

El informe de El Faro surgió pocos meses después de un reportaje del International Crisis Group (ICG) en julio, en el que se afirma que la sustancial disminución de los homicidios en El Salvador podría deberse a lo que el ICG denomina un “frágil entendimiento informal”, que podría incluir un “pacto de no agresión” entre sectores del gobierno y las pandillas. En un detallado análisis de las tasas de homicidio, el ICG señala que, desde que Bukele llegó a la presidencia en junio de 2019, los asesinatos en El Salvador han disminuido hasta en un 60 por ciento.

Un pacto informal

Paralelamente a esas investigaciones, InSight Crime estaba haciendo sus propios informes en los que relataba la manera en que las pandillas habían utilizado su dominio en el Centro Histórico de San Salvador para expandir su poder. Parte de esos informes se centraron en el periodo en el que Bukele fue alcalde de San Salvador (2015-2018). Como alcalde, Bukele buscó revitalizar el centro, para lo cual desplegó equipos de personas para que negociaran con representantes de las pandillas, así como al menos un intermediario que negoció directamente con ellas. Los intentos de revitalización del centro fueron exitosos y ello significó un impulso para la presidencia en las elecciones de febrero de 2019.

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Antes de la publicación de dicho informe, InSight Crime consultó a media docena de policías y agentes de inteligencia policial salvadoreños, así como a un asesor del gobierno en proyectos de desarrollo y seguridad, un asesor de la policía, dos agentes de seguridad antipandillas y un funcionario del gobierno que trabaja en barrios controlados por las pandillas y quien tiene conocimiento directo de las interacciones del gobierno con ellas, con el fin de indagar cómo Bukele —quien asumió el cargo en junio de 2019— estaba negociando con las pandillas, ahora como presidente. Dado que las fuentes mencionadas temen represalias o efectos negativos en su relación con el gobierno actual, hablaron con InSight Crime extraoficialmente.

Todas estas fuentes afirman que existe un pacto informal entre algunos sectores del gobierno y las pandillas. Las fuentes estuvieron reacias a calificar los arreglos como una tregua —como se le denominó a un armisticio previo, que comenzó en 2012, entre las tres principales pandillas del país y que condujo una disminución de los homicidios por un corto periodo, pero que finalmente se disolvió de manera sangrienta—. Pero todos consideran que, en el fondo, esto es un intento de reducir los homicidios; que está dirigido por una agencia gubernamental que mantiene ocultas sus negociaciones con las pandillas; que está supeditado a la mejora de las comunicaciones entre los líderes pandilleros en el sistema penitenciario y los que se encuentran por fuera de las prisiones; y que incluye algunas promesas de permitir la realización de campañas en áreas de influencia de las pandillas.

Ninguno considera que se trate de acciones ilegales, pero les preocupa la falta de transparencia.

“Esto se está gestionando en secreto”, le dijo a InSight Crime un agente de policía que trabajó durante años en la división de inteligencia antipandillas, refiriéndose al pacto informal. “Tiene que haber una decisión por parte de las pandillas para reducir la violencia. Pero detrás de eso, ha habido conversaciones”.

Concretamente, todas las fuentes afirman que el pacto es conducido principalmente por la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, entidad que forma parte del Ministerio del Interior y está encabezada por Carlos Marroquín, quien dirigió una unidad de la alcaldía durante la administración de Bukele, la cual tenía el mismo nombre, y fue interlocutor en conversaciones con pandillas cuando la alcaldía intentaba revitalizar el Centro Histórico en esa época.

Marroquín accedió inicialmente a hablar con InSight Crime, pero más adelante no respondió a los numerosos intentos de hablar sobre el trabajo de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social durante los intentos de revitalización del Centro Histórico. Marroquín conduce la mayor parte de su discurso público a través de Twitter. Su cuenta está llena de imágenes y videos de él y su Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, en los que se ve cómo reparten alimentos, ofrecen cortes de cabello y pintan las paredes de barrios marginales.

“La satisfacción de ver caras felices y agradecidas no tiene precio”, escribe Marroquín sobre una reciente visita a siete áreas en el centro de la ciudad de San Salvador. “Voy a seguir trabajando para traerles #AyudaALaPuertaDeTuCasa”.

Como parte del gobierno nacional, la unidad tiene actualmente una mayor interacción con proyectos culturales, sociales, educativos y de infraestructura. También es responsable de implementar la fase “positiva” del Plan de Control Territorial de Bukele, la estrategia de siete puntos del presidente para luchar contra las pandillas.

“Esta se ha convertido en una manera de mantener a raya la violencia”, dice el funcionario del gobierno que tiene conocimiento directo del programa. “Cuando vieron que estaba funcionando a nivel comunitario, pensaron que podría funcionar a nivel nacional”.

Lo que esto significa en la práctica es que la unidad coordina el trabajo del gobierno en las comunidades controladas por pandillas. Según esta fuente, Marroquín dirige este trabajo, que le da acceso a las pandillas en las comunidades donde operan. Marroquín tiene la experiencia de sus negocios con las pandillas en el Centro Histórico, el respaldo político del gobierno y la confianza de los pandilleros de que con él pueden conseguir programas sociales y económicos que benefician a estas áreas, incluyendo paquetes de ayuda para aliviar la escasez provocada por la pandemia del coronavirus —lo que lo convierte en el funcionario ideal para este trabajo—.

El acuerdo es informal: las pandillas son las primeras en recibir los beneficios del gobierno.

“Es un intercambio”, dice el mismo funcionario del gobierno. “Te dejamos entrar, pero solo si traes algo de valor para nosotros. Las personas que están relacionadas con las pandillas son las primeras en recibir la asistencia”.

Es un patrón que algunos observadores no gubernamentales dijeron que también habían visto.

“Incluso antes de que Bukele asumiera el poder, los equipos del alcalde que Marroquín dirigía trabajaban con las comunidades”, afirma Mario Vega, un pastor evangélico que ha trabajado con pandillas en San Salvador y sus alrededores, y que fue consultado por InSight Crime. “Fue una comunicación indirecta con las pandillas a través de líderes comunitarios y familiares [de los pandilleros]. No se les ofrecía pagarles dinero, pero sí [hubo] un intento de ofrecer apoyo a largo plazo si los homicidios se reducían. Lo que se dijo fue: ‘Si pacifican la zona, el gobierno hará inversiones a largo plazo’”.

Vega agrega que los programas de asistencia financiados por el gobierno durante el coronavirus estaban siendo administrados por las pandillas en los barrios donde ejercían una fuerte influencia.

Jeannette Aguilar, experta en seguridad e investigadora sobre pandillas, dice que también tuvo conocimiento directo del programa de ayudas, que incluía el control de las pandillas sobre los programas de asistencia. Afirma que agentes militares le dijeron que era necesario entregar las provisiones para aliviar los estragos causados por el coronavirus directamente a las pandillas.

“Ese es el trato”, son las palabras que, según Aguilar, les dijo el comandante de la policía al personal militar cuando estos preguntaron por este acuerdo.

La policía y el ejército salvadoreños no han hecho comentarios públicos al respecto.

Comunicaciones en las prisiones

Durante la tregua de pandillas en 2012, los funcionarios trasladaron a los líderes de las tres facciones más grandes de las pandillas —la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios— de la instalación de máxima seguridad del país a otras prisiones. En parte, esto se hizo para que pudieran ver a sus familias y seres queridos más a menudo, pero también para que pudieran restablecer el control sobre sus filas y así hacer cumplir la tregua. Cuando la tregua se disolvió en 2014, los líderes de las pandillas fueron transferidos de nuevo a la prisión de máxima seguridad, y el gobierno cortó las líneas de comunicación.

Sin embargo, todas las fuentes que InSight Crime consultó, incluidas varias que entran y salen de las prisiones con frecuencia y hablan con pandilleros, dijeron que desde que Bukele asumió el poder, la comunicación entre los líderes encarcelados y los que están libres ha sido más fluida. Las fuentes dicen que los funcionarios gubernamentales estaban facilitando esta comunicación llevando y trayendo mensajes de las prisiones o facilitando el contacto directo entre los líderes en las calles y los líderes en las prisiones.

El agente antipandillas habla de interacciones “cara a cara” dentro de las prisiones (afirmación respaldada por los documentos obtenidos por El Faro). Además, otra fuente antipandillas le dijo a InSight Crime que ahora estaban interceptando menos mensajes de las pandillas, lo que según la fuente es un indicio de que hay comunicaciones más directas entre los líderes en las prisiones y los que están libres.

Facilitar este contacto entre los que están en las prisiones y los que están por fuera parece ser una parte esencial del pacto informal. Cuando el gobierno intentó restringir las visitas en las prisiones poco después de que comenzara la pandemia, las pandillas supuestamente reaccionaron con una oleada de violencia que dejó como resultado al menos 76 muertos en un periodo de cinco días a finales de abril.

Según le dijeron las fuentes a InSight Crime, dichos asesinatos fueron una señal. Aunque los homicidios estuvieron inicialmente relacionados con una reacción de Barrio 18 Revolucionarios tras la captura de uno de sus líderes, ocurrieron en zonas predominantemente controladas por la MS13. Esta es la mayor de las tres pandillas más grandes de El Salvador, y el funcionario del gobierno que tiene conocimiento directo del pacto dice que sus negocios eran sobre todo con la MS13. (Los documentos citados por El Faro llegan a una conclusión similar.)

La fuente del gobierno que tiene conocimiento del pacto, el agente antipandillas, el agente de inteligencia de la policía y un asesor de la policía dicen que una de las exigencias de las pandillas era dar marcha atrás a la política del gobierno de mezclar a los pandilleros en las mismas celdas. Las pandillas han sido separadas por facciones en prisiones distintas, lo que les permite mantener el control sobre sus filas y utilizar las prisiones como base para operaciones criminales.

Esta mezcla en las prisiones había comenzado durante la administración anterior, pero el gobierno hizo un espectáculo de este proceso a finales de abril después de la oleada de asesinatos, cuando expuso varias fotos impactantes de pandilleros sentados en cuclillas y en filas en el piso de una prisión, así como una serie de fuertes declaraciones.

“Este día se acabaron las celdas de una misma pandilla”, escribió en un tuit el jefe de prisiones, Osiris Luna. “Hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda en todos los centros penales. ¡El Estado se respeta!”

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Sin embargo, el asesor policial le dijo a InSight Crime que las fotos eran parte de un espectáculo, dado que el pacto ya estaba en marcha.

“Ya habían llegado a un acuerdo”, dijo el asesor, refiriéndose al acuerdo del gobierno de volver a segregar a las pandillas.

Tras el informe de El Faro en septiembre, el gobierno organizó una gira mediática por las prisiones para demostrar que estaba cumpliendo sus promesas de integrar a las pandillas en las mismas celdas. Luego de la publicación de más imágenes y videos, esta vez por medios internacionales, se hicieron otras fuertes declaraciones.

¿Estrategia antipandillas o campaña política?

Según la fuente del gobierno salvadoreño que tiene conocimiento directo de las interacciones, así como la fuente de la lucha antipandillas y las fuentes policiales, parte del quid pro quo es que las pandillas abran espacio para que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, pueda hacer campaña. Lo que esto significa en la práctica es que Nuevas Ideas tendría la exclusividad de hacer campaña en áreas controladas por pandillas en el periodo previo a las elecciones legislativas y municipales en febrero de 2021.

Se cuenta con pocos destalles, especialmente porque las campañas se han visto obstaculizadas debido al coronavirus, pero existen antecedentes de este tipo de arreglos. Las pandillas negociaron un acceso similar con los dos principales partidos políticos del país durante las elecciones presidenciales de 2014. El propio Bukele aparentemente negoció el acceso a ciertos barrios cuando fue candidato a la alcaldía de San Salvador en 2015, y el informe de El Faro del mes de septiembre señala que el presidente sigue intercambiando favores por este tipo de acceso, esta vez a nivel nacional.

Las elecciones de febrero de 2021 son fundamentales para Nuevas Ideas. Su aliado, el partido GANA, tiene pocos escaños en el Congreso. Y la legislatura ha sido un obstáculo para Bukele, quien en febrero de este año entró al Congreso acompañado de soldados para reprender a los legisladores por negarse a liberar fondos para su Plan de Control Territorial.

Dicha aparición solidificó su popularidad entre los salvadoreños que desprecian al Congreso por su corrupción e intransigencia, pero el presidente fue criticado por amenazar al Congreso con una “insurrección” si no acataba su voluntad. La estratagema también le valió una reprimenda de un funcionario del gobierno de Estados Unidos, aunque el embajador de Estados Unidos en El Salvador sigue siendo un firme partidario de Bukele.

En su respuesta en Twitter al informe de El Faro, Bukele no hizo alusión a la acusación de que estaba “negociando” este espacio para que su partido hiciera campaña. Pero la fuente que tiene conocimiento directo del pacto, la fuente de inteligencia policial y el especialista antipandillas dijeron que estos favores políticos son el aspecto más preocupante de las supuestas interacciones entre el equipo de Bukele y las pandillas.

“Están haciendo esto como una estrategia política y no como una política pública”, afirmó el funcionario del gobierno. “El temor es que tengan el poder y no el gobierno —que se oficialice la gobernanza criminal”.

Las fuentes del gobierno y la policía dicen que los recientes cambios en la administración del sistema penitenciario indican que en el interior del gobierno puede haber cierta resistencia hacia el pacto informal entre el gobierno y las pandillas. De hecho, uno de los remplazos de los funcionarios que salieron del sistema penitenciario era integrante de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, la entidad de Marroquín.

Por su parte, después del informe de El Faro, Marroquín dijo que “no hay fotos, ni videos, ni audios. No hay ninguna prueba real”. Y agregó irónicamente en Twitter: “Y también soy Batman y trato de salvar a Ciudad Gótica”.

Sin embargo, la fuente de la policía, la de antipandillas y la gubernamental expresaron su preocupación de que el programa comunitario ayudaría a las pandillas a expandir su ámbito político y criminal.

“En lugar de ser la solución”, dijo el agente antipandillas, “esto se convierte en el problema”.

Además, las fuentes dicen que la falta de transparencia hace que todo el proceso sea peligroso, y el aumento del capital político de las pandillas las convierte en un enemigo cada vez mayor. Si las pandillas pueden aprovechar los homicidios en su beneficio, dicen las fuentes, no hay nada que pueda descartarse.

*Foto: Viceministro de Justicia y Director General de Centros Penales de El Salvador. Con información  de InSight Crime.