El anteproyecto de la nueva ley fue aprobado en 2019 tras cuatro años de discusión en el Congreso, pero su vigencia había estado ensuspenso luego de que organizaciones civiles y la oposición política lo objetaran.

Finalmente, tras vencerse la última extensión para su vigencia —figura legal conocida como vacatio legis—, el nuevo código penal se convirtió en ley de la república en medio de protestas de la oposición al gobierno de Juan Orlando Hernández, cuyo Partido Nacional controla el Congreso y el Órgano Judicial.

Los críticos a la nueva ley la señalan de ser una herramienta del sistema político hondureño para favorecer a criminales al rebajar penas de cárcel y el periodo de prescripción de delitos contra la administración pública, de malversación de caudales públicos y otros relacionados con corrupción.

Para el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una de las organizaciones que más ha estudiando el nuevo código, es claro que algunos congresistas implicados en casos de malversación y saqueo de fondos públicos manipularon el proceso de discusión en el Congreso para protegerse de futuras investigaciones.

“Hay artículos que se aprobaron en sesiones legislativas sin contar con al menos 65 diputados, como le exige la ley. Y en la aprobación de la ley participaron diputados que se encontraban en procesos de investigación y en procesos que ya son causas judicializadas”, dijo Odir Fernández, jefe de investigación y análisis del CNA, a InSight Crime.

Una de las instituciones que con más fuerza criticó el nuevo código fue la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que en un exhaustivo estudio jurídico enviado al presidente del Congreso en agosto pasado hace 17 observaciones específicas de cambios que, de no subsanarse, “afectarían las acciones de investigación y enjuiciamiento penal frente a delitos vinculados con la corrupción en el país”.

En el caso del narcotráfico, una de las principales economías criminales en Honduras, la MACCIH objetó que el nuevo código simplifica los tipos de pena e impone sanciones de cárcel con base en la droga traficada sin considerar el papel que los acusados juegan en las organizaciones criminales.

El nuevo código también despenaliza la difamación, lo cual fue considerado por MACCIH como un aspecto positivo, ya que las élites habían utilizado esa figura para acallar a críticos y periodistas.

En una movida política de última hora, y ante crecientes protestas por el nuevo código, Ebal Díaz, secretario de la presidencia y brazo derecho de Hernández, aseguró que su partido buscará derogar la nueva normativa. Mientras eso no ocurra el código penal está vigente.

Análisis de InSight Crime

La vigencia del nuevo código penal es una reforma más de varias que el estado hondureño ha hecho en los últimos meses y que han dificultado investigaciones y procesos judiciales contra redes de narcotráfico y corrupción estatal.

Ya en marzo de este año se hizo efectiva una reforma a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que impide que el Ministerio Público inicie investigaciones penales en casos de corrupción sin que antes se agote el proceso sancionatorio del TSC, institución que no es independiente del Ejecutivo.

Otra reforma reciente, esta al Código Procesal Penal, impide al Ministerio Público hacer allanamientos sorpresivos a sospechosos. Esto, dice Joaquín Mejía, analista hondureño que ha estudiado estas reformas legales, facilitaría a los investigados la destrucción de evidencia.

Mejía cree que estas reformas están destinadas a debilitar la investigación criminal.

“Tiene que ver con toda una estrategia, con un proceso sistemático que desde el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo han venido desarrollando para debilitar a las instituciones, ya debilitadas, que persiguen el crimen, la corrupción sobre todo, y el narcotráfico”, dijo en conversación con InSight Crime.

En septiembre pasado, un fiscal que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por seguridad, dijo que, una vez aprobado, el nuevo código penal podría poner una lápida a las investigaciones de alto impacto en casos de corrupción, como los llamados Pandora y Arca Abierta.

Para Fernández, del CNA, la aprobación del nuevo código penal no es otra cosa que la facilitación de un instrumento que sirve a la criminalidad: “La intención de muchos congresistas ha sido legislar para blindarse y evitar que la justicia llegue a ellos, por haber cometido diferentes hechos delictivos ya sea de corrupción o narcotráfico”.

La polémica en torno al nuevo código penal es una más entre muchas que plagan a la administración de justicia y combate al crimen organizado, un país cuyo presidente ha sido señalado de ser copartícipe en una empresa internacional de narcotráfico. Con información de InSight Crime.