Como parte del Plan Estratégico Quinquenal 2018-2023, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Doctora María Consuelo Porras Argueta impulsa acciones orientadas al fortalecimiento institucional, enfocadas en la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual se traduce en confiablidad.
Este día, Jefes de Unidades de Información Pública del Sector Justicia participaron en una reunión de trabajo con el fin de compartir experiencias, establecer líneas de acción y ejes de cooperación que fortalezcan el trabajo y la coordinación interinstitucional, en aras de promover un sistema de justicia transparente y cuentadante.
Aunado a estas reuniones destaca la reciente firma del Convenio de Buena Gobernanza, el cual tiene por objeto la instauración de mecanismos de cooperación, coordinación y asistencia interinstitucional que incidan en el fortalecimiento de las capacidades, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad del gasto público, cultura de probidad, transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción e impunidad, para propiciar el buen gobierno.
Por medio del Convenio de Buena Gobernanza, el Ministerio Público, Organismo Judicial, Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria y Asociación Nacional de Municipalidades Interconectarán bases de datos en un sistema unificado y trimestralmente presentarán rendiciones de cuentas del gasto público, esto permitirá identificar casos de corrupción de forma temprana, promoviendo la transparencia y la buena gobernanza.
El convenio también está enfocado en el desarrollo de malla curricular para la capacitación a las autoridades recién electas y funcionarios de nuevo ingreso y con ello propiciar la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.
También se reorganizó la Unidad de Información Pública, mediante el Acuerdo 128-2018. El resultado de esta reorganización ha sido evidente, ya que existe un aumento de solicitudes de información, lo cual denota que la población está ejerciendo de manera efectiva el derecho de acceso a la información pública.
En 2018 se reportaron 2830 solicitudes ingresadas a la Unidad de Información Pública, mientras que tras la reorganización, de enero a septiembre de 2019, se reportan 3659; de las cuales se dio respuesta al 100 por ciento de solicitudes.